La Justicia frena el nuevo telesilla de Baqueira que el Govern avaló pese a su “impacto considerable” en el paisaje

La ampliación de la estación de esquí de Baqueira en la comarca del Pallars Sobirà ha sufrido un revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado la modificación del plan urbanístico aprobada por la Generalitat que autorizaba la construcción de un nuevo telesilla en el puerto de la Peülla por situarse en una zona protegida y por prever el vertido de aguas residuales en una reserva natural por la que transcurre el río Bonaigua. El proyecto para extender el dominio esquiable de la mayor estación privada del Pirineo rondaba los veinte millones de euros y la Generalitat lo aprobó pese a reconocer su “impacto considerable” en el paisaje.

La expansión de la estación de esquí de Baqueira por el Pallars pone de manifiesto el difícil equilibrio entre los intereses económicos ligados al esquí y la generación de empleo en las comarcas pirenaicas y garantizar la sostenibilidad ambiental. Los jueces han resuelto a favor de esta última. En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 3a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC atienden el recurso de la entidad ecologista Ipcena y remarcan que pese a los “esfuerzos” del plan urbanístico anulado, los pilones del nuevo remontador de Baqueira se encuentran en una zona de protección exterior del Parque Nacional de Aigüestortes donde solo están permitidas construcciones “compatibles con las finalidades de protección y conservación del medio”.

Además del telesilla, los jueces tumban el plan porque incluye un vertido de aguas residuales en una zona del río Bonaigua protegida para garantizar la supervivencia de las últimas poblaciones de nutrias que existen en Catalunya, por lo que no está permitida ninguna actividad que altere el lecho del río o la vegetación que lo rodea.

El proyecto frenado por los tribunales pretendía ampliar la zona de esquí ya existente en el puerto de la Peülla, que se extiende desde el puerto de la Bonaigua hasta la zona de la virgen de Ares. Desde principios del siglo XXI, Baqueira ha construido en esta zona dos telesillas, restaurantes, un pequeño edificio de venta de forfaits y una balsa para producir nieve artificial. Además del telesilla y el vertido de aguas anulados judicialmente, el nuevo proyecto incluía construir un aparcamiento de 700 plazas.

Los encontronazos entre los empresarios del esquí, la Generalitat y los ecologistas por la expansión de Baqueira duran desde hace dos décadas. En el punto de mira están, además de la zona de la Peülla, el valle d'Àrreu, ubicado en el término municipal de Alt Àneu (Pallars Sobirà) y que forma parte de la Red Natura 2000, los espacios protegidos de la Unión Europea vetados a la actividad económica. La Comisión Europea llegó a advertir, tras una denuncia de los ecologistas, que cualquier plan urbanístico de la zona debía someterse a un procedimiento de impacto ambiental de acuerdo con la normativa comunitaria.

La declaración de impacto ambiental del plan de área esquiable Baqueira-Bonaigua, cuya modificación para construir el nuevo telesilla ha tumbado ahora el TSJC, ya estableció en el año 2002 que no podía llevarse a cabo construcción alguna en la zona periférica del Parque Nacional. Tras el frenazo provocado por la crisis económica, la estación descartó su expansión por la Vall d'Àrreu para centrarse en la zona de la Peülla. El objetivo era construir un nuevo telesilla más resguardado del viento que sopla habitualmente en la zona y que provoca que el remonte de La Peülla, que enlaza el Pallars Sobirà con Baqueira, esté varios días al año parado.

El primer informe de la Generalitat al respecto del nuevo telesilla se remonta al año 2015 y era desfavorable al proyecto. En el documento, la directora del Parque Nacional de Aigüestortes, Mercè Arniz, instó a “rediseñar” el telesilla y la pista de esquí que Baqueira había proyectado dentro de la zona periférica de protección incluida en la Red Natura 2000. El informe concluía que debía darse un tratamiento más “cuidadoso” a las nuevas construcciones debido a su “impacto” visual y en el medio y “excluir” el telesilla de las zonas protegidas.

Baqueira reformuló el proyecto y la superficie de toda la zona afectada por el plan especial urbanístico se redujo un 5%, pasando de 732,18 hectáreas a 693,20, en el área de la Peülla en concreto pasó de abarcar 325,88 hectáreas a 232,27. En 2017 Arniz emitió otro informe mucho más benévolo que el anterior pese a que los cambios introducidos mantenían parte del telesilla en una zona protegida, tal y como ha sentenciado el TSJC. El nuevo plan urbanístico, obligado tras el informe desfavorable de 2015, sí excluía la pista de esquí del área protegida, pero mantenía parte del trazado del telesilla dentro de la Peülla “por la difícil solución técnica de hacerlo” sin entrar en la zona protegida.

El nuevo informe del Parque avalaba el telesilla pese a mantener algunas de las deficiencias observadas dos años antes, y se limitaba a concluir que el “impacto considerable” en el paisaje de la infraestructura quedaba mitigado porque “a pocos metros” tenía construcciones también de gran impacto, como líneas de alta tensión o dos antenas de telefonía móvil. Y aunque constaba que la documentación técnica para justificar el vertido de aguas era insuficiente, el informe daba su visto bueno a las nuevas construcciones proponiendo dos medidas compensatoria: mejorar un sendero histórico y que la empresa Baqueira-Beret abriera un punto de información del Parque Nacional en el nuevo aparcamiento con personal propio.

Entre ambos informes los parques naturales naturales dejaron de depender de la conselleria de Agricultura y pasaron a formar parte del departamento de Territorio, que todos estos años ha estado bajo el control de Convergència y sus sucesivas herederas. La entonces alcaldesa de Alt Àneu, la neoconvergente Laura Arraut, escribió a la conselleria tres meses después del informe desfavorable del parque para pedirle al conseller –que por aquellas fechas era Santi Vila, sustituido a las pocas semanas por Josep Rull– “no eternizar la solución al problema” que, a su juicio, comportaba un plan de usos de la zona “obsoleto” que a su vez provocaba “graves consecuencias económicas” para la comarca.

Para el portavoz de Ipcena, Joan Vázquez, la carta de la exalcaldesa muestra las “presiones de las administraciones” catalanas y de la pista de esquí para conseguir un informe favorable, por lo que reclama la dimisión del director general de Políticas Ambientales, Ferran Miralles, por la declaración de impacto ambiental que avalaba el nuevo telesilla. Baqueira, Alt Àneu y la Generalitat han perdido el pleito ante el TSJC y tienen la opción de recurrir al Supremo, aunque no a tiempo para la recién inaugurada temporada de esquí.