La Justicia mantiene el veto a los coches contaminantes en Barcelona al priorizar la salud a las pérdidas económicas de los transportistas

Es solo una victoria en el descanso del partido. Pero la Zona de Baja Emisiones (ZBE) de Barcelona ha obtenido un primer espaldarazo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado suspender el veto a los coches contaminantes en la conurbación barcelonesa que habían pedido la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias y la Federación Catalana de Transporte de Viajeros. Entienden los magistrados que el derecho a la salud y al medio ambiente son prioritarios a las pérdidas económicas que la ZBE pueda comportar al sector del transporte.

La decisión del TSJC sobre la Zona de Bajas Emisiones es cautelar, es decir, todavía no ha decidido sobre el fondo del asunto. No obstante, en sendas resoluciones los magistrados ya anticipan un criterio sobre la sentencia definitiva del caso, que se demorará varios meses. “Si bien es previsible que cause daños significativos a las empresas de transporte de viajeros, no es menos cierto que en la ponderación de los intereses en juego debe valorarse el perjuicio que supondría en la salud colectiva posponer la aplicación de la ZBE”, zanjan los togados.

La Zona de Bajas Emisiones activará su régimen sancionador el 15 de septiembre después de que su entrada en vigor, prevista para abril, se anulase por la COVID-19. Además, los vehículos pesados y los de trabajadores autónomos de renta baja verán como se alarga su moratoria entre tres meses y un año más a partir de 2021. Su aval judicial llega solo dos días después de que la Justicia tumbara una medida homóloga, Madrid Central, por defectos de forma.

Para los magistrados no cabe demorar la entrada en vigor de las restricciones a los coches contaminantes en base al daño económico a las empresas. Argumentaban los transportistas que de seguir vigente la ZBE se produciría un “daño irreparable” a los ciudadanos y a las empresas de transporte público colectivo. En concreto, sostenían que la ordenanza medioambiental afectaba a 45 contratos de servicios de transporte regular interurbano, 15 de tipo urbano y otros 60 de transporte escolar, lo que comprometía unos 1.700 puestos de trabajo y la viabilidad de las pequeñas empresas.

Pese a reconocer estos riesgos, para los magistrados es más importante reducir la contaminación. “La suspensión de la ZBE compromete tanto el derecho a la salud como el derecho al medio ambiente reconocidos en la Constitución”, resuelven los magistrados de la sección 5a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

Recuerdan en este sentido que la Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir el Tratado de la Unión en asuntos medioambientales, con mención específica a la contaminación desbordada de Barcelona y Madrid, por lo que la administración debe tomar medidas para reducirla.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, ha celebrado la decisión judicial, de la que ha destacado que, pese a tratarse de una petición de medidas cautelares, realiza consideraciones “que no son superficiales y entra en asuntos muy concretos y nos da argumentos de peso para implantar la ZBE”.