El uso del catalán en la Justicia ha pasado de minoritario a casi inexistente. Del 20,1% de sentencias en catalán que se emitieron en 2005 se ha pasado a un 6,9% en 2021, la cifra más baja de los últimos tres lustros. Para intentar remediar la situación la conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha presentado este jueves un plan para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes.
La conselleria de Justicia, que pilota Lourdes Ciuró, ha analizado por primera vez el uso del catalán en el sentido más amplio de la administración de Justicia (no solo jueces y magistrados, sino también abogados, fiscales, funcionarios de las oficinas judiciales y de los centros penitenciarios y forenses). Más allá del número de sentencias, que constatan el bajo nivel de uso del catalán entre los togados, destaca el nivel de incumplimiento de la opción lingüística que escogen los catalanohablantes para tramitar sus demandas.
Según los datos presentados por Justicia este jueves, un total de 376.627 demandas de las jurisdicciones social, contenciosa administrativa y civil pidieron ser tramitadas en catalán, pero recibieron respuesta en castellano por parte de las oficinas judiciales. Una cifra que preocupa al Govern, más si cabe porque, del total de demandas que se presentan en Catalunya, solo el 6% piden ser tramitadas en catalán.
En términos relativos, se trata de un 81,3% de incumplimiento de la opción lingüística en las demandas que piden ser tramitadas en catalán. El porcentaje se reduce al 3% cuando la demanda solicita respuesta en castellano.
La falta de uso del catalán se produce mucho antes de llegar a los juzgados: el estudio del Govern revela que un 52,9% de las clases de los grados en Derecho de las universidades catalanas se imparte en castellano, porcentaje que se eleva al 65,5% en los másteres obligatorios para colegiarse como abogado. En las universidades públicas el porcentaje de uso lectivo del catalán se sitúa en el 48%.
La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha señalado la paradoja de que hasta la mayoría de manuales de Derecho Civil catalán son en castellano. En 2021, solo 38 personas realizaron la prueba de acceso a la abogacía en catalán. De esta forma, los estudiantes se acostumbran a emplear el catalán desde la primera etapa de su formación, lo que luego dificulta un cambio de idioma y de expresiones jurídicas.
“Queremos fomentar el uso del catalán para empezar a revertir tendencias”, ha dicho Ciuró, que ha presentado varias medidas al respecto. Entre ellas, destacan un pacto nacional por la Justicia junto a todos los operadores jurídicos en los que un grupo de trabajo abordará específicamente la cuestión lingüística. También se pondrá en marcha en todos los juzgados de un código QR con el que interponer quejas por vulneraciones de derechos lingüísticos. .
“El objetivo es que el catalán sea lengua de uso también en la Justicia. Si se omite la voluntad del administrado, no se ayuda a sentir próxima a la Justicia y si no se garantiza el derecho a la opción lingüística no se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva”, ha aseverado Ciuró.