La ley de amnistía no será aprobada este martes en el Congreso tras el desencuentro de Junts y el PSOE sobre cómo incluir los delitos de terrorismo tras los últimos autos de la Audiencia Nacional. La ejecutiva del partido de Carles Puigdemont ha decidido no apoyar el redactado de la ley que salió con su voto de la Comisión de Justicia, y el Gobierno se niega a incluir las enmiendas con las que Junts intenta sortear las acusaciones de los magistrados.
[[ACTUALIZACIÓN | Junts vota contra la ley de amnistía y fuerza una última negociación en el Congreso]]
La norma, ampliamente reclamada por el independentismo, se someterá este martes a una votación clave en el Congreso donde podría quedar aprobada en la Cámara y solo a la espera del trámite en el Senado. Sin embargo, el texto que ha llegado al pleno no convence a Junts, que reclama que el PSOE tenga en cuenta sus enmiendas, encaminadas a incluir en la ley cualquier delito, incluso los calificados como terrorismo o traición.
Según han explicado fuentes de la formación, el análisis que hacen del texto que se votará este mismo martes en el Congreso es que la ley en este momento no da suficientes garantías de amnistía para todos los implicados en el procés, por lo cual deben incorporarse sus enmiendas o, de lo contrario, volver a negociar el texto completo. A su juicio, las diferentes acciones judiciales de los últimos días muestran cómo la ley tiene grietas que permitirían a ciertos jueces no aplicar la amnistía, algo que creen que queda descartado con sus enmiendas.
Desde Junts destacan que su idea es apurar la negociación pero también afirman que en esta ocasión ven muy poco margen de acuerdo con el PSOE, que considera que ya llegó a un acuerdo final la semana pasada, cuando introdujo cambios en la ley pactados con ERC y Junts.
Por su parte, fuentes del Gobierno ha descartado ya durante el debate parlamentario que se vayan a aceptar las enmiendas que Junts mantuvo “vivas” pese a ser rechazadas en la Comisión de Justicia. Desde el Ejecutivo sostiene que asumir dichas modificaciones supondría que el Tribunal Constitucional tumbaría la norma.
Vuelta a la comisión
La ley volverá así a la Comisión de Justicia, donde se abrirá un plazo improrrogable de un mes para volver a negociar y votar una nueva ponencia que después será sometido por segunda vez al Pleno del Congreso.
“Junts siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todo el mundo y debe ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos sobre todo vista la deriva de varios estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera”, recoge el texto aprobado por la dirección del partido.
Ante esa situación, el grupo capitaneado por Míriam Nogueras tiene la intención de seguir negociando, con la defensa de las dos enmiendas que aún mantienen vivas. Pero, si el PSOE opta por no aceptarla, el grupo tiene el mandato de no votar favorablemente a la ley, lo que supondría que el texto regresaría a la comisión de Justicia donde volvería a tener un trámite de cerca de un mes.
Hay que tener en cuenta que un texto legal solo puede ser devuelto de pleno a la comisión una vez, es decir, la próxima vez que llegue a la votación final, decaería si no tiene mayoría absoluta para aprobarse.
El Gobierno de coalición ha evitado este martes valorar públicamente el anuncio realizado por Junts. Preguntada por ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se ha limitado a remarcar el “firme compromiso del Gobierno con la ley de amnistía”.
“Estamos convencidos de que es una ley que garantiza la convivencia en Catalunya y la convivencia de Catalunya en España”, ha insistido. En su opinión, “lo importante es que se garantice la seguridad jurídica y la constitucionalidad”, algo que a su juicio sí cumple el texto que se aprobó en la Comisión de Justicia. No obstante, Alegría ha insistido en que la norma “está en trámite parlamentario”, por lo que ha expresado su “máximo respeto” al trabajo de los grupos parlamentarios. En todo caso, ha recalcado que desde el Gobierno “siempre” han defendido la “legalidad” y de la nueva ley.