Los tres agentes de los Mossos d'Esquadra agredidos en las protestas en torno a la cárcel de Lledoners el 1 de febrero de 2019, el día del traslado de los presos del procés al Tribunal Supremo, han reconocido ante la jueza que no vieron quiénes eran sus agresores. Por esos hechos se sentaban este martes al banquillo de los acusados nueve activistas independentistas, conocidos como los ‘9 de Lledoners’, a quienes la Fiscalía pide hasta siete años de cárcel.
Los mossos también han admitido que vieron a los acusados montando las barricadas que cortaron esa mañana la carretera C-55. Sólo uno de los policías ha reconocido haber identificado a tres de los activistas juzgados, pero antes de los hechos, por “faltar al respeto” a los agentes.
Los '9 de Lledoners' se enfrentan a hasta siete años de cárcel por aquellos sucesos, por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Además de la petición de prisión de la Fiscalía, la Generalitat pide 15 meses de cárcel para tres de ellos. El juicio, que se celebra en el juzgado de Manresa, ha arrancado este martes con la declaración de los testigos y este miércoles será el turno de los encausados. Decenas de personas se han reunido en las puertas del juzgado para apoyar a los acusados.
Eva Pous, abogada de Alerta Solidaria, calificaba el juicio de “el enésimo intento de fiscalía, Mossos y la Generalitat de criminalizar las movilizaciones”. “Sólo esperamos la libre absolución de todas las encausadas”, reclamaba.
Pous ha valorado muy negativamente que la Generalitat ejerza de acusación particular: “Ninguna de las dos formaciones, ni Junts per Catalunya ni ERC, han hecho lo que entendíamos que debían hacer, que es retirar las acusaciones”. Además, la abogada ha criticado que, aparte de atentado a la autoridad, también les acusen de delitos públicos.
Por otro lado, la letrada también lamentado el papel de la fiscalía, que ha tachado de “cuestionable y sancionable”. En este sentido, Pous ha dicho que la fiscalía les pide las penas máximas “para forzar a que los encausados ​​a que acaben reconociendo unos hechos que no son ciertos”. Por todo ello, cree, el ministerio público sólo busca “criminalizar las movilizaciones y buscar condenas injustificadas”.