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El Parlament debatirá este jueves la ley principal de desconexión con el Estado
La Mesa del Parlament de Catalunya admitió a trámite la madrugada de este jueves la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, la principal ley de desconexión con le Estado impulsada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP. La previsión de los independentistas es que se vote en la sesión que la Cámara catalana retomará a las 10 h.
El acuerdo se adoptó al filo de la una de la madrugada, con los votos a favor de los cuatro miembros de JxSí en la Mesa, incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el voto contrario de los representantes de Ciudadanos y el PSC y la abstención del representante de Catalunya Sí Que Es Pot.
La oposición pidió la reconsideración de la admisión a trámite por parte de la Mesa, en cuya reunión el secretario general de la cámara catalana, Xavier Muro, advirtió a los presentes de que la tramitación de esta ley está afectada por los autos del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proceso soberanista.
En un pleno insólito y sin precedentes, entre múltiples suspensiones para reunir a la Mesa para valorar las objeciones de la oposición a los pasos dados por las fuerzas independentistas, el Parlament aprobó también la ley del referéndum y después el Govern en pleno ha firmado el decreto de convocatoria del 1-O.
Así pues, JxSí y la CUP prevén aprobar este jueves la ley de transitoriedad jurídica, aunque no entraría en vigor hasta que se haya celebrado el referéndum, siempre y cuando gane el 'sí' a la independencia. La ley de transitoriedad establece un periodo provisional para regular el tránsito entre la Catalunya autonómica y la independencia, para evitar un vacío legal en esta hipotética situación.
Esta ley regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Catalunya independiente. La fórmula elegida para hacer este cambio de legalidades es efectuar un desdoblamiento legal en Catalunya por el que, en ausencia de leyes propias, las leyes españolas siguen operando.
Entre sus artículos contempla la adquisición de nacionalidad catalana –que no exigirá renunciar a las otras–, mantener sin cambio las vigentes leyes de régimen local o europeas o la subrogación por parte del nuevo Estado de todos los contratos del Estado español en Catalunya, tales como los de obras, servicios o convenios, sin que se alteren sus condiciones.
