Es una buena noticia que el acuerdo entre el PSOE y Sumar incorpore un compromiso para elaborar una ley de cuidados, aunque no conozcamos apenas ningún detalle. Por el momento, se trata de un aspecto destacado entre numerosas medidas para una investidura que aún está por definirse. Entre todas ellas, esta me parece especialmente inspiradora y me voy a permitir soñar que lo que hoy no es más que un enigma, aunque pueda acabar siendo solo un avance modesto, tenga el potencial de representar una auténtica revolución.
Las economistas feministas ya desde las décadas de los 60 y 70 vienen planteando la cuestión del trabajo de cuidados como un elemento central para transformar nuestro sistema económico y social. La recién anunciada ley de cuidados podría ser una herramienta clave para abordar la distribución desigual de este trabajo, que recae principalmente en las mujeres. Esta división del trabajo es uno de los principales desafíos feministas del siglo actual.
El trabajo reproductivo y de cuidados, que incluye la atención a la infancia, personas mayores y dependientes, es fundamental para el funcionamiento de la economía y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, este trabajo suele ser invisible, infravalorado y en buena parte no remunerado, siendo las mujeres las que lo asumen mayoritariamente. Esto no solo perpetúa roles de género, sino que también limita la plena participación de las mujeres en el ámbito laboral, a la vez que impacta en su economía, salud y bienestar. La ley de cuidados representa una oportunidad para abordar este problema de frente y avanzar hacia una mayor cobertura pública de los servicios, promoviendo un sistema económico más justo.
Por un lado, es una oportunidad enorme para el reconocimiento del valor social de los cuidados y el avance en una redistribución equitativa. Esto implica reconocer y apreciar el trabajo de cuidados, que es esencial para el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Es imprescindible avanzar en la promoción de una visión más colectiva de los cuidados, fomentar la participación de la comunidad y las familias en la provisión de cuidados, de manera que la responsabilidad no recaiga únicamente en unas pocas personas, sino que sea compartida de manera equitativa. Me gusta cómo Amaia Pérez Orozco nos invita a reconsiderar cómo valoramos el desarrollo, la riqueza y el trabajo, reconociendo la contribución esencial de las tareas cotidianas para mantener nuestras vidas.
En segundo lugar, no podemos aspirar a menos que a transformar el mercado laboral de cuidados y cuestionar la lógica del lucro. El mercado laboral de cuidados está fuertemente feminizado y caracterizado por una precariedad que impacta especialmente sobre mujeres migrantes. Es urgente abordar este desequilibrio, mejorando las condiciones laborales y garantizando que quienes brindan cuidados reciban una remuneración justa y condiciones de trabajo adecuadas.
Y eso es aún más clave cuando quien contrata es la propia Administración Pública, como es el caso de los Ayuntamientos con los Servicios de Atención Domiciliaria y otros servicios de cuidado. La contratación pública tiene que contar con mecanismos para garantizar la prestación de cuidados de calidad, que son incompatibles con la búsqueda de beneficios sin límite. Es el momento de cuestionar la lógica del ánimo de lucro en la provisión de cuidados y garantizar que la atención se centre en las personas y no en las ganancias.
Tal y como se ha expresado en la Mesa Asesora por los Cuidados impulsada por el Ministerio de Igualdad, el derecho al cuidado debe ser asumido como una responsabilidad pública y para que eso pase, hay que desarrollar un Sistema Estatal de Cuidados que garantice la universalidad en la atención educativa y de cuidados en la infancia, además de ampliar la cobertura de asistencia para las personas dependientes, desde una perspectiva de autonomía. No se trata solo de cuidar a las más jóvenes o a las más mayores, sino de abordar las necesidades de todas las personas que puedan requerir cuidados, sin importar su edad o situación.
Esta Ley se enfrenta a desafíos apremiantes y debe abordarlos desde su concepción, adoptando un enfoque territorial y un modelo público-comunitario. En este modelo, las ciudades desempeñan un rol esencial en la promoción del derecho a los cuidados, beneficiando tanto a quienes los reciben como a quienes los brindan. Esto implica la necesidad de transformar la planificación, el diseño y la infraestructura urbana para fomentar una perspectiva más colectiva y equitativa en la provisión de cuidados.
En definitiva, tenemos una gran oportunidad para abordar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de los cuidados, transformar el mercado laboral de cuidados y cuestionar la lógica de lucro en la provisión. Es hora de considerar el cuidado como un derecho público y un compromiso colectivo. La Ley de Cuidados no solo será una medida legislativa, sino que puede ser un paso hacia un sistema económico más justo y equitativo.