El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido que la nueva legislación sobre el catalán en la escuela, aprobada recientemente por el Govern mediante un decreto ley y por el Parlament con una ley, impide ejecutar legalmente la sentencia del 25% de castellano en las aulas.
Por eso, tal y como pidió la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), ha preguntado a las partes personadas si tendría que presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el Alto Tribunal evalúe si la nueva normativa se adecua a la Constitución y a la jurisprudencia sobre el catalán que marcó la sentencia del Estatuto.
El tribunal dice que la sentencia del 25% se basaba en una legislación anterior, y que la nueva normativa es incompatible con la sentencia. Además, suspende los trámites para la ejecución forzosa de la sentencia.
En una providencia de seis páginas, los magistrados reconocen que el decreto ley del Govern y la ley aprobada por el Parlament en las últimas semanas “determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia”, cosa que “suscita dudas de inconstitucionalidad” respecto de estos textos legales.
El 31 de mayo pasado, último día para cumplir la ejecución forzosa de la sentencia, la Generalitat pidió que se declarara la imposibilidad legal de ejecutarla y se avalaran los diversos proyectos lingüísticos según el decreto ley aprobado días antes. El decreto dispone la “inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentaje en la enseñanza y uso de las lenguas”, dice el mismo TSJC. Pocos días después el Parlament aprobó la ley 8/22 de lenguas en las escuelas.
Desde ERC han considerado que la decisión del TSJC es una “victoria parcial de la política” y han subrayado la importancia que tuvo el consenso a la hora de plantear la nueva legislación, que finalmente ha hecho al tribunal considerar que su sentencia es incumplible. “No tiramos la toalla y nos erigimos como motor para reconstruir el consenso”, ha sacado pecho la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Los republicanos lamentan sin embargo que “la judicialización sigue”.
Con más contundencia lo ha celebrado el conseller de Educación González-Cambray, quien ha calificado la decisión judicial como “una primera victoria y una fantástica noticia para que en ninguna aula de nuestro país se apliquen porcentajes”.
Para el máximo responsable del sistema escolar catalán, la decisión del TSJC acaba, al menos por ahora, con la controversia sobre cuánto castellano debe impartirse y quien es el responsable si no ocurre. “Dijimos que dotaríamos de escudo jurídico y legal a todos los maestros y proyectos lingüísticos para que no tuvieran ningún riesgo y siguieran haciendo lo que saben hacer, educar”, ha afirmado.
Desde el PSC han mostrado su respeto por todas las iniciativas judiciales que se emprendan, pero han asegurado que apoyaron la nueva ley (y no así el decreto del Govern) para actualizar el modelo de inmersión lingüística porque era una norma que se “adecuaba a las necesidades de cada centro”. “Recordamos además que el Consejo de Garantías Estatutarias avaló la constitucionalidad de la ley”, ha señalado la portavoz socialista Elia Tortolero, que ha afirmado además que el nuevo marco legal garantiza el uso del castellano “como lengua de aprendizaje”.