Junts mantiene su rechazo al decreto anticrisis del Gobierno que debe votarse la semana que viene en el Congreso y cuya viabilidad depende de los votos de la formación de Carles Puigdemont. La votación volverá a mostrar la influencia clave del partido del expresident en el avance de la legislatura.
Así se lo trasladó este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en una reunión en Barcelona adelantada por La Vanguardia y confirmada por la Agència Catalana de Notícies (ACN).
La próxima semana el Congreso votará la convalidación de tres reales decretos del Gobierno: el denominado decreto 'ómnibus', otro del Ministerio de Trabajo y el de medidas anticrisis.
El decreto de medidas anticrisis mantiene hasta junio la rebaja del IVA del 4% al 0% a alimentos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para el aceite y las pastas.
La norma también afecta a los precios de la energía. El IVA de la luz se elevará al 10%, y ahí se quedará durante todo 2024. El IVA del gas pasará del 5% al 10% en el primer trimestre, y después regresará al 21%.
Además, el decreto mantiene los descuentos en el transporte público. Los usuarios habituales de trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia tendrán que solicitar sus abonos gratuitos, al igual que sucede con los títulos multiviaje de las líneas de autobuses de titularidad estatal.
Fuentes de Junts han explicado el voto en contra de los decretos del Gobierno porque, a su juicio, “ponen en peligro” la aplicación de la ley de amnistía. También han considerado que las nuevas normas afectan a competencias de la Generalitat y “agravan la infrafinanciación”.
Desde el partido han lamentado además que el Gobierno ha enseñado los reales decretos sin margen de poder estudiarlos suficientemente bien. Junts tampoco ve con buenos ojos su tramitación como proyecto de ley, que considera “una trampa”.
“No nos fiamos”, avisan las fuentes consultadas de Junts, que señalan una alternativa al PSOE: “Se puede retirar el decreto y hacer otro al cabo de cinco minutos sin estas cosas”.
En Junts ponen el foco en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) incluida en el decreto, por la que las causas judiciales quedarían en suspenso cuando un magistrado planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como ocurre hasta ahora en la práctica. Según el partido de Puigdemont, la suspensión obstaculizaría la aplicación de la ley de amnistía una vez aprobada.