El de Ester Quintana es el caso de mutilación por bala de goma que más recorrido judicial ha tenido hasta el momento. La labor del juez instructor y la acusación particular de Quintana para salvar los obstáculos que les puso la conselleria de Interior durante la investigación permitió finalmente que dos mossos se sentaran en el banquillo de los acusados por primera vez en un caso de balas de goma. El tribunal ha terminado absolviéndoles al no poder determinar qué agente y qué arma policial le quitó un ojo a Quintana. En otros casos de balas de goma y de denuncias de agresiones policiales, no ha habido ni juicio porque no se ha podido apuntar a ningún agente como responsable.
Catalunya: siete víctimas desde el despliegue de los Mossos
Un total de siete personas han perdido un ojo por culpa de las balas de goma en Catalunya desde el despliegue de los Mossos. d'Esquadra en 2005. Nicola Tanno es una de las víctimas y ahora forma parte de la asociación Stop Bales de Goma. Su lesión ocurrió en 2010. Tanno explica en conversación con este diario que el desenlace del caso Quintana ha resultado “frustrante”. “El de Ester es un caso simbólico para todas las víctimas que no habíamos podido llevar a los Mossos a juicio”, señala.
Tanno, al igual que Quintana, cree que el caso hubiera terminado de forma distinta si Interior lo hubiera investigado correctamente, y recuerda que la conselleria encargó pesquisas al subinspector imputado. “El caso de Ester, el pacto del caso Juan Andrés Benítez o las cargas de estos días de los Mossos en Gràcia te hacen pensar que hay cosas que no pueden cambiar, pero hay que levantarse y seguir luchando”, añade.
En este sentido, el activista recoge el guante lanzado por la sentencia y pide que “por coherencia”, el Parlament prohíba los proyectiles policiales de foam –el tribunal ha sentenciado que no puede determinar si el arma que hirió a Quintana fue un foam o una bala de goma. Tanno también recuerda que gracias a la presión social en apoyo a Quintana, el Parlament prohibió las balas de goma.
Las pelotas de goma en la tragedia del Tarajal
Cerca de 400 personas intentaron entrar en suelo ceutí desde Marruecos en la madrugada del 6 de febrero de 2014, en las inmediaciones de la playa del Tarajal. Al menos 9 inmigrantes resultaron muertos por ahogamiento, aunque desde el principio se sospechó que podría haber más cuerpos sin aparecer. Posteriormente la cifra ascendió hasta 15 fallecidos. La Guardia Civil afirmó en un primer momento que no había tenido ninguna participación en los hechos, pero el goteo de testimonios publicados por eldiario.es hicieron cambiar la versión al ministro del Interior, que acabó reconociendo que se había empleado material antidisturbios.
Según reveló este diario y fue posteriormente admitido por Interior, agentes de la Guardia Civil usaron pelotas de goma, entre otro tipo de material, y dispararon contra los inmigrantes una vez estos estaban en el agua, tanto desde tierra como desde un barco. Un informe independiente acreditó la existencia de heridas por bala de goma tanto en algunos cadáveres como en heridos de la noche del 6 de febrero en el Tarajal.
En octubre de 2015, la jueza acabó archivando la causa contra 16 guardias civiles acusados de mal uso del material antidisturbios. La jueza consideró que el uso de las pelotas de goma y el resto de material había sido usado de forma adecuada y no consideró probado que un uso imprudente del mismo tuviera relación con las 15 muertes.
Caso Cabacas de la Ertzaintza
El caso por la muerte de Iñigo Cabacas de un pelotazo disparado por agentes de la Ertzaintza continúa sin juicio 4 años después y a un mes de que acabe el plazo para finalizar la instrucción, en la que han sido imputados seis ertzainas. Los hechos se remontan a febrero de 2012, cuando la policía vasca realizó una intervención contra un grupo de hinchas del Athletic que se encontraba en las inmediaciones de una herriko taberna tras un partido de su equipo. Aquella noche la Ertzaintza disparó hasta una decena de balas de goma a unos 25 metros del grupo que se encontraba en el callejón de María Díaz de Haro. El joven fue alcanzado por una de ellas en la cabeza y cayó al suelo. Murió en el hospital de Basurto unos días después.
El entonces consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, hoy uno de los nombres que suenan como ministro en un eventual gobierno del PSOE, abrió una investigación interna en el cuerpo que cerró cuando se inició la instrucción judicial. Desde aquel momento, la investigación judicial ha avanzado con lentitud y entre denuncias de obstrucción. Desde la plataforma Iñigo Gogoan, que lucha por el esclarecimiento del caso, temen que la investigación pueda cerrarse sin