La Justicia da diez días al Govern para que cumpla con el 25% de castellano en todos los colegios

Por si el impacto del coronavirus en los colegios no fuera suficiente, la Generalitat de Catalunya empieza el año con una orden judicial que puede provocar cambios de calado en el sistema educativo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comunicado este viernes al Govern que tiene diez días para cumplir con la sentencia que finiquita el sistema de inmersión lingüística y que impone el 25% de castellano en todos los colegios de la comunidad.

Hasta ahora el Govern había acatado el 25% de castellano –un porcentaje decidido por los jueces, no por los expertos en Educación ni el Parlament– en el centenar de demandas interpuestas a título particular por familias partidarias de un modelo bilingüe. La diferencia ahora es que la orden engloba al conjunto del sistema educativo, ya que deriva de la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que no se retiró con el cambio de Gobierno.

La pelota ahora está sobre el tejado de la Generalitat, que deberá decidir si, como ha insinuado en alguna ocasión, desobedece la sentencia. También habría otra vía, según manifestaron desde la conselleria de Educación: pedir aclaraciones al tribunal sobre su aplicación, dado que la ley estatal vigente de educación actualmente es la LOMLOE, no la LOMCE, sobre la que la Abogacía del Estado formuló el recurso en su día.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de noviembre el recurso del Govern contra la sentencia del TSJC que acabó con el sistema de inmersión lingüística. En un decreto de este jueves, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal catalán constata que ha recibido del Supremo la denegación del recurso del Govern, por lo que declara firme su sentencia y da por empezada la fase de ejecución de la misma.

El primer paso, tal y como marca la ley de la jurisdicción contenciosa, es comunicar a la administración afectada por la sentencia –en este caso, el Govern–, que tiene diez días para cumplirla. En este mismo plazo la Generalitat deberá indicar al TSJC “el órgano responsable” de ejecutar el fallo. Si en dos meses la Abogacía del Estado, como demandante, o cualquier particular cree que el Govern no aplica la sentencia podrá pedir al TSJC su ejecución forzosa.

En Educación barajaban este escenario porque la sentencia del TSJC que pone fin a la inmersión, de diciembre de 2020, no decía exactamente cómo debía hacerlo la Generalitat, simplemente obligaba a “adoptar las medidas que sean necesarias” para garantizar que todos los alumnos tienen un mínimo del 25% de clases en castellano. La Generalitat considera que la orden no es lo suficientemente precisa, por lo que puede plantear dudas al tribunal.

El otro punto al que Educación se agarra para intentar diferir la aplicación de la sentencia es que a día de hoy la conselleria está elaborando un estudio para conocer exactamente el uso de catalán y castellano como lenguas vehiculares de las aulas. En 2018, antes de toda la polémica provocada por las sentencias del TSJC, la propia Generalitat ya se abrió a relajar el modelo de inmersión lingüística y a permitir más castellano en escuelas de zonas catalanoparlantes.

En una comparecencia frente a los medios de comunicación, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, no ha despejado estas dudas, y se ha limitado a afirmar que este era un paso esperado por parte de la Generalitat y que darán respuesta en los próximos días. “Sabíamos que pasaría, porque forma parte del procedimiento”, ha expresado. Sin aclarar cómo responderán a la ejecución de la sentencia, ha vuelto a defender el modelo de inmersión y ha asegurado que lo que hace la Generalitat es “dar respuesta a lo que dice la Ley de Educación de Catalunya”, que establece el catalán como lengua vehicular y que todo el alumnado debe finalizar las enseñanzas obligatorias dominando tanto el catalán como el castellano.

“El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes”, ha reiterado González-Cambray, que ha recordado que trabajan en un “nuevo marco normativo” para “actualizar y reafirmar” el modelo lingüístico en la escuela, aunque se trata de un plan a largo plazo.