Junts ha reaccionado este martes al documento de 25 páginas cerrado entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa y que será sometido a las bases republicanas el próximo viernes. En un comunicado, la formación hace una valoración absolutamente negativa de los acuerdos alcanzados tanto en materia fiscal y financiera, como por lo que respecta a la lengua catalana y también a la resolución del conflicto político.
“El preacuerdo asume en la práctica el marco político que el PSC ha intentado fijar desde el inicio del proceso de independencia, según el cual lo que existe es un conflicto entre catalanes y que es necesario resolver a partir de una mesa catalana”, asegura Junts sobre la llamada “convención de partidos”.
En términos similares, consideran que la presión que deben ejercer como independentistas es en el Congreso y como grupos parlamentarios y no esperar que la Generalitat defienda los acuerdos. “De una negociación bilateral con el Estado aprovechando la fuerza decisiva [de los partidos independentistas] en Madrid, se pasaría ahora a una negociación entre un gobierno español presidido por el PSOE y un Govern presidido por el PSC”, afirman.
La formación que lidera Carles Puigdemont es inclemente respecto a Illa, a quien acusa de ser “favorable a la represión al independentismo” además del candidato socialista “menos comprometido con la lengua” y que “no ha expresado nunca interés ni voluntad en acabar con el insostenible maltrato económico y nacional por parte del Estado”.
Tras estas descalificaciones, en Junts advierten a ERC de que, una vez investido, los actuales números del independentismo en el Parlament no permitirían hacer una moción de censura, por lo que carecerían de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los pactos. “Sin capacidad de moción de censura”, el PSC dispondrá “de cuatro años para desnacionalizar Catalunya”, rematan.
Junts arremete de una forma similar contra el acuerdo económico, que supone un concierto económico para Catalunya similar al modelo vasco y navarro. “Que la Agència Tributària pueda recaudar y liquidar todos los impuestos pero el Govern no tenga el poder sobre el dinero recaudado no es soberanía”, aseguran, ante lo que añaden: “El preacuerdo no propone medidas inmediatas” y, por contra, “augura futuras reformas legislativas inciertas, sin consenso”.