Antonio murió en el hospital de Badalona en noviembre de 2021 después de recibir seis disparos de una pistola eléctrica de un mosso d’esquadra. Dos años y medio después de su fallecimiento, su familia sigue reclamando responsabilidades a la conselleria de Interior ante lo que entienden como un mal uso de estas armas. La Audiencia de Barcelona, a petición del centro Irídia, ha exigido ahora a la policía catalana investigar a fondo el caso tras constatar deficiencias en su auditoría inicial.
El caso de Antonio muestra la peligrosidad de las pistolas eléctricas, conocidas como Taser, y su riesgo cuando se usa en personas alteradas por consumo de drogas o con problemas de salud mental, como esta víctima de Badalona. Así lo advirtieron reiteradamente organizaciones de derechos humanos, pero la conselleria de Interior igualmente permitió un uso amplio de estas armas en los protocolos.
Y así ocurrió con Antonio. Su familia llamó al 112 porque el hombre, como había ocurrido en el pasado, los tenía encerrados en casa y les amenazaba con un cuchillo. En vez de acudir personal médico y psicológico, agentes de los Mossos accedieron al piso a través de la vivienda vecina. Uno de los uniformados disparó hasta seis veces su pistola eléctrica para reducir al hombre de 38 años.
La auditoría que, por protocolo, deben realizar los Mossos en cada uso de pistolas Taser ha resultado insuficiente para esclarecer los hechos y si los disparos fueron adecuados a la situación, según ha mantenido la Audiencia de Barcelona en la resolución por la que ordena revocar el archivo del caso y que se tome declaración como testigos a los agentes que confeccionaron el documento.
En la auditoría, reseña el tribunal, los agentes examinaron las “circunstancias de aplicación” de la Taser y mencionaron los vídeos de la descarga para concluir que la actuación policial se ajustó a los protocolos. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, considera prematura esta conclusión dada la información incompleta que presenta el documento policial.
“Ninguna referencia expresa ni explícita se hace a las secuencias concretas de la grabación en las que se procede al uso de dispositivo, ni del número de veces que fue empleado, ni si todas esas veces era necesario”, lamenta el tribunal.
No son las únicas lagunas constatadas por los jueces en la auditoría. “Nada se dice tampoco sobre si la decisión de energizar las sondas [contra la víctima] en los diferentes momentos en que se hizo fueron las adecuadas teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos”, sostiene el auto de la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona.
El centro Irídia ha hecho pública esta novedad en el caso durante la presentación de su informe anual sobre casos de violencia institucional. La entidad ha vuelto a reclamar la creación de un organismo independiente de control de los cuerpos policiales tanto a nivel autonómico como estatal, una petición que fue rechazada por el Parlament la pasada legislatura.
“Hace falta más transparencia e información de los cuerpos policiales, porque beneficia a la ciudadanía y a los agentes que hacen su trabajo de forma diligente”, ha defendido la codirectora del centro Irídia, Anaïs Franquesa.
A juicio de Irídia, el caso de Antonio muestra la necesidad de este tipo de mecanismos par dar más información y transparencia a las familias de las víctimas. Fue la familia de la víctima la que tuvo que ir al hospital donde se llevaron al hombre porque los Mossos no les dijeron nada, según ha recordado la hermana del fallecido, Annoris.
“Una vez nos confirmaron su muerte el hospital nadie nos apoyó, tanto tiempo sin respuesta ni justicia nos ha hecho daño”, ha agregado la hermana de la víctima.
Para su abogada, Mireia Salazar, el caso de Antonio muestra el mal uso que hace la policía catalana de las Taser para afrontar situaciones con personas alteradas con problemas de salud mental, en contra de todas las recomendaciones de organismos internacionales. “El caso de Antonio requería un abordaje médico y clínico, no policial”, ha apostillado. “Faltan controles de los superiores jerárquicos e investigaciones internas suficientes”, ha agregado la abogada de Irídia Sònia Olivella.
Para la psicóloga de Irídia Natàlia Abrego, la lentitud delos procesos judiciales “también pueden generar sufrimiento a las familias de las víctimas cuando no se hace de forma eficiente”. “Los familiares se sienten indefensos y se genera impunidad y sufrimiento añadido, hace falta comunicar más y mejor y acompañar a las familias”, ha añadido.-