Catalunya Caixa tiene bajo lupa varias operaciones de crédito que, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, en suma llegan hasta los 900 millones de euros. Este dinero formaría parte de un paquete más grande, de hasta 6.000 millones, que investiga el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (Frob) y que afecta a varias entidades que fueron nacionalizadas. En el caso de la entidad catalana, lo que analiza el Frob, por si hubiera irregularidades, es la práctica de concesión de préstamos hipotecarios entre los años 2004 y 2007, cuando quienes gobernaban Catalunya Caixa eran Narcís Serra, como presidente, y Adolf Todó, como director general.
El Frob ha iniciado actuaciones judiciales para esclarecer si los créditos concedidos se dieron de acuerdo con la práctica ortodoxa en banca. Fuentes conocedoras de la entidad catalana han vinculado los créditos que estarían siendo objeto de análisis por la fiscalía a operaciones realizadas antes de 2010 y que tendrían como característica que los solicitantes del crédito eran empresas o promotores inmobiliarios medianos o grandes.
En muchas de estas operaciones entraba también la caja en joint ventures o negocios compartidos, en proporciones diversas desde el 30 al 50%. De acuerdo con cómo se operaba en ese momento las tasaciones que se hacían eran elevadas, y en muchas ocasiones el contratista aportaba además de la garantía hipotecaria una garantía personal. Pero cuando el mercado inmobiliario se hundió la primera reacción de la entidad de ahorros, ante la retirada de los promotores, fue asumir directamente la totalidad de la promoción y, al intentar venderla, o se hacía con pérdidas importantes o no se vendía y, por tanto, se contabilizaba como pérdida directamente.
El ministro de Guindos ha declarado que la mayor parte de estas últimas operaciones tiene que ver con la financiación, más concretamente se referirían a la concesión o cancelación de créditos con resultado perjudicial para la entidad.
Más allá de Catalunya Caixa, el Frob se ha personado como acusación en 19 operaciones individuales que suman 1.100 millones. Del total, 14 corresponden al Banco de Valencia, y las otras cinco se reparten entre Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caixa Galicia. Pero, más recientemente, el fondo público ha enviado a fiscalía otros 23 informes referidos a operaciones practicadas por Catalunya Caixa y Caixa Galicia. De estas operaciones, 16 corresponden a la caja catalana y siete a la entidad gallega. El primer grupo sumaría 900 millones y el segundo 600.
Cartera Hércules
Otra cosa diferente serían las actuaciones conocidas en Catalunya Caixa como cartera Hércules, que englobaban operaciones pequeñas, básicamente préstamos hipotecarios individuales que los analistas de la entidad consideraban que tenían alto peligro de quiebra, “riesgo subestandard”. En total este contingente, que sumaba casi 38.000 casos, tenía un volumen de 6.392 millones, aunque, fuentes laborales explican que había un porcentaje elevado de créditos que se pagaban con normalidad, aunque sus suscriptores estaban en el área de clientes de riesgo.
En el proceso previo a la privatización de Catalunya Caixa, este conjunto de hipotecas se vendió al fondo Blackstone, que para gestionar los activos creó la empresa Anticipa SA. El precio de venta fue de 3.615 millones. Con este dinero se compraron las hipotecas y / o locales que había en garantía, que en libros tenían un valor de 4.187 millones a lo que se sumaron las provisiones de 2.205 millones de la propia entidad y una aportación del Frob de 572 millones. Todo ello supuso pérdidas importantes para la caja, pero que el Frob autorizó para dejar la entidad limpia de productos tóxicos de cara a poder venderla al BBVA.