Macrooperación de los Mossos y la Policía Nacional contra los ladrones de carteras en el metro de Barcelona. 70 identificados y denunciados por un delito menor de hurto pero, de ellos, solo 23 detenidos. ¿La razón? Fuera de uno que estaba buscado por la policía, los otros 22 quedaron arrestados y fueron conducidos a la comisaría por presentar indicios de estar en situación irregular según la ley de Extranjería.
La pena a la que se enfrentan los 47 identificados que tienen nacionalidad española o los papeles en regla será, previsiblemente, una multa. Pero, por los mismos hechos, los que no tengan permiso de residencia pueden afrontar un encierro de varias semanas en un CIE y, si prospera, la deportación. De hecho, 19 personas han pasado este miércoles a disposición judicial, a la espera de que el juez decida ahora si ordena su expulsión del país. Mientras, los españoles, están en libertad.
El desigual futuro de los identificados en la operación de este miércoles en el metro es el resultado de una práctica que los Mossos d'Esquadra vienen usando desde el invierno pasado. La policía de la Generalitat ha optado por valerse del atajo legal que brinda la ley de Extranjería para 'deshacerse' de presuntos ladrones: aprovechar que están en situación irregular en España para aumentar el castigo a los acusados de delitos difíciles de demostrar o que, según el criterio policial, no están suficientemente penados por la ley y los jueces.
“Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance y esta es una más”, asegura un portavoz de los Mossos d'Esquadra, que considera que la multirreincidencia en el robo es un verdadero “agujero” del sistema judicial. La policía catalana, que ha vivido un verano de alta tensión por la llamada “crisis de seguridad” de Barcelona, asegura estar poniendo buena parte de sus esfuerzos en reducir los casos de pequeño hurto, que ha crecido un 30% en la primera parte del año.
Esta tipología, un robo sin fuerza ni intimidación y con un botín por debajo de los 400 euros, es además un delito en el que los Mossos consideran que están más desarmados ante los jueces. “Sale gratis”, afirman fuentes policiales, “como mucho se pone una multa que todavía incentiva más a estas personas a robar”. Para reforzar esta idea, la policía difundió la semana pasada el dato de que incluso los detenidos por robo con violencia pueden eludir la prisión, en hasta el 90% de los casos.
“Salta por encima de los derechos”
Pero las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos y contra el racismo censuran del todo esta práctica policial. “No puede ser que a través de las soluciones administrativas se vaya más allá de lo que podría hacer un juez penal, porque supone saltar por encima de los derechos”, explica el abogado del centro Iridia Andrés García Berrio, quien recuerda que el Parlament se comprometió en 2015 a trabajar por el cierre del CIE y contra las redadas racistas.
“Las identificaciones se producen en base al perfil racial, una práctica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya criticó en un caso contra el Estado español”, abunda Berrio. También la plataforma Tanquem els CIE carga con aspereza contra la operación de los Mossos. “Ligar la inmigración a los problemas de inseguridad y delincuencia es un mecanismo irresponsable y manipulador que esconde la verdadera inseguridad a que se ve sometida la mayoría de la población: la falta de vivienda, la precariedad, la pobreza, la desigualdad social y el racismo”, indica Mercè Duch.
Desde Tanquem apuntan además que, por muchos indicios que se tengan contra estas personas, finalmente la razón por la que se les detiene es la ley de Extranjería. Una legislación que califican de “racista”, en la medida que “discrimina a las personas en función de su origen y promueve un gran número de situaciones de maltrato, explotación e injusticia social”.
El Tribunal Supremo sentenció en julio de 2017 que la reincidencia múltiple en este tipo de robos no es causa suficiente para dictar prisión. Aquella decisión judicial fue criticada desde diversos sectores, del conseller del Interior, Miquel Buch, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hizo bandera de esto en materia de seguridad durante la campaña.
Con ese mismo argumento, la policía de la Generalitat defiende que la acumulación de robos deben suponer el ingreso en prisión. Pero, mientras eso no pasa, utiliza las opciones que da la ley de Extranjería contra los extranjeros sin papeles, especialmente si tienen antecedentes penales o policiales. Una vía a la que los Mossos habían prestado hasta el momento relativamente poca atención, al menos si se compara con los cuerpos que aúnan competencias en seguridad ciudadana y en extranjería, pero que el debate sobre la seguridad ha puesto bajo el foco.
Colaboración con la Policía Nacional
Desde el pasado abril la policía autonómica ha realizado varios dispositivos conjuntos con la Policía Nacional, y ya es raro el despliegue numeroso de Mossos que no venga acompañado de la colaboración de los agentes que responden ante el Ministerio del Interior. Uno de estos dispositivos fue las dos fases de la 'operación Merlí', llamada así por tener lugar en el instituto que sirvió de plató en la popular serie de TV3 Merlí. En abril, primero, y después en junio, Mossos y CNP lanzaron sendos operativos para desarticular un grupo de personas que se dedicaban al robo a diferentes escalas.
En aquella operación, en el abandonado institut Menéndez Pidal, cerca de La Vall d'Hebrón, hubo cerca de 90 detenidos, buena parte de ellos extranjeros, entre los que sobresalía la nacionalidad georgiana. Las acusaciones fueron diversas, como robos en domicilios o edificios particulares, y también atracos a personas en la calle. Pero la policía lo tenía más difícil con el grupo de detenidos que, aunque habían sido identificados como posibles carteristas, no podían acusar por no haber sido pillados in fraganti. Así que optaron por no centrarse en la acusación penal y dejarlos en manos de la Policía Nacional, que les incoó expedientes de expulsión. La mayoría de estos, cerca de una veintena, acabó en el Centro de Internamiento de Extranjeros.
Un dispositivo de Extranjería “permanente”
Unos 150 agentes de Mossos y Policía Nacional descendieron durante el mediodía de este miércoles a las estaciones de Sagrada Familia y Diagonal, dos de los puntos de la red de transporte más frecuentadas por turistas y que registran más denuncias por hurto. Allí pudieron identificar a unas 70 personas, ya fichadas previamente como carteristas habituales por agentes de paisano. La policía se felicitó por el golpe a los carteristas, indicando que entre los identificados suman 185 detenciones y 667 denuncias en total.
Pese a eso, el hecho de realizar el dispositivo en colaboración con la Policía Nacional revela que los Mossos ya tenían previsto dar centralidad a las infracciones por extranjería. No es la primera vez que ocurre así: en las últimas operaciones contra los narcopisos en el centro de Barcelona, agentes de la Policía Nacional siempre han estado presentes, en labores contra los ciudadanos en situación irregular. También al principio de este mes agentes del CNP acompañaron a los Mossos al desalojo de un campamento de personas sin techo en el Raval, donde 9 de los 12 detenidos acabaron en el CIE.
Fuentes de la policía autonómica afirman que su intención es convertir en permanente el dispositivo lanzado esta semana en el metro, incluyendo la colaboración con la Policía Nacional y, por lo tanto, los controles por ley de Extranjería. Según indican desde los Mossos, su valoración es que esta fórmula es útil contra el carterismo y contribuirá a rebajar tanto los hurtos como los robos con fuerza, el tipo delictivo en el que están más centrados. Además del metro, prevén extenderlo a otras zonas de la ciudad donde ocurren más robos, como el Front Marítim.