La vuelta al colegio es ya un hecho en España y, tras orientar todos los focos sobre las autoridades escolares –incluida la Ministra de Educación, Isabel Celaá–, empieza a ser el turno de las universidades. La diferencia es que hasta ahora las luces no siempre han encontrado al ministro del ramo, Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1942). Su ausencia de la primera línea durante semanas –y hasta el pasado día 3– le ha acarreado varias críticas por falta de liderazgo en plena pandemia. De puertas adentro, sin embargo, rectores y estudiantes se muestran satisfechos con el trabajo realizado.
Su desaparición del mapa, dijo sin rodeos Castells, es una “leyenda urbana”. Así se defendió ante los medios de comunicación el pasado 3 de septiembre, en la rueda de prensa junto a la Conferencia de Rectores para detallar los planes de apertura de las universidades públicas. Su última comparecencia había sido cuatro meses y medio atrás, el 23 de abril, cuando la epidemia estaba en pleno pico en España y las facultades se apresuraban a adaptar sus planes de estudio al modelo telemático. Castells arguyó que si desde entonces no ha tenido mayor proyección es porque la Moncloa tenía otras prioridades de comunicación derivadas de la crisis sanitaria, lo que dio al traste con su intención de dar una rueda de prensa al mes, y añadió que entonces como ahora lo que le preocupa a él son las medidas impulsadas. “Si quieren que aparezca mucho más, apareceré, pero aparte de esto hay que trabajar”, reivindicó, desafiante.
Castells celebró su comparecencia tres días después de ausentarse de la reunión de las comunidades autónomas con su ministerio debido a una operación en la espalda no grave, pero sí urgente. Atribuyó las quejas por su ausencia a una “campaña política” y sacó sus cifras para contrarrestar las acusaciones: 11 entrevistas desde que tomó posesión, dos comparecencias en el Congreso y otra en el Senado. Esta última de ocho horas de duración.
Desde la comunidad universitaria aseguran que las reuniones, antes pero sobre todo durante la pandemia, han sido constantes. No siempre con el ministro, por el carácter más técnico de lo que se debatía, pero sí con miembros de su departamento, especialmente con el secretario general, José Manuel Pingarrón. Es el caso de los rectores, con los que pactaron en poco tiempo las adaptaciones de la EVAU, el retorno de los Erasmus, la adaptación de la guía docente… Y de los estudiantes, que han mantenido encuentros mensuales con representantes del ministerio y se sienten escuchados.
No ocurre lo mismo con los sindicatos de profesores, con quienes el diálogo ha sido menos fluido. “Le reclamamos más liderazgo en el proceso; entendemos que existe la autonomía universitaria, pero se podrían haber consensuado medidas”, valora Encina González, secretaria general de Universidades de CCOO. Esta docente pone como ejemplo los planes de trabajo a distancia y la formación para ello, que se ha dejado en manos de los campus cuando, defiende, se podrían haber fijado unas bases para todos desde el ministerio.
Crítica a sus declaraciones frívolas
Aunque los ataques de la oposición política se han centrado en su ausencia de la esfera pública, de la que han deducido una dejación de funciones que el ministro niega, los agentes universitarios consultados tampoco ven una menor actividad respecto a titulares anteriores de la misma cartera. Lo que sí le reprochan es que, en las pocas ocasiones en las que se ha dirigido a los medios, haya caído a veces en declaraciones un tanto frívolas, poco propias de un ministro. El mayor ejemplo de ello es su referencia a aquellos estudiantes que, durante el confinamiento, pedían volver a sus pisos y residencias en la ciudad para recuperar sus apuntes. “Se fueron alegremente con sus familias, hogar de referencia o lugares más divertidos, se dejaron abandonados en sus residencias los portátiles, apuntes, libros… Problemita, ¿Cómo van a preparar los exámenes sin lo que se dejaron allí?”, comentó en la Cadena Ser.
Las palabras sentaron como un insulto entre el estudiantado. Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) le enviaron una carta acusándolo de faltarles al respeto, a lo que el ministro les respondió con una disculpa. Andrea Aparicio, presidenta de la coordinadora, lo resume así: “Las formas no siempre han sido las más adecuadas”.
