Cualquiera que haya seguido la actualidad política catalana sabe que, a diferencia de lo que pasa en otras administraciones, que se aprueben unos presupuestos cada año no está ni mucho menos asegurado en la Generalitat. En los últimos cinco años solo se han aprobado dos proyectos económicos y el conseller de Economía se ha tenido que empeñar en negociaciones largas y arduas para sacarlos adelante. Pero este verano el clima ha cambiado y al menos dos grupos parecen estar dispuestos a negociar los presupuestos de cara a 2022. A la CUP se le da por descontado, por ser considerado un socio preferente tras haber facilitado la investidura de Pere Aragonès. Pero en un giro de guión, el PSC también se ha mostrado abierto a hablar de las cuentas. Una iniciativa que ha descolocado el esquema de socios del Govern.
Los socialistas ya venían avanzando que esta legislatura mantendrían una posición más dialogante y abierta a acuerdos con el Ejecutivo de Pere Aragonès, en consonancia con el nuevo momento político en Catalunya. Pero el jefe de la oposición y líder del PSC concretó este martes en una entrevista en Catalunya Ràdio que esa voluntad incluso pasa por negociar la ley más importante del año. “Catalunya necesita unos presupuestos y al PSC le puede el principio de responsabilidad”, afirmó Salvador Illa. “A partir de aquí, no quiero interferir en nada”, recalcó, tras asegurar que, en la mayoría de la investidura, conformada únicamente por los partidos independentistas, había “contradicciones”.
La oferta de Illa llega tras unas semanas estivales en las que desde la CUP no han parado de lanzar mensajes de disgusto respecto a la actuación del Govern. Los anticapitalistas fueron beligerantes en julio pasado con el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y el Gobierno central para la ampliación del aeropuerto del Prat, asuntos a los que se sumaron a la candidatura para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en la sede de “Barcelona-Pirineos” y la inyección de 19 millones al Circuit de Catalunya. A la formación tampoco le ha gustado nada que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, se desvinculase del acuerdo para desprivatizar el 061 y el transporte sanitario en una entrevista con elDiario.es
La distancia entre el Govern y sus principales socios, al menos sobre el papel, es patente. Y la oferta de los socialistas para conformar una mayoría alternativa que permita aprobar las cuentas ha avivado aún más el debate sobre los pactos de los partidos independentistas y del Govern. Más aún cuando la madeja de acuerdos tejida por Aragonès para lograr su investidura incluye un pacto entre ERC y la CUP, pero en el que no está Junts, y un acuerdo entre los dos partidos del Govern que los anticapitalistas no han suscrito. Un triángulo de compromisos que ya ha sido fuente de controversia interna y a lo que hay que sumarle que Junts es un partido donde nunca se echan de menos las corrientes que divergen ni los versos libres.
El propio Aragonès ha salido dos veces a lo largo de este mes de agosto para tratar de sofocar un debate que por el momento desea evitar. “Queremos sacar adelante los presupuestos con los socios de la investidura: ERC, Junts y CUP”, aseguró el president el pasado fin de semana en una entrevista con la agencia ACN. En su opinión, un pacto con el PSC sería “incoherente” con el acuerdo de gobierno, con el pacto con la CUP y con la dirección que desea conferirle a este inicio de la legislatura. Un par de semanas antes Aragonès había llamado a no meter prisa a los anticapitalistas y permitir una negociación calmada en la que las partes pudieran analizar y discutir las partidas y los fondos.
El encargado de seducir a la CUP es Jaume Giró, un conseller de Economía llegado directamente de la empresa privada y con antecedentes en La Caixa cuyo perfil es uno de los más alejados de los anticapitalistas. Giró lleva desde junio pasado sentando las bases de la ley y ya ha tenido contactos informales con los anticapitalistas. Pese a los obstáculos, la CUP no tiene previsto renunciar a la negociación de entrada, pero sí hacer valer sus condiciones, no solo respecto a las cuentas sino también en la dirección de la legislatura. Tras un verano de desencuentros en el partido consideran que esta negociación es el momento adecuado para poner toda la carne en el asador y comprobar si el Govern en su conjunto está o no dispuesto a llevar a cabo los compromisos que ERC suscribió en marzo pasado.
Pese a que la CUP sigue siendo el socio prioritario, lo cierto es que los dos partidos del Ejecutivo catalán han mostrado su disponibilidad para llegar a acuerdos con partidos que no son independentistas. El año pasado el binomio formado por Quim Torra y Pere Aragonès ya consiguió acercar a los Comuns a sus posiciones para aprobar las cuentas catalanas y, tal y como ocurrió en el último ejercicio, los republicanos han vuelto a colocarse en la mejor posición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Tampoco el vicepresident Jordi Puigneró ha tenido empacho de firmar el acuerdo por la ampliación de El Prat con la ministra socialista de Transportes, Raquel Sánchez. En Junts ganan peso quienes opinan que, una vez aceptada una prórroga de dos años para dialogar con el Gobierno en la mesa de negociación bilateral, ha llegado la hora de pactar sin escrúpulos en Madrid y en Barcelona las cuestiones que sean de interés. Esta era por ejemplo la tesis que la semana pasada defendía en El Nacional el catedrático Agustí Colomines, un hombre que se considera cercano a los de Carles Puigdemont.
El PSC se prepara para dejar atrás la era Iceta
Los socialistas han visto en las diferencias en el bloque independentista una buena oportunidad para acabar de romper la política de bloques instalada en el Parlament desde el inicio del procés. Con una ERC que ha hecho méritos para ser considerada un aliado (casi siempre) fiable en Madrid, los socialistas ven ahora un eventual apoyo a las cuentas como un gesto con más ventajas que inconvenientes. El PSC se recoloca así para una nueva etapa parlamentaria en Catalunya, que completará consolidando los cambios en su cuadro de mandos. Según confirmó Illa los socialistas catalanes celebrarán un congreso extraordinario este otoño para hacer oficial el relevo de Miquel Iceta como primer secretario de la formación.
Aunque el proceso debe validarse y arrancarse por la Ejecutiva del partido la semana que viene, el cónclave catalán seguro que no se celebrará antes que el congreso federal del PSOE, fijado para los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia. El objetivo de este paso es completar la transición tranquila abierta cuando Illa encabezó la lista electoral en febrero pasado y decir adiós a la era de Miquel Iceta, considerada crucial para el histórico triunfo obtenido en las últimas autonómicas. Pero, por bien considerado que esté el ministro de Cultura y Deportes, Illa no es Iceta y tras tomar definitivamente las riendas de la nave socialista quiere marcar su impronta.
En lo inmediato, del congreso deberá salir un nueva Ejecutiva, incluyendo la persona que sustituya al propio Illa como secretario de organización. A medio plazo, el objetivo del nuevo líder es impulsar un relevo generacional en el Partido Socialista con la mirada puesta en las elecciones municipales de mayo de 2023, para las que quedan poco más de 20 meses. Tras la victoria a votos en el Parlament, el PSC se ve capaz de arrasar en los comicios locales, con especial interés en Barcelona, donde hasta 2011 siempre gobernaron y donde, volver a obtener la alcaldía, rubricaría el retorno del PSC a sus máximas cuotas de poder.