La Justicia ordena imputar a Colau por la querella de un fondo buitre

La Audiencia de Barcelona ha corregido a la jueza instructora y ha reabierto la causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; los concejales Marc Serra y Lucía Martín; y una funcionaria del área de Vivienda, a quienes el fondo buitre Vauras Investments acusa de “cercanía con grupos okupas” en el conflicto que el grupo inversor y el consistorio mantuvieron por un bloque ocupado por familias vulnerables. La negativa de Vauras a ofrecer un alquiler social a los ocupantes, tal y como marca la ley catalana de Vivienda, llevó al Ayuntamiento a multar al fondo.

La querella de Vauras Investments parecía destinada al archivo del juzgado. Ni fiscal ni jueza instructora vieron delito alguno en la actuación municipal sobre las seis familias vulnerables que ocuparon un inmueble propiedad del fondo de la calle Lleida de Barcelona. El edificio llegó a convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona y enfrentó a los jueces con el Parlament antes de que los Mossos d'Esquadra lo desalojaran al sexto intento.

La Audiencia de Barcelona disiente del criterio de fiscal y jueza y mantiene que el conflicto entre Vauras y el consistorio sí debe investigarse por la vía penal. Pero únicamente por coacciones y prevaricación y no por la pluralidad delictiva denunciada por el fondo, que atribuía a los responsables municipales hasta media docena más de delitos.

Según los magistrados de la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona, las multas del Ayuntamiento a Vauras “podrían ser la espuria consecuencia de no acceder a las pretensiones del consistorio” para “forzar” al fondo buitre a ofrecer un alquiler social (pese a que así lo contempla la ley catalana de Vivienda). Tampoco descartan los jueces que las sanciones o “la amenaza” de no conceder licencias de obra fueran el “mecanismo utilizado” por el Ayuntamiento para que el fondo para “se plegase a las pretensiones” municipales.

La querella de Vauras se suma a la actividad judicial impulsada por grandes empresas y fondos buitre descontentos con las decisiones del consistorio. Hasta ahora ninguna de la decena de causas judiciales ha llegado a juicio, y los casos se encuentran archivados o bien bajo investigación.

Recurso sin expedientes, pero con adjetivos

Pese a aceptar parte del recurso de Vauras, los jueces reprochan a los abogados del fondo la “gratuidad adjetiva” del recurso, en el que se ataca con contundencia a la jueza instructora que archivó en primera instancia el caso. Según Vauras, el archivo fue “una ofensa” y la jueza lo adoptó “a partir de una interpretación adivinatoria. En el recurso el fondo vuelve a insistir en una supuesta ”cercanía“ entre los servicios sociales del Ayuntamiento con ”grupos okupas“, de la que no aporta más indicios que noticias de prensa. El fondo justifica en términos casi literarios no haber aportado documentos o pruebas más relevantes: ”Lo fácil habría sido presentar al muerto, el casquillo, la pistola humeante y la mano que apretó el gatillo“.

La Audiencia de Barcelona también reconoce que Vauras “no concreta de forma clara” qué expedientes, ni su fecha ni las personas que intervinieron en las resoluciones administrativas que señala como prevaricadoras. Por ello los jueces indican al fondo que debe especificarles ante el juzgado y que la instructora, igualmente, debe reclamar al consistorio cada uno de los expedientes que menciona Vauras en su querella.

Ese fue el mayor reproche del fiscal y de la instructora al fondo. La magistrada archivó en primera instancia el caso al constatar que la acusación de “connivencia” entre el Ayuntamiento y “grupos okupas” mantenida por Vauras “es una afirmación carente de cualquier sustento probatorio”. La magistrada remarcó que las propuestas de alquiler social por parte de los propietarios a las familias pobres que quiere desahuciar son “obligatorias” en la ley catalana de vivienda y que ningún cargo del Ayuntamiento empleó violencia o intimidación contra representantes del fondo.

En la misma línea argumentó el fiscal, quien indicó que las exigencias de Barcelona a Vauras para que el fondo ofreciera contratos de alquiler social no eran coacciones al carecer de la intimidación y violencia necesarias para este delito. La Audiencia de Barcelona ha desoído estas tesis y conduce de nuevo a la alcaldesa a una comparecencia como investigada, que se suma a la que protagonizó a principios de marzo por la querella del caso de las subvenciones a entidades sociales.

Lucía Martín: “Es un caso de especulación”

A nivel político, los concejales –y también querellados– Lucía Martín y Marc Serra han comparecido para valorar el nuevo frente judicial del Ayuntamiento. Los ediles han reiterado su plena colaboración con la Justicia y han adelantado que enviarán con rapidez los expedientes cuestionados por Vauras al juzgado, además de confiar en un nuevo archivo del caso.

Serra ha recordado que la jueza instructora ya no vio indicio de delito alguno, mientras que Martín ha defendido la actuación municipal en el conflicto con Vauras. “Es un caso clarísimo de especulación inmobiliaria, en el que un fondo inicia un proceso de expulsión de vecinas para revalorizar las viviendas”, ha aseverado Martín. Por su lado, el abogado de los ediles, Àlex Solà, ha considerado “inusual” que la Audiencia de Barcelona “subsane” la falta de documentación sobre los expedientes de multas que Vauras no incluyó en su querella.