Que Castells regalaría titulares a la prensa por sus declaraciones imprevisibles y no siempre alineadas con su Gobierno no era ningún secreto desde que accedió al cargo, reservado a la cuota de los ‘comuns’ de Ada Colau. En la toma de posesión ya eclipsó a sus compañeros del Consejo de Ministros con una de las frases del día, en referencia a la división entre su cartera y la de Ciencia: “Yo, personalmente, no comparto esta separación”.
Castells asumió el cargo después de casi 50 años de una trayectoria académica valorada en todo el mundo y sin intención de hacer carrera política, lo que le permite ser un verso suelto que repara poco en lo que piensen de él fuera del círculo universitario. Si no, difícilmente hubiese conservado su columna periódica en La Vanguardia, una cita a la que no ha faltado durante estos meses (a excepción de agosto). “Tiene un perfil más académico que de gestión, algo que deja para sus subalternos. Aún así, es una persona ejecutiva”, asegura un destacado miembro de una universidad catalana.
Matrículas, becas y el estatuto del profesorado
Más allá de sus palabras, el balance de medidas adoptadas por su ministerio desde que empezó a andar en enero no tiene nada que envidiar de los anteriores en cuanto a fertilidad de propuestas, teniendo en cuenta que buena parte del mandato ha transcurrido en plena epidemia y estado de alarma. Entre las iniciativas más destacadas está la fijación de un tope para los precios de los grados –que obligará a muchas comunidades a abaratar las matrículas que se dispararon con los recortes del PP– y la eliminación de los resultados académicos como criterio para otorgar becas a los estudiantes (con una partida un 22% superior). Ambas medidas dieron respuesta a una demanda histórica que iba más allá de los estudiantes.
Sin embargo, no todas sus propuestas han sido tan celebradas. En el otro extremo está su borrador de real decreto de ordenación de las enseñanzas oficiales del sistema universitario, que se encontró con el rechazo del profesorado, que vio en él una parte del modelo universitario que defiende Castells –por su experiencia en Estados Unidos– y que no comparten: el de una mayor flexibilización de las estructuras universitarias, con menor peso del funcionariado y más colaboración con la empresa privada. El real decreto abría la puerta a un modelo de grados y másteres duales según el cual los estudiantes podrían sacarse el título con un hasta un 50% de prácticas en el sector privado. El proyecto acabó rápidamente en un cajón y se cerró la polémica.
Por último, está el Estatuto del Personal Docente e Investigador, un borrador presentado más recientemente y con el que la controversia sigue abierta. El ministro defiende que es una fórmula para acabar con la precariedad del profesorado asociado, una de sus promesas más repetidas desde que tomó posesión, pero este colectivo considera que la norma podría acabar siendo todo lo contrario. Lo que establece el texto es que los asociados deberán tener un empleo fuera de la universidad y no impartir más de 60 horas de docencia anuales, algo que encaja con el perfil teórico de esta figura académica, pero no con la realidad de muchos profesores que ostentan hoy una de estas plazas como su único trabajo.
Docencia mixta en un curso incierto
Igual que con los colegios y el inicio del curso escolar, las bases de los protocolos sanitarios están sentadas en las universidades, pero nadie sabe a ciencia cierta si se lograrán evitar contagios en los campus o si, por el contrario, estos se multiplicarán entre profesorado y estudiantes. Las medidas de seguridad pasan en todas las universidades por usar siempre la mascarilla y mantener la distancia física entre personas. Cuando esto último no sea posible –y no lo suele ser en la mayoría de clases magistrales– el docente impartirá su materia con un modelo de presencialidad mixta: una parte del alumnado en el aula y la otra, en su casa.
A partir de ahí, son las universidades las que, de acuerdo a su autonomía, deciden si necesitan más o menos docencia online y cómo la organizan. Por parte de la Conferencia de Rectores, la sintonía en los aspectos de la gestión de la pandemia es casi total.
Pero los estudiantes se han quejado al ministro de que todavía no saben qué clases presenciales van a recibir, con lo que muchos no pueden decidir si coger un piso cerca del campus o qué abono de transporte les beneficia más. Pero en el ministerio insisten en que esto deberían resolverlo los propios campus.
Fiel a su costumbre de no medir sus palabras por lo que dirán, Castells se sinceró en el acto con los rectores y reconoció no solo que la incertidumbre ha venido para quedarse –en esto pocos discrepan–, sino que no hay alternativa a esta apertura mixta. “El plan B no existe, consiste en sobrevivir en las condiciones que podamos”, resumió.