“Parejas, estudiantes, personas españolas”. Este es el perfil de inquilino que se buscaba para alquilar un piso en el centro de Barcelona, según un anuncio publicado en el portal Idealista en 2019. Este requisito constituye una “infracción muy grave” de la ley catalana del Derecho a la Vivienda. Así lo ha considerado un tribunal barcelonés, que ha ratificado la multa de 90.001 euros que el Ayuntamiento de la ciudad impuso contra un Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API).
El consistorio multó también a otro API, a los anunciantes y al portal Idealista, pero el tribunal todavía no ha resuelto esos casos. Todos los amonestados recurrieron la multa por considerar que se trataba de una multa “desproporcionada”. Así mismo, esgrimieron que no se puede justificar que haya discriminación por razón de origen en esta oferta inmobiliaria, ya que “en el ejercicio de determinados derechos fundamentales, los extranjeros no están en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles”.
El tribunal ha desoído todos estos argumentos y ha ratificado la multa, por el momento, a uno de los API. Se convierte así en la primera sentencia que avala las multas por discriminación al acceso a la vivienda por razones de origen, una sentencia a la que ha podido acceder elDiario.es.
Una exclusión que aumenta en un 134%
Esta oferta de Idealista es la primera a la que el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador, pero debido al recurso, la multa no se ha llegado a aplicar todavía. Para encontrar la primera multa hay que remontarse a agosto de 2021, cuando sancionó con 45.000 euros a un propietario por negarse a alquilar su piso a un joven marroquí.
Con estas dos sanciones, la última de ellas ratificada por la justicia, el Ayuntamiento de Barcelona pretende “enviar un mensaje y dejar claro que no se pueden tolerar discriminaciones por razones de origen”, asegura Lucía Martín, concejala de vivienda del consistorio de la capital catalana.
Se espera que estas multas “disuadan” a los propietarios e inmobiliarias a redactar ofertas discriminatorias, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. La exclusión habitacional aumentó en 2021 un 134,7% respecto a 2018, pasando de los 23 a los 54 casos denunciados, según datos extraídos de los informes anuales de la Oficina de No Discriminación de Barcelona (OND), un observatorio municipal que recoge las denuncias ciudadanas.
La tendencia discriminatoria vivió un pico durante la pandemia, siendo 2020 el año en que más casos se han detectado (70). “En épocas de máxima precariedad, los colectivos más afectados siempre son los que más dificultades tienen para tejer redes. Es injusto, pero siempre pierden más los que más vulnerables son”, asegura Martín.
Denuncias ciudadanas
Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Barcelona elaboró en 2021 el informe 'Discriminació a la carta', basado en 350 llamadas realizadas a agentes inmobiliarios argumentando que se quería poner un piso de propiedad en alquiler. De estas conversaciones se extrajeron cifras como que el 86% de peticiones de excluir a personas “inmigrantes” como inquilinas se acaban satisfaciendo. Además, el 30% de agentes inmobiliarios reconocen que la discriminación por razón de origen es una práctica habitual en la profesión.
En base a estas cifras, Lucía Martín reconoce que los casos denunciados son “muchos menos” que los que realmente existen, ya que las discriminaciones de las que se tiene constancia son sólo aquellas que han sido denunciadas por la ciudadanía ante la OND. Por eso, el Ayuntamiento pide “la ayuda de los vecinos”, para que alerten de situaciones como estas.
“Sin esta voz de alarma, se nos dificulta la tarea de hacer cumplir la ley”, dice la concejala en referencia a la Ley del Derecho a la vivienda, un texto que entró en vigor en 2007 y que describen como una ley “pionera, pero que todavía no se ha desarrollado. La muestra está en que, hasta hace un año, no teníamos sanciones para quien dificulta el acceso a la vivienda a ciertos colectivos”, asegura.