El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado la demanda que los eurodiputados del partido de extrema derecha Vox Hermann Tertsch, Jorge Buxadé y María Aguilar presentaron contra el Parlamento Europeo por haber aceptado como parlamentarios al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller de Salud Toni Comín.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal tumba todos los argumentos de Vox contra la Eurocámara. Los jueces afean al partido de extrema de extrema derecha que se autopresentara como perjudicado –condición necesaria para interponer una demanda– por la condición de eurodiputados de los independentistas catalanes y que además presentara su acción legal ante un órgano que no era el competente, por lo que le condena en costas.
“Los demandantes no han demostrado que el acto impugnado [la declaración del Parlamento Europeo de Puigdemont y Comín como diputados electos tras el fallo del TJUE sobre Oriol Junqueras] les afecte directamente”, remarca la sentencia, que al rechazar la primera petición de Vox también descarta extinguir los contratos a los asesores de los eurodipitados catalanes y les obligue a devolver los salarios percibidos, tal y como también pretendían Buxadé, Tertsch y Aguilar.
La demanda de Vox “no está suficientemente motivada”, continúan los jueces. Los eurodiputados de Vox alegaban que resultaron perjudicados por el reconocimiento de Puigdemont y Comín como parlamentarios porque estaban presentes en el pleno cuando el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, les dio la bienvenida.
Sin embargo los jueces recuerdan que en el pleno, además de los tres políticos de Vox, había otros 747 eurodiputados y que la sesión fue retransmitida en directo por Internet por lo que no se puede considerar que sean “circunstancias que confieran” a los eurodiputados de extrema derecha “la condición de destinatario” del reconocimiento de los independentistas como miembros de la Cámara.
Los representantes de Vox “tampoco explican las razones por las que consideran que la supuesta infracción de la legislación electoral española incidió de alguna manera en su situación jurídica”, agrega la sentencia.