El término “dog whistle” o “silbato para perros” está en boga en el mundo de la comunicación política. Se refiere a unos pitos que emiten un sonido en una frecuencia inaudible para el ser humano pero que alerta a los canes. Es en realidad una metáfora para una práctica que utilizan los representantes públicos, que consiste en hablar de determinados temas o pronunciar ciertos términos para aludir a cuestiones que sus fieles identifican rápido pero que pasan desapercibidas para el resto. Por ejemplo, un político puede hablar de “barrio degradado” para referirse a uno con mucha inmigración o proclamarse “a favor de la familia” para mostrar distancia con el colectivo LGTBI.
Junts lleva meses soplando fuerte en el silbato silencioso de la inmigración. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, reivindica en cada una de sus apariciones el derecho de Catalunya a tener las competencias en extranjería, una medida que este miércoles acabaron pactando con el PSOE a cambio de que los independentistas levantaran el veto a los decretos anticrisis. El discurso de la portavoz es cuidadoso para evitar cualquier referencia polémica y para alejarse lo máximo posible de los clásicos de la extrema derecha, que sí pueden escucharse en el hemiciclo, por ejemplo cuando habla Vox.
Pero es evidente que la intención de Junts es enviar un mensaje muy claro a su electorado: la inmigración nos importa, estamos encima del tema y, si fuese por nosotros, las cosas serían diferentes. Si estás en la misma frecuencia que quien sopla el silbato, puedes entender más cosas de las que se dicen.
La razón de esta preocupación tiene nombre y apellidos: Silvia Orriols. La alcaldesa de Ripoll representa a una formación independentista xenófoba que hoy es residual pero que, como otras opciones racistas tanto catalanistas como españolistas, ganó terreno en las últimas municipales y aún aspira a avanzar más en las próximas autonómicas.
Lo que ocurre en la derecha catalana es lo que ya ha ocurrido en la mayor parte de las derechas europeas. En Europa, el electorado conservador desencantado por las opciones tradicionales ha acabado desgajándose y buscando ofertas más duras en la extrema derecha. El caso paradigmático es Vox, que en el Parlament entró en 2021 pasando por delante del PP y Ciudadanos.
Al otro lado del espectro nacional, donde además hay que sumar el aturdimiento por el fracaso no reconocido del procés, el campo está igualmente abonado para el populismo. Y Junts no quiere que nadie pueda acusarles de no tener nada que decir sobre la inmigración o de ser en Catalunya la “derechita cobarde”, según la frase con la que Vox solía buscar las cosquillas al PP. La “dreteta covarda” en el caso de Junts.
Pero también trata de taponar las fugas que podría producir el corrimiento de todos los partidos en Catalunya hacia posiciones más conservadoras que las que tenían en pleno procés. Salvador Illa y los alcaldes del PSC exhiben mano dura en seguridad, el Govern presume de tener “más Mossos que nunca”, el PP sigue teniendo en Xavier García Albiol un valor seguro y hasta los comuns votaron en junio pasado para castigar más severamente a los delincuentes reincidentes.
En diciembre, un grupo de alcaldes de Junts de la comarca del Maresme, liderados por el edil de Calella, Marc Buch, protagonizó una polémica tras reclamar la expulsión de supuestos “delincuentes reincidentes” que acumulaban más de 216 detenciones. Pese a que la andanada mezclaba inmigración, delincuencia e integración, el partido acabó dando apoyo a los alcaldes. “Es lo que diría cualquier alcalde con este problema”, aseguró entonces Jordi Turull.
Junts ha conseguido ahora un papel en el que PSOE se compromete a redactar una ley orgánica a través de la que delegará a la Generalitat competencias en inmigración. Eso es un enunciado que debe desplegarse y que, según como se negocie, puede dar un resultado legislativo o el opuesto. Es difícil saber qué puede salir de una ley sobre la que solo hay decidida una línea.
De hecho, hay dudas razonables sobre qué podría decidir Catalunya en realidad si se le traspasasen competencias en inmigración. Que, para empezar, ejercería la Generalitat, de la que Junts no forma parte desde octubre de 2022. Pero además, en algunas cuestiones como las expulsiones tienen la última palabra los jueces y, de forma general, hay una gruesa legislación que afecta a esta carpeta que Catalunya debería seguir cumpliendo si la nueva norma orgánica no dice lo contrario, como es la ley de Extranjería. Una cosa es que en las carreteras catalanas sean los Mossos quienes ponen las multas y otra que la Generalitat decida la velocidad máxima.
Ni siquiera está tan claro qué querría hacer Junts con las competencias de inmigración, en el caso de tenerlas. La formación ha pasado de manifestarse a favor del cierre de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), en plena campaña electoral de 2021, a reclamar la expulsión del extranjeros que han cometido hurtos leves. Este jueves Jordi Turull también ha asegurado que quiere que Catalunya decida sobre los “flujos de inmigración” o imponer la obligación de hablar catalán para obtener los papeles igual que se impone el castellano.
La cuestión es si realmente este discurso, vacío por el momento de medidas reales pero que coloca el tema de la inmigración en la primera línea política, aplaca a partidos como el de Orriols, Vox y otros ultras, o más bien les da alas. Si 'dog whistle' es un término que vive ahora su auge, hace unos años lo fue la teoría política de los 'marcos', con la que aprendimos que quien tiene la capacidad de decidir sobre de qué se habla tiene media partida ganada.