Unos quince menores inmigrantes estuvieron durmiendo a principios de noviembre en la sala de espera de la Ciutat de la Justícia por falta de espacio en los centros de acogida de la Generalitat. Esa imagen, denunciada por la asociación Noves Vies a la ONU y prohibida por la juez decana de Barcelona, evidencia la saturación de los centros de acogida de la Generalitat, que alega que la llegada reciente de menores migrantes no acompañados ha sido muy superior a meses anteriores.
Hasta cuatro días –del 9 al 13 de noviembre– estuvieron estos menores extranjeros, que habían llegado a España solos, viviendo en la sala de espera de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. “Estaban allí, en los pasillos, durmiendo en colchones y mantas finas, en medio de todo”, narra Albert Parés, abogado de oficio especializado en casos de menores migrantes y presidente de la asociación Noves Vies. “Podía entrar cualquiera, había quien les daba bocadillos de aquellos de máquina prefabricados, pero por lo demás no sé muy bien qué comían. Tampoco creo, a juzgar por el olor, que se pudieran ducharse”, denuncia Parés.
La juez decana de Barcelona puso fin a esta situación el pasado lunes, pero el problema para la Generalitat, bajo cuya tutela se encuentran estos menores, es el mismo. Las instituciones no son capaces de encontrarles una plaza en los centros de acogida, que ya hace meses que se encuentran saturados. Han sido 1.116 los menores que han llegado durante los 10 primeros meses de 2017, algo que supone, según fuentes oficiales, un incremento del 190% respecto al 2015.
Desde la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), responsable de la tutela de los menores desamparados, admiten que se ven desbordados. Sin embargo, fuentes de la DGAIA alegan que este “descontrol” se produce en un momento político en el que tienen “muy poco margen de maniobra”, en referencia la aplicación del artículo 155 y al control de Hacienda sobre las cuentas catalanas, cosa que les impide, aseguran, abrir nuevas plazas. Todo ello, afirman, “a pesar de que hay mucha sintonía con el gobierno central en este asunto”.
Pero la saturación de los centros de acogida viene de antes de la intervención del Govern. Así lo muestran las cifras: si bien es cierto que desde octubre se está agudizando más esta situación –más de 200 menores llegaron el mes pasado, el doble que hasta ahora, y se prevé que se mantenga así–, los problemas derivados de la saturación del sistema ya se observan desde hace meses. Albert Parés asegura que en verano ya se había visto el caso de menores pernoctando en la Ciutat de la Justicia.
Las plazas que ofrece la DGAIA para los jóvenes no paran de crecer y este 2017 se han proporcionado 306 nuevas, que deben ayudar a dar acogida a los 1.581 menores extranjeros que están atendiendo actualmente. “Nos enfrentamos a una situación que va más allá de nosotros, y más allá del gobierno, es un asunto de país”, aceptan fuentes de la DGAIA.
“Esperaban en los calabozos como delincuentes”
La DGAIA, por ley, es responsable de los menores migrantes en cuanto llegan a Catalunya. Esto implica que debe llevarlos inmediatamente a un centro de acogida a la espera de que se les identifique y se les realicen las pruebas de la muñeca y de la mandíbula con el objetivo de determinar que efectivamente son menores de edad. Esto se hace en la Ciutat de la Justícia.
Pero la falta de plazas donde ubicarlos ha hecho que el procedimiento se esté dando “totalmente a la inversa”, denuncia Parés, que explica que la DGAIA envía directamente a los menores a la Ciutat de la Justícia donde, en la zona de custodia de los Mossos d'Esquadra, se les realizan las pruebas médicas. Es un procedimiento que normalmente se hace en unas cuatro horas, pero la falta de recursos y el aumento del flujo migratorio hace que los chicos no hayan pido ser ubicados en ningún centro y, a pesar de estar identificados, se quedasen en la zona de custodia. A principios de noviembre la saturación llegó al punto de que esa zona ya estaba llena, con lo que los jóvenes pasaron a ocupar la sala de espera, dando origen a la escena que retrataba Parés.
“Se puede decir de la manera que se quiera, pero esos niños estaban en celdas, en los calabozos, compartiendo espacio con chicos que sí han cometido delitos. Esto les envía un mensaje de criminalización que va calando en ellos poco a poco. Sólo estaban allí porque no tienen una familia y están desamparados y eso no es ningún crimen”, condena el abogado, que defiende legalmente a 15 de aquellos jóvenes y que a principios de noviembre presentó una denuncia que llegó a la ONU.
Esta denuncia se suma a otras quejas presentadas en menos de un mes referente a la situación de estos menores por su estancia en la Ciudad de la Justicia. La ONG Save the Children y la Fiscalía de Barcelona ya alertaron a la DGAIA. Fuentes cercanas a la Fiscalía declaran que “estos niños estaban en la Fiscalía porque los centros de protección están llenos, no porque la Fiscalía se retrasara en la realización de las pruebas”, y recuerdan que la “responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados es de la DGAIA y no de la Fiscalía”.
Ahora, sin embargo, la juez decana de Barcelona ha puesto fin al asunto decretando que ningún menor puede volver a pernoctar en la Ciutat de la Justícia, por lo que los menores están quedándose en el Instituto de Medicina Legal (IMLC ) desde el lunes. Según fuentes de la DGAIA, allí se intenta que no haya nunca más de 16 jóvenes ni que pasen más de una noche. Albert Parés admite que “toda esta situación se da por una falta de recursos”, pero añade que “eso no quita que quienes son responsables de los menores no estén cumpliendo”.
Cambio de perfil entre los jóvenes
Una de las claves que destacan desde la DGAIA es que el perfil de los menores que llegan a Catalunya ha cambiado en los últimos meses: “Nos encontramos con jóvenes que no tienen un problema de desamparo, que rondan los 17 años, por lo que son considerados prácticamente adultos y, por tanto, encontramos que su migración es más bien de emancipación económica”, defienden.
Lo que buscan estos jóvenes, según la DGAIA, es conseguir autonomía y enviar dinero a sus familias. “No buscan ser tutelados”, añaden. Por lo cual, la tipología de centros de los que dispone la DGAIA no sirven para el que predomina actualmente. Por ello, tienen previsto abrir en los próximos meses hasta 242 plazas en pisos asistidos destinados a jóvenes de entre 16 a 18 años, donde “serán más autónomos, aunque no dejarán nunca de contar con asesoramiento y compañía de educadores” , concretan desde la DGAIA.
El Goven aprobó en octubre la creación de una Mesa de atención integral de los menores extranjeros sin referentes familiares. Esta coordinará acciones de la Generalitat y otros organismos públicos, como los departamentos de Trabajo, Salud e Interior, así como de entidades del tercer sector para fomentar la emancipación de los menores. La primera reunión de esta Mesa, sin embargo, estaba pensada para la primera semana de noviembre, cuando varios consejeros fueron encarcelados. Por lo tanto, este primer encuentro se ha aplazado hasta el 23 de noviembre alargando un poco más aún la espera de estos jóvenes que no estaba pensada para ser tan larga.