Se podría haber archivado el caso sin más. Se concluye que los hechos no son constitutivos de delito alguno, y al cajón del juzgado. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras, debido a su discrepancia ideológica con las políticas de vivienda que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Ada Colau.
De la quincena de querellas archivadas a Colau o miembros de su equipo, es la primera vez que una jueza reprende a los rivales de los comuns el uso de la vía penal. En palabras de la magistrada Carmen García, Vauras se querelló contra la exalcaldesa, dos concejales y una funcionaria para “fines ajenos a los del procedimiento penal”.
La jueza afea al fondo que denunciara a Colau solo para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados: unas supuestas coacciones –que nunca existieron– para denegar permisos de obras a Vauras si no daba alquileres sociales a familias que ocupaban uno de sus inmuebles.
El fondo, continúa la togada, se querelló contra la exalcaldesa “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns en el consistorio y que le causaron perjuicios económicos.
“La legítima discrepancia con las políticas de vivienda de un gobernante, el ideario del partido que le sostiene y los perjuicios económicos sufridos no justifican la implicación de políticos en un proceso penal”, zanja la magistrada García, una de las juezas de instrucción de Barcelona más respetadas y valoradas por parte de fiscales y abogados de toda tendencia ideológica.
La resolución judicial llega en pleno debate en España sobre el 'lawfare', un concepto ambiguo pero que se puede resumir como el uso de la vía penal basado en en intereses espurios y no en el imperio de la ley para perjudicar a rivales políticos. La cúpula del Poder Judicial ha arremetido contra un acuerdo político entre PSOE y Junts que contenía el término 'lawfare', pero no se ha manifestado sobre el caso de Colau o el cierre de la investigación contra las finanzas de Podemos.
Objetivo: que Colau pasara por el juzgado
Pese a que la jueza ya rechazó en 2020 investigar la denuncia de Vauras, la Audiencia de Barcelona le obligó a reabrir el caso y a citar como investigada a la entonces alcaldesa. Resultado: Colau tuvo que ir a declarar en vísperas a las elecciones municipales y ha pasado tres años con una causa abierta que ha terminado en nada. La causa nunca contó con el impulso de la Fiscalía, que no veía delito alguno.
El resultado ha sido el mismo –el archivo– que hace tres años, pero en este periodo los querellantes han logrado titulares en los medios no siempre críticos con su estrategia procesal y mantener investigada a una alcaldesa de Barcelona. Este extremo fue aprovechado por la oposición de derechas para acusar a Colau de “confabulación con okupas”, expresión que Vauras empleaba en su querella.
Que la querella de Vauras era poco sólida era evidente desde el inicio del caso: el fondo acusaba a Colau de coacciones supuestamente producidas en una reunión en la que la entonces alcaldesa no estuvo y de prevaricación por unos expedientes que no tramitó.
Las diligencias de instrucción practicadas a instancias del fondo han confirmado que la causa no iba a ningún lado. Para muestra, la testifical de los responsables de Vauras, quienes ante la jueza fueron incapaces de detallar qué amenaza concreta les profirieron los ediles y la funcionaria investigados pese a haberlos denunciado por coacciones. Y eso que grabaron las reuniones sin que la parte del Ayuntamiento lo supiera.
Es más, la magistrada deja caer que la grabación de la reunión con los concejales solo cuatro meses antes de la presentación de la querella formaba parte ya de la estrategia judicial de Vauras contra Colau. Fue después de que los concejales se negaran a agilizar permisos de obra.
La proximidad entre el último encuentro y la querella “hace pensar”, expone la togada, que ante los desencuentros evidenciados entre Ayuntamiento y Vauras y las fuertes pérdidas económicas, los responsables del fondo “acudieran a las reuniones para grabarlas y aportarlas a la querella que ya tenían en mente presentar”.
Tres años con una causa abierta
La jueza también aprovecha la resolución para lamentar el retraso de tres años en la tramitación en la causa, que define como un “mal extendido a todos los servicios públicos”, desde la Sanidad a la Justicia.
“Hemos sufrido una guerra sucia de 'lawfare' contra Ada Colau y su equipo”, ha denunciado la portavoz de los comuns en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. Los comuns valoran ahora cómo se pueden reparar a Colau y los concejales Marc Serra y Lucía Martín los tres años de proceso judicial abierto, si bien cualquier paso no se dará hasta que la Audiencia de Barcelona confirme el archive del caso dictado por la jueza.
Cabe recordar además que la abogada del fondo, María José Tarancón, es reincidente: en abril de este año presentó una querella contra Colau en nombre de la inmobiliaria Juninmo que es calcada a la del caso Vauras. Para la nueva denuncia la letrada se valió incluso de informes de detectives. Los comuns esperan que, al igual que la de Vauras y las 15 querellas anteriores, el caso también termine en archivo.