Novedad relevante en el caso Palau. La Audiencia de Barcelona ha decidido estudiar la petición del Palau de la Música para que Junts per Catalunya y el PDeCAT, como herederos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) devuelvan las comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros que Ferrovial pagó al partido nacionalista cobró a través del auditorio.
En un auto, la sección 10a de la Audiencia de Barcelona estima la solicitud de la fundación privada Orfeó Català–Palau de la Música, a la que ni la Generalitat, que representa al consorcio de administraciones públicas del Palau, ni la Fiscalía se han opuesto, para estudiar si procede declarar a Junts y al PDeCAT entidades sucesoras de Convergència, y por lo tanto obligar a ambos partidos a devolver el dinero de las comisiones ilegales.
Hasta ahora el tribunal del caso Palau se había resistido a dar este paso. El pasado verano la Fiscalía ya pidió que el PDeCAT asumiera la devolución del dinero que Convergència, en concurso de acreedores tras su disolución como partido a causa de la corrupción, no pudiera afrontar. Los jueces entonces frenaron las intenciones de la Fiscalía al considerar que solo se podría reclamar al PDeCAT los 6,6 millones de comisiones ilegales una vez se constatara que Convergència por sí sola no podía reintegrar el dinero.
Pasados diez meses, argumenta el tribunal, ya se ha comprobado que Convergència no podrá devolver por ella misma los 6,6 millones. En primer lugar porque las sedes embargadas a Convergència tienen un valor de 3,6 millones –tres millones menos que el valor del expolio. “La subasta de los bienes inmuebles embargados en ningún caso cubriría la cantidad objeto de condena”, constata el tribunal en un auto del que ha sido ponente la magistrada Montserrat Comas d'Argemir.
Y además esos 3,6 millones podían no acabar en las arcas del Palau y de Hacienda, ya que existe un conflicto entre el tribunal de la Audiencia de Barcelona y la jueza de lo Mercantil que tramitó el concurso de acreedores del partido, quien mantiene que el dinero debe ir a los bancos y demás acreedores de la formación. Si el Tribunal Supremo termina resolviendo a favor del juzgado de lo Mercantil, la Audiencia de Barcelona advierte de que esos 3,6 millones ya no servirían para resarcir a los perjudicados del caso Palau.
El Palau había pedido reclamar ya el dinero a Junts y al PDeCAT, pero los jueces consideran insuficientes los documentos aportados por el auditorio para declarar la sucesión de los dos partidos respecto a Convergència. El tribunal, antes de tomar la decisión definitiva, permite personarse en la causa al PDeCAT y a Junts per Catalunya para que un plazo de quince días, aleguen lo que consideren pertinente.
De tener que afrontar la devolución millonaria de las comisiones de Convergència, el PDeCAT y Junts verían agravarse su situación económica. Cabe recordar que el PDeCAT será juzgado en el caso del 3% en la Audiencia Nacional y ha visto mermados sus ingresos tras su fracaso en las últimas elecciones al Parlament, donde no obtuvo representación.