Desde que se aprobó la ley contra la pobreza energética en Catalunya, en 2015, se han evitado más de 200.000 cortes de suministro por impagos de facturas. Esta es la cifra más exhaustiva conocida hasta la fecha, recogida por la Aliança per la Pobresa Energètica (APE) y Enginyeria Sense Fronteres en un informe presentado este jueves. Su estimación es que más de 100.000 hogares se han beneficiado de esta cobertura de emergencia, aunque el gran problema de la norma sigue siendo quién asume la deuda, si las familias, la Administración o las empresas.
Los autores del informe recabaron sus datos a partir de una petición de acceso a la información dirigida al entonces Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia –hoy de Derechos Sociales– para el período que va entre 2015, cuando se aprobó por unanimidad la ley en el Parlament, y 2020. En total, en estos cinco años se tramitaron por parte de las administraciones locales al menos 286.103 Informes de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER), la herramienta con la que los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad necesaria para impedir el corte. Pero no todos estos informes son positivos. En los listados de impagos que la empresas remiten a las administraciones, un 18,2% no cumplen con los requisitos. De ahí que se estime que la cifra de cortes que seguro se han evitado esté en torno a los 200.000.
Con todo, Maria Campuzano, portavoz de la APE, ha defendido que esta cifra es el resultado de un cálculo “conservador”, porque se hace en base a las respuestas aportadas por 693 municipios, que no son todos los que hay en Catalunya aunque representan el 83% de la población. “Estamos convencidos de que se han evitado muchísimos más cortes”, ha asegurado.
La ley 24/2015, de medidas urgentes en el ámbito de la pobreza energética y la vivienda, establece que no se puede cortar el suministro de electricidad, agua o gas de un hogar si este se encuentra en riesgo de vulnerabilidad. Antes hay que solicitar un informe de los servicios sociales. “La realidad es que al inicio se aplicaba muy poco, pero tras el caso de Reus en 2016 [una mujer mayor falleció en un incendio fruto de la pobreza energética] las eléctricas empezaron a cumplir porque la Generalitat las comenzó a sancionar”, ha argumentado Campuzano. El problema es que muchas de estas multas han sido tumbadas recientemente en los juzgados.
El informe recoge también los datos de las ayudas abonadas por las Administraciones locales y la Generalitat para el pago de facturas. En total, 35,3 millones de euros para 184.000 unidades familiares que de nuevo no reflejan la todalidad de la fotografía, puesto que en este caso los datos corresponden al 70% de la población de Catalunya.
Estas compensaciones, sin embargo, no son el escenario deseado por la APE, que insiste en que no debería ser la Administración pública la que asuma el coste de la pobreza energética, sino las empresas suministradoras. “No nos cansaremos de repetir que hay que firmar convenios con las suministradoras para que sean ellas las que asuman la deuda de las familias”, ha insistido este jueves Campuzano.
Este es a día de hoy el principal nudo a desenredar en el despliegue de la ley. La norma establece que se deben firmar convenios para que sean las suministradoras las que asuman la factura de los impagos, pero no están obligadas. En este sentido, han puesto como ejemplo el caso de Endesa, que alcanzó en marzo de 2021 un acuerdo con la Generalitat para hacerse cargo del parte de la deuda acumulada a lo largo de los años por 35.518 hogares impagadores. En concreto, el 100% de las facturas de 2015 a 2018 y el 50% de 2019, 2020 y 2021.
Pese a todo, desde la APE y Enginyeria sense Fronteres lamentan que todavía es una incógnita saber a cuántas familias vulnerables sí se les corta la luz o el gas, puesto que este dato está en manos de las empresas y no lo hacen público. Y también recuerdan que la supresión de los suministros es solamente la parte más “extrema” de la pobreza energética. “Estamos hablando de la gente que deja de pagar facturas, pero antes hay muchos otros que pagan a costa de privarse de otras necesidades básicas o que piden dinero para hacerlo, y esto también es pobreza energética”, ha recordado Campuzano.