Junts utiliza el regreso de Carles Puigdemont como último recurso contra la investidura de Salvador Illa

Salvador Illa ha superado todos los escollos que le separaban de la presidencia de la Generalitat y, tras oficializar el pacto con ERC y Comuns y sumar una mayoría absoluta a su favor, lo único que le falta para su investidura es materializarla en un pleno. Pero Junts está decidido a no ponerle las cosas tan fáciles e, incluso, a utilizar el probable retorno de Carles Puigdemont como el último recurso para tratar de aplazar, o incluso impedir, el debate parlamentario. Y, si eso no fuera posible, el objetivo es cobrar a ERC la factura más alta por su apoyo a Illa, incluso acusándoles de ser responsables de su detención.

“¿Qué hará Illa si Puigdemont es detenido en su debate de investidura?”, se preguntaba este lunes Laura Borràs ante los micrófonos de Catalunya Ràdio. Una pregunta que en su partido quieren convertir en leitmotiv de esta semana en la que el Parlament se prepara para la investidura de Salvador Illa.

En Junts creen que el regreso de Puigdemont y su probable detención e incluso encarcelación podría obstaculizar la investidura de Illa, bien por razones de índole logística, como que el Parlament optase por suspender el pleno, o bien por cuestión políticas, esto es, que ERC se eche atrás o que el PSOE y PSC entiendan que la legislatura en el Congreso puede peligrar.

Puigdemont ha prometido en reiteradas ocasiones volver a Catalunya si se celebra un debate de investidura, la última vez el sábado pasado, en una dura carta en la que responsabilizaba a las bases de ERC de su posible detención. La respuesta de los republicanos ha sido furibunda este lunes, tachando las palabras de Puigdemont de “vergonzosas y ofensivas”, acusándolo de “atizar el odio y la división dentro del independentismo” y reclamándole una disculpa por no respetar la decisión de los afiliados de Esquerra.

Pero la voluntad de Puigdemont de proponerse como escudo humano para evitar la investidura de Illa parece inamovible. Sus planes, en lo concreto, se mantienen secretos, pero su partido no esconde que la intención del expresident es volver ya a Catalunya, es decir, cuando aún no ha sido amnistiado. Y el escenario esperable es que le detengan, cosa que según el relato de Junts demostraría que los jueces no obedecen al Congreso y, por lo tanto, que están cometiendo una suerte de golpe de estado judicial.

Las opciones ante una detención

El calendario parlamentario, tal y como está planteado sin tener en cuenta el factor Puigdemont, comienza este mismo martes con la ronda de consultas del president del Parlament, Josep Rull, y los grupos políticos. Para mediodía está previsto que Rull comparezca para anunciar que propone a Salvador Illa como candidato a la presidencia y, también, la fecha en la que reunirá a la diputación permanente. Fuentes de la oficina del presidente aseguran que un día después, es decir, el miércoles, es la fecha más lógica.

La diputación permanente entra en juego ya que es el órgano supremo de la Cámara en los periodos entre sesiones, como el actual. En este Parlament en miniatura PSC, ERC y Comuns tienen la misma mayoría que en el pleno, razón por la que podrán fijar cuando deseen el debate de investidura. Los partidarios de la investidura de Illa no tienen, de entrada, ninguna razón para querer dilatar ese primer debate, por lo que podrían convocarlo para el mismo jueves, aunque también podrían acabar optando por esperar.

En cualquiera de los dos escenarios, el temor de estas fuerzas parlamentarias es que Puigdemont pueda acompasar su detención con la fecha del primer pleno. La mayoría parlamentaria podría reclamar una suspensión del debate, como también podría hacerlo una mayoría de la mesa (PSC, ERC y Comuns tienen mayoría). El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha confirmado la intención del partido de pedir la suspensión en una entrevista en TV3 esta mañana, al entender que los “derechos políticos” del expresident “se verán anulados” como diputado si se le detiene. Pero hay dudas jurídicas de si puede decidirlo el presidente de forma discrecional. Y, sobre todo, durante cuánto tiempo puede mantener el pleno suspendido en una situación así. Más aún cuando Puigdemont podría delegar el voto, según la última reforma del Parlament.

El reglamento de la Cámara estipula, eso sí, que una vez interviene el candidato a la presidencia para defender su investidura, el presidente del Parlament puede decidir suspender el pleno por no más tiempo de 24 horas. Igualmente previsto está que si no hubiera mayoría en una primera votación, volvería a celebrarse una segunda en 48 horas, donde al candidato ya solo le haría falta la mayoría simple. Ambas cosas entrarían dentro de la normalidad parlamentaria pero una eventual detención de Puigdemont podría trastocar estos planes.

Denunciar el incumplimiento de la amnistía

Carles Puigdemont podría continuar evitando su detención tal y como lo ha hecho en los últimos siete años si optase por no entrar en España. Al optar por presentarse ahora en el Parlament, no está esperando a agotar los cauces judiciales para que se cumpla la ley de amnistía que él mismo redactó. Pese a que la norma declara amnistiables los delitos de malversación, el Supremo entiende que no es así en su caso, por lo que ahora caben recursos y, en último término, el pronunciamiento del Constitucional e incluso de los tribunales europeos.

Todos los participantes en la aprobación de aquella ley eran conscientes de que, por mucho que se esmerasen en la redacción, la judicatura tendría vías para dilatar la aplicación de la amnistía. Es justo eso lo que está ocurriendo en el caso de Puigdemont y de todos los procesados y condenados en la causa del procés.

Con todo, la voluntad de Puigdemont es, según dice, denunciar el incumplimiento de la ley de amnistía. “En España las amnistías no amnistían”, escribió el pasado sábado, “hay jueces dispuestos a desobedecer la ley” y “el Gobierno español lo mira con indolencia, haciendo más aspavientos cuando un juez imputa a la mujer del presidente que cuando el Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado esta legislatura”.

La denuncia sobre el incumplimiento de la amnistía no es por tanto un mensaje solo de cara a la política catalana, sino que también puede leerse como una advertencia en dirección a la Moncloa. Perdida la Generalitat en manos del PSC y una vez la ley de amnistía ya ha sido aprobada, Puigdemont y los suyos podrían revolverse contra el Gobierno al que hasta ahora han apoyado, lo que pondría en riesgo la legislatura.