Puigdemont pide al Supremo la retirada “inmediata” de su orden de prisión mientras Junts enfría su regreso

La política catalana vive entre los partidos y los juzgados. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamado este miércoles al Tribunal Supremo la retirada “inmediata” de su orden de prisión, que supondría su pasaporte para regresar a España tras siete años sin riesgo de ser arrestado.

Pocos minutos antes de que el expresident registrara su escrito ante el Alto Tribunal para reclamar que le aplique de inmediato la ley de amnistía, su partido, Junts, enfriaba un retorno inminente de Puigdemont tras prometer durante la campaña que estaría en Catalunya en el pleno de investidura.

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, y su portavoz, Mònica Sales, se han reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, que este miércoles cerrará la ronda de consultas con los partidos y comunicará que no hay un candidato con una mayoría viable para ser investido president de la Generalitat.

Este miércoles también finaliza el plazo que el juez del Tribunal Pablo Llarena dio a las partes del caso del procés para que informaran sobre la aplicación de la ley de amnistía. Controlado el incendio de la Fiscalía, que al igual que Puigdemont ha pedido amnistiar todo el caso y retirar las órdenes de prisión, solo Vox, previsiblemente, reclamará que el expresident siga procesado por malversación y con una orden de arresto en vigor si pisa España. El juez Llarena podrá, a partir de este jueves, tomar la decisión definitiva, aunque tiene de plazo hasta el 11 de agosto.

En su escrito, la defensa de Puigemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, manifiesta que la malversación por la que permanece imputado el expresident en el Supremo debe quedar amnistiada. La defensa incluso se anticipa a la vía que el juez Llarena podría tomar para excluir a Puigdemont de la amnistía y resalta que en la malversación del procés no hubo enriquecimiento personal, la barrera que la ley marca para excluir un caso del olvido penal del procés.

“Únicamente el propósito de enriquecimiento —y no el más amplio ánimo de lucro— puede dar lugar a la exclusión de la aplicación de la amnistía”, insiste la defensa. Considera la defensa que vincular enriquecimiento personal con ánimo de lucro, como hicieron los cuatro fiscales del Supremo, supone una interpretación “arbitraria, ilógica, absurda e irracional” de la norma, y recuerda además que la propia sentencia del procés descartó el enriquecimiento de los exconsellers condenados.

Aunque el magistrado quisiera elevar dudas sobre la constitucionalidad de la norma, ahonda la defensa del president, retirar la medida cautelar de detención e ingreso en prisión es “inevitable” conforme al redactado de la ley. “Debe primar el derecho a la libertad personal”, agrega el escrito.

Según la defensa, restringir la libertad personal de Puigdemont con la amnistía en vigor vulneraría los principios de “proporcionalidad y necesidad” e iría en contra de los criterios del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de la propia ley de amnistía.

El 25, cuenta atrás

La concreción de la amnistía se ha cruzado con el inicio de la legislatura catalana. La negativa de Salvador Illa y de Carles Puigdemont a someterse a un debate de investidura y salir derrotados (tal y como ocurrió la pasada legislatura con Pere Aragonès antes de ser investido) llevará a Rull a convocar para el próximo 25 de junio un pleno breve, sin candidato ni discurso, que solo sirva para activar la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral.

El pleno del próximo martes será lo que, en terminología parlamentaria, se denomina un “acto equivalente” a un debate de investidura fallido. Esta equivalencia a nivel jurídico no tiene los mismos efectos a nivel político, según Junts, a la hora de valorar el retorno de Puigdemont, pendiente de si el Tribunal Supremo le aplica la amnistía.

“Su compromiso es volver en un pleno de investidura”, ha manifestado Batet, a preguntas de la prensa, sobre las intenciones de retorno del expresident. Batet ha insistido en que Puigdemont quiere ir a la investidura “pero no ahora”, porque, ha dicho, requiere de “tiempo” para recabar apoyos. Un mensaje similar al que lanzó el otro aspirante, el socialista Salvador Illa, que, a diferencia de Puigdemont, si tiene una mayoría viable pero afronta una compleja negociación con ERC que la crisis interna de los republicanos todavía complica más.

Puigdemont prometió durante la campaña electoral regresar para la investidura aunque él no fuera el candidato. Incluso afirmó que acudiría a la primera sesión de investidura en el Parlament aunque no se hubieran levantado las medidas cautelares que implicarían su detención.

A falta de una semana para la primera sesión de investidura y de que el Supremo decida si levanta o no la orden de prisión contra el expresident, Batet ha enfriado este miércoles un retorno inminente de Puigdemont y lo ha postergado para cuando tenga una mayoría capaz de investirle (pese a la pérdida de la mayoría independentista).

Si el 25 de agosto ningún aspirante logra la mayoría para ser president, Catalunya repetirá elecciones en octubre. La vuelta a las urnas es el único escenario viable de Junts para que Puigdemont tenga opciones de ser investido, toda vez que el independentismo no dispone de mayoría absoluta y el PSC rechaza abstenerse para que el expresident vuelva a la Generalitat, tal y como ha vuelto a recordar este miércoles Salvador Illa.

“No quiero ni hacer perder el tiempo ni meter prisa”, ha dicho Illa tras reunirse con Rull para justificar su negativa a acudir a un debate de investidura fallido, consciente de que necesitará tiempo para convencer a ERC de que le apoye debido a la fractura interna que viven los republicanos.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, se ha vuelto a mostrar muy crítica con Puigdemont e Illa por no querer presentarse a un debate de investidura fallido. “Es inaudito, irresponsable y una falta de respeto que nadie haga el paso y presente ante el Parlament sus proyectos para el país”, ha criticado, para a renglón seguido apostillar: “Ganar tiempo para negociar no quiere decir esconderse”.