La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no tiene intención alguna de dejar el cargo pese a su procesamiento por corrupción. Así lo ha querido dejar claro Borràs este martes en una comparecencia extraordinaria en la Cámara, en la que ha cargado contra todos los partidos de la oposición que le reclaman un paso al lado para proteger a la institución. “No dimito. No me rendiré”, ha manifestado la presidenta de Junts.
Borràs está cada vez más arrinconada por su caso de corrupción. La Fiscalía concretará en los próximos días las penas de cárcel que pide a Borràs por el fraccionamiento de contratos para presuntamente beneficiar a su amigo Isaías H. en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre los años 2013 y 2018. Borràs está procesada por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.
Una vez formalizada la acusación de Anticorrupción, el juez ya podrá abrir juicio oral contra Borràs. Este será el momento crítico para la presidenta del Parlament, ya que el reglamento de la Cámara estipula la suspensión de cualquier diputado a quien se le abra juicio oral por delitos de corrupción. Este momento procesal podría llegar incluso antes de las vacaciones de agosto.
La oposición en bloque exige la dimisión de Borràs ante la necesidad de preservar la dignidad del Parlament y de no confundir la institución con la estrategia de defensa personal. Por su lado, ERC y la CUP evitan pedir explícitamente la renuncia de Borràs, si bien ya se preparan para dejarla caer una vez sea firme la apertura de juicio oral. Solo Junts apoya en público a Borràs, aunque en privado sectores del partido constatan que la situación judicial de la recién elegida presidenta de la formación provoca un desgaste en la marca.
Tras varios días de silencio y de martilleo de la oposición, Borràs ha querido responder a todos los partidos, en especial a sus teóricos socios independentistas, aunque sin citarlos expresamente. “No tengo intención de dar un paso al lado ante los que reclaman, con poca capacidad para disimular, que lo que quieren es apartarme de la vida política”, ha aseverado.
“Soy inocente”, ha insistido en proclamar Borràs, que no se ha referido al aluvión de indicios que pesan en su contra, desde comprometedores correos electrónicos con su amigo a los informes de la Intervención de la Generalitat en los que se alertaba del exceso de contratos a dedo en la ILC, pasando por los audios en los que la presidenta del Parlament pedía a un funcionario que la avisara si los Mossos volvían a la sede de la entidad.
“Es pensando en la dignidad del Parlament que pienso que no he de dimitir”, ha defendido Borràs, para a renglón seguido afear a los partidos políticos que hayan promovido “un interesado debate” sobre su continuidad al frente de la Cámara.
En línea con su argumentario habitual, Borràs se ha presentado como víctima y ha acusado a sus críticos de “omitir el contexto de represión” contra el independentismo. Aunque no se investiga a Borràs por ninguna actividad ligada al procés, la líder de Junts ha asegurado que el caso “no hubiera llegado tan lejos” de no ser ella la investigada.
“Censuro que se quiera aprovechar la autoritaria actividad de la Justicia para apartarme políticamente antes de ser juzgada”, ha incidido Borràs, que ha recalcado que no denuncia la supuesta “persecución política” para rehuir sus responsabilidades, sino porque, a su juicio, es víctima de una “investigación prospectiva”.
En el plano jurídico, Borràs intenta ganar tiempo. El pasado viernes la líder de Junts pidió al juez que, antes de enviarla a juicio –el momento crítico para mantener su cargo institucional–, consulte al Tribunal Constitucional (TC) si la puede juzgar un jurado popular, pese a que el delito de prevaricación por el que está procesada lo deben enjuiciar un tribunal de magistrados y no un jurado. Cabe recordar que Borràs no pidió un jurado la primera vez que fue procesada.
Consciente de que su futuro judicial es una espada de Damocles en su carrera política, Borràs promueve desde hace meses una reforma del reglamento del Parlament para blindarse en el cargo al menos hasta que el caso tenga sentencia, no antes del juicio. Los letrados del Parlament avalan la posición de Borràs, ya que desde una perspectiva jurídica y garantista creen que privar a un diputado de su condición sin sentencia firme no respeta la presunción de inocencia.
Los partidos no tiene intención de que Borràs sea una excepción al reglamento del Parlament y ya le han enseñado la puerta de salida de la Cámara. De momento Borràs se resiste a traspasarla voluntariamente. El tiempo (y el reglamento) dirán cuándo debe hacerlo obligatoriamente.