La Justicia inhabilita medio año a un diputado de la CUP por no quitar cuatro lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a medio año de inhabilitación por un delito de desobediencia al diputado de la CUP Pau Juvillà por desoír la orden para retirar cuatro lazos amarillos de la ventana de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida en 2019, cuando era concejal en la localidad. El caso se inició a partir de una denuncia de Ciudadanos ante la Junta Electoral de Lleida.

La sentencia impone además al diputado una multa de 1.080 euros. Ahora Juvillà se expone a que la Junta Electoral, en aplicación de la doctrina impuesta al expresident de la Generalitat Quim Torra, inhabilite al diputado pese a que tiene la opción de recurrir la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo.

La Sala Civil y Penal del TSJC concluye que Juvillà mantuvo una conducta “inobediente” y de “contumaz, persistente y abiertamente opuesta” a las dos órdenes que recibió de la Junta Electoral de Lleida para que retirara los lazos amarillos de las ventanas de los despachos de la CUP. Como muestra, el tribunal recuerda que el propio Juvillà escribió un artículo en el periódico La Mañana en el que reivindicaba la “desobediencia” a los requerimientos de la JEC. 

No acepta la Sala ninguno de los argumentos de defensa de Juvillà, entre ellos algunos novedosos respecto al caso del expresident Torra. La defensa alegó que la CUP presentaba a las elecciones generales de abril de 2019 y que por lo tanto Juvillà no estaba obligado a mantener la neutralidad exigida a las instituciones en campaña electoral, y consideró irregular además que el requerimiento de la Junta Electoral de Lleida fuera dirigido al concejal en vez de al Ayuntamiento, que como institución era quien estaba obligado a mantener la neutralidad. 

Los jueces descartan todos los argumentos de la defensa debido al carácter “inequívocamente partidista” de los lazos amarillos y al hecho de que, pese a que Juvillà formaba parte de un grupo que no se presentaba a las elecciones, los símbolos estaban exhibidos en un “espacio público” como era la ventana del consistorio. 

Este uso de los espacios públicos, abunda la Sala, le fue reconocido a Juvillà “por su condición de autoridad de la Administración Local y para el ejercicio de sus funciones públicas, y no como ciudadano y militante de un partido político”, por lo que tampoco cabe alegar que colgar lazos amarillos estaba protegido por su derecho fundamental a la libertad ideológica.    

Los jueces afean además a la defensa de Juvillà el argumento de que la orden de retirar los lazos debía dirigirse al Ayuntamiento, que tildan de “pretexto infundado” y “alegación alambicada tras la que se esconde un designio político relacionado con la confrontación” que en aquella época mantenía la CUP con el PSC, partido que entonces gobernaba en Lleida, y sus socios de Ciudadanos.

El caso queda en manos de la Junta y de Borràs

En un comunicado, la CUP ha valorado que la inhabilitación de Juvillà por mantener los lazos amarillos durante un período electoral supone “un ataque a la libertad de expresión y a los derechos políticos fundamentales a ojos de cualquier persona con valores democráticos”.

El diputado ha emplazado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a “ejercer y defender la soberanía del Parlament” mientras recurre la sentencia, en una velada referencia a la inhabilitación a la que ahora se expone. “Trabajaremos política y judicialmente para mantener el escaño hasta donde sea posible”, ha dicho Juvillà, que ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La inhabilitación previa a la sentencia firme del caso de Juvillà se asemeja al caso del expresident de la Generalitat, Quim Torra. La Junta Electoral Central, a instancias del PP y Ciudadanos, dejó sin escaño del Parlament a Torra después de su condena en primera instancia ante el TSJC por no retirar lazos amarillos, lo que previsiblemente se repetirá con el diputado de la CUP. El episodio de la retirada del escaño de Torra provocó un agrio enfrentamiento entre Junts y ERC. Los posconvergentes acusaron al entonces presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, de no defender al Parlament por acatar la retirada del escaño de Torra.

Tras ser interpelada por la CUP, Borràs ha asegurado que no retirará el acta de Juvillà antes de que el Tribunal Supremo confirme la condena y sea por tanto una sentencia firme. La jefa de la Cámara ha asegurado que “defenderá los derechos de todos los diputados” y no retirará el escaño ni siquiera si la Junta Electoral instase de forma inmediata a hacerlo, como ya ocurrió en el caso de Quim Torra.

“Hasta que no haya una sentencia firme que se deba ejecutar, Pau Juvillà es un diputado de este Parlament, y esta presidenta no puede, ni tiene intención, que retirarle su escaño”, ha asegurado Borràs. “es un nueva injusticia por parte de la justicia española, que ha querido apartar a un representante político elegido por la ciudadanía de Catalunya”, ha indicado.

Por su lado, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado la sentencia y ha lamentado que haya una condena de “seis meses de inhabilitación por solidarizarse ante la represión”. “Esta sentencia es un nuevo ataque a la libertad de expresión, a la democracia y al país entero”, ha afirmado el president de la Generalitat antes de expresar “todo el apoyo” a Juvillà y añadir: “En pie contra la persecución judicial al independentismo”.