El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desdeñado la propuesta de la Generalitat y la mayoría del Parlament para renovar el consenso lingüístico y ha dado 15 días al Govern para implantar el 25% de castellano en todas las aulas catalanas. El cambio forzado por la Justicia llega en medio del tercer trimestre, en pleno periodo lectivo, y supone una victoria casi total de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) y el resto de colectivos contrarios a la inmersión.
En un auto, consultable al final de esta información, los magistrados requieren al conseller de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, para que, en un máximo de 15 días, “dicte las instrucciones y establezca las garantías de control” que permitan a todos los alumnos catalanes “recibir de forma efectiva e inmediata la enseñanza” en castellano como mínimo en un 25% de las clases, lo que supone emplear la lengua castellana no solo en esta asignatura sino en otra materia troncal.
La ejecución de la sentencia que acaba con el sistema de inmersión lingüística en catalán, modelo vigente durante casi 40 años y que el Govern ya se abrió a revisar en 2018, ha provocado consecuencias políticas y judiciales. El Ejecutivo catalán ha rechazado tanto ante los jueces como en sus planes educativos fijar el 25% de castellano que le exige el fallo al entender que establecer un porcentaje de cualquier lengua va en contra de los criterios pedagógicos.
No querer fijar un porcentaje no implicaba, según el Govern, desobedecer la sentencia. La Generalitat trasladó a los jueces su propio plan para dar cumplimiento al fallo, que pasa por la modificación de la ley de Política Lingüística que registraron ERC, PSC, Junts -que después se descolgó- y los comuns; el nuevo decreto lingüístico que prepara la conselleria de Educación; y una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros catalanes encargada a la Universitat de Barcelona (UB).
Todo ello es insuficiente para los jueces, que asumen los planteamientos de los contrarios a la inmersión lingüística. La AEB y varias entidades, entre ellas una asociación de guardias civiles, pidieron a los jueces exigir ya a los directores el cumplimiento de la sentencia. Media docena de entidades reclamaron la ejecución forzosa de la sentencia después.
Por su lado, la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno y presentó la demanda que dio inicio al caso en 2015, bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, decidió no pedir la ejecución forzosa de la sentencia y pidió a los jueces que antes analizaran el plan presentado por el Govern. Pero la Abogacía, al contrario que el Govern, sí consideró que la AEB tenía legitimidad para pedir a los jueces la ejecución forzosa del fallo del 25%, tal y como han terminado decidiendo los togados. Dos magistrados de la Sala disienten y creen que la AEB no estaba legitimada para pedir aplicar la sentencia en todos los colegios catalanes y solo podía hacerlo en los centros de sus padres asociados.
El análisis de los magistrados sobre el plan de la Generalitat, que cuenta con el consenso de PSC y comuns, es demoledor para el Govern. Concluyen los jueces que las iniciativas presentadas por la Generalitat “no tienen un resultado concreto” en los centros escolares ni garantiza que los alumnos “reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza” en catalán y castellano como lenguas vehiculares.
Al constatar una situación de “inejecución” de la sentencia por parte de la Generalitat, los jueces toman cartas en el asunto y ordenan a la conselleria de Eduación medidas concretas a tomar antes de dos semanas. Además del requerimiento personal al conseller para que en 15 días dicte las instrucciones para implantar el 25% en todas las aulas e informe al tribunal del nuevo plazo de ejecución, los jueces encargan a la Alta Inspección Educativa del Estado que “verifique el cumplimiento” del fallo.
El tira y afloja judicial a cuenta del idioma se produce en un contexto de retroceso de la lengua catalana en las aulas: si el 68% de alumnos usaba siempre o casi siempre el catalán en clase en 2006, ahora es el 21,4%. Los datos de la Generalitat identifican la causa del fracaso educativo no tanto en el idioma sino en la renta familiar –a menor riqueza, más abandono escolar– y muestran que al terminar la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano.