La Justicia exculpa al policía sospechoso de asesinar a Pedro Álvarez y deja impune el crimen

No habrá justicia para Juanjo Álvarez y Carmen Peso. La Audiencia de Barcelona ha rechazado reabrir la investigación sobre el asesinato de su hijo Pedro y ha exculpado al principal sospechoso, un policía nacional detenido y puesto en libertad en 1992. El crimen quedará así impune ya que prescribirá definitivamente este próximo mes de noviembre. 

En un auto, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona rechaza el último intento de la familia para reabrir la investigación del caso y descarta todas sus pretensiones. Los jueces no solo declaran prescrita la responsabilidad penal para el principal sospechoso del caso, un agente jubilado de la Policía Nacional, sino que además niegan que la aplicación de técnicas de investigación modernas aporte “resultados distintos” a los obtenidos en 1992.

Pedro Álvarez fue asesinado de un tiro en la cabeza disparado por el conductor de un coche que estuvo a punto de atropellarle a él y a su novia la noche del 15 de diciembre de 1992 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Después se dio a la fuga en su Opel Vectra blanco. El principal sospechoso del caso fue un agente de la Policía Nacional de Barcelona, J.M.S. Fue detenido como el presunto autor de los hechos y permaneció en prisión provisional una semana, pero la falta de pruebas concluyentes llevaron a su puesta en libertad y al posterior archivo de la causa. 

Pese a afirmar que “nada hay más lamentable para la familia de la víctima que la impunidad del delito”, los jueces acaban por determinar que ninguna de las nuevas pesquisas reclamadas por la familia sería útil para hallar al culpable y que “se ha agotado el esfuerzo investigador” en el caso del asesinato de Pedro Álvarez.

Los jueces llegan a usar las mismas palabras que la Policía Nacional en su último informe sobre el caso realizado en verano a requerimiento del juez de L'Hospitalet en el que el cuerpo policial aseguró que ninguno de los avances tecnológicos permitiría encontrar “resultados distintos” a los obtenidos en 1992. Para la familia era condición indispensable que otro cuerpo policial distinto al del sospechoso se hiciera cargo de las pesquisas.

En el último intento de la familia para reabrir la causa, que prescribirá por completo en noviembre, los jueces afirman que analizar de nuevo los restos biológicos de la pistola y la vaina del crimen con la tecnologías actuales no arrojaría conclusiones distintas a las obtenidas en 1992. También sostienen que las nuevas diligencias respecto al policía jubilado sospechoso “correrían la misma suerte infructuosa” que las practicadas hace más de veinte años, es decir, al archivo del caso.

Lo contrario sostenía la familia y su abogado, Benet Salellas, quienes habían reclamado que fuera un cuerpo distinto al del principal sospechoso el encargado de investigar el crimen. A criterio de la defensa la unidad central de homicidios de los Mossos d'Esquadra, que en los últimos años ha resuelto casos que parecían dirigidos a terminar sin culpables y trabaja con tecnología punta, debería hacerse cargo de las pesquisas. Pero los jueces concluyen que no es necesario.

Los togados agregan que tampoco se podrían practicar nuevas pruebas de luminiscencia sobre el Opel Vectra blanco del policía habida cuenta de que el vehículo fue dado de baja en 2002 y llevado a desguazar.