La Justicia imputa al exconseller Homs por dar una subvención a la fundación afín a Convergència

La Audiencia de Barcelona ha ordenado imputar al exconseller de Presidència Francesc Homs en relación a tres gastos que autorizó en su etapa como conseller de Presidència hace casi una década y que, según la Fiscalía, podrían constituir delitos de prevaricación y malversación. Uno de ellos es una subvención directa de 7.400 que Homs otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Hombre de confianza de Artur Mas, Homs fue uno de los redactores de la reforma del Estatut y, tras la vuelta de Convergència al Govern, ocupó la conselleria de Presidència y la portavocía. Su carrera continuó como diputado en el Congreso, que tuvo que dejar tras ser condenado por la consulta del 9-N. Ya sin cargo público, asesoró a las defensas de los políticos de Junts per Catalunya en el juicio del procés, llegándose a sentar en estrados del Tribunal Supremo, ya que es abogado. La Generalitat lo nombró en 2018 miembro de la Comisión Jurídica Asesora, integrada por quince juristas catalanes de reconocido prestigio.

Las subvenciones que han puesto a Homs de nuevo bajo la lupa judicial forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017, que desveló un desembolso millonario de la Generalitat en actividades para promocionar el proceso soberanista en el extranjero. Al margen de las indemnizaciones que puedan afrontar los dirigentes soberanistas, entre ellos el propio Homs, en el Tribunal de Cuentas –la causa contable se encuentra pendiente de enjuiciamiento–, la Fiscalía presentó una querella penal en los juzgados de Barcelona.

En concreto, la Fiscalía acusa a Homs de tres gastos en su etapa como conseller de Presidència (2011-12). Además de la subvención a CATDem, el Ministerio Público sospecha de un encargo a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y de una fragmentación en dos de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso. La jueza instructora no vio delito en ninguno de los gastos, pero la Fiscalía recurrió y ahora la Audiencia de Barcelona le ha dado la razón y ha ordenado investigar a Homs, según han informado a elDiario.es fuentes jurídicas.

Respecto a la subvención a la fundación CATDem –ya extinguida tras verse en el centro de la financiación ilegal de Convergència en los casos Palau y el 3%–, la Fiscalía acusa a Homs de otorgar a la entidad 7.400 euros “para contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y a la traducción a diversas lenguas de algunos de sus materiales”, pese a que un mes antes, en noviembre de 2012, había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.

El encargo al despacho de abogados en noviembre de 2012, mantiene la Fiscalía, se centró en un asesoramiento para un proyecto en una “zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial” pese a que el departamento de Presidència no tenía competencias en este ámbito. Y en 2011 y 2012, además, Homs, según el Ministerio Público, fragmentó en dos contratos menores de 17.850 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior para eludir el concurso público.

La magistrada Carmen García, que sí admitió la querella de la Fiscalía respecto a otros gastos exteriores, no vio delito en los tres atribuidos a Homs al no apreciar indicios delictivos y no verlos vinculados al proceso soberanista. Es más, la instructora calificó los gastos de “meras irregularidades administrativas” cuya responsabilidad debía valorarse en el Tribunal de Cuentas, pero no por la vía penal.

“Gastar dinero público en un contexto de déficit y carencia de presupuesto para los servicios más típicos puede resultar censurable y causar rechazo al común de los ciudadanos, pero es una decisión política vinculada a la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas”, valoró la instructora, que añadió: “Malversar no es gastar mal, sino sustraer caudales públicos con ánimo de lucro y a usos ajenos a la función pública”.

La Audiencia de Barcelona coincide con la instructora en que las subvenciones no están relacionadas con el proceso soberanista, pero mantiene en cambio que sí deben investigarse. “Se denuncian hechos cometidos por autoridades en el ejercicio de sus cargos que pudieran ser constitutivos de prevaricación, malversación o falsedad, sin distinción sobre que las actuaciones denunciadas tuvieran o no relación con el proceso independentista”, asevera el auto de la sección 8ª.