La Justicia inhabilita al conseller encargado de las elecciones catalanas por desobedecer el 1-O

Primer alcalde catalán inhabilitado por el 1-O. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al conseller de Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Benat Solé, a un año de inhabilitación y a pagar una multa de 16.800 euros por un delito de desobediencia por haber organizado el referéndum del 1-O en su etapa de alcalde de Agramunt (Lleida). La condena a Solé, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, llega cuando el conseller está en pleno proceso para organizar las elecciones catalanas. Solé podrá seguir ocupando el cargo hasta que el Supremo confirme la sentencia del TSJC, para ya no podrá formar parte de las listas de ERC para los próximos comicios.

En su sentencia, la Sala Civil y Penal del TSJC concluye que Solé “tuvo una participación activa y decidida” en la celebración del referéndum en Agramunt pese a haber sido advertido por el Tribunal Constitucional (TC) de que debía impedir la votación. El tribunal no da credibilidad a la versión de Solé, que en el juicio negó haber organizado la votación y a quien la Fiscalía pedía un año y medio de inhabilitación.

Destaca el tribunal que Solé, además de personarse en el colegio electoral “desde el primer momento”, asumió distintas “responsabilidades logísticas” durante la jornada. Por ejemplo, “esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación [las actas]”, así como “adelantar la hora de cierre de la votación” ante la posibilidad de que acudiera la Guardia Civil al municipio para intervenir en el colegio.

No aceptan los jueces el argumento defensivo de Solé, que adujo que acudió al colegio electoral el 1-O preocupado por la seguridad pública y para evitar incidentes. “Nada de esto es plausible”, zanja el tribunal, que califica la conducta de Solé de “abiertamente desobediente, contumaz, persistente y abiertamente opuesta a las prescripciones del TC, aunque no incluya manifestaciones explícitas de rebeldía”.

Al margen de los hechos del 1-O, el tribunal sentencia que la otra conducta delictiva de Solé fue participar el día 25 de septiembre en una charla sobre el referéndum en el 'casal' del pueblo. La intervención de Solé en la conferencia, abunda el tribunal, estuvo dirigida a “fomentar la participación en el referéndum prohibido por el TC”. Según el TSJC la charla no está protegida por la libertad de expresión como alegó Solé, sino que el conseller “no pudo por menos que advertir” que la conferencia “incidía clara y negativamente en el requerimiento” del Constitucional que había instado a todos los alcaldes a que no se emplearan instalaciones públicas para el 1-O.

Pese a que el tribunal reconoce que Agramunt aprobó un decreto de apoyo del 1-O antes de que el Constitucional notificara formalmente a Solé la suspensión de la votación, los magistrados agregan que Solé “no paralizó los efectos” del decreto una vez la votación ya estaba suspendida. Se trata, apunta el tribunal, de una “omisión consciente que sirve para integrar por si sola” la conducta exigida por el delito de desobediencia.

Solé era el segundo alcalde que llegaba a juicio por las investigaciones que antes del 1-O abrió la Fiscalía a más de 700 ediles. Salvo una decena de causas, las diligencias se archivaron. Pero al contrario que Solé, la Justicia absolvió a la alcaldesa de Roses (Girona) de haber ayudado a la organización del 1-O. El resto de alcaldes o exalcaldes esperan fecha para sentarse en el banquillo.

En una comparecencia tras conocerse la sentencia en la que no ha aceptado preguntas de la prensa, Solé ha afeado al TSJC que le haya condenado por “haber estado al lado de la ciudadanía” el 1-O. “La judicialización no se para y llega a todos los ámbitos”, ha lamentado Solé, que ha vuelto a reclamar una ley de amnistía y la autodeterminación. “No conseguirán resolver nunca este conflicto a través de los juzgados”, ha agregado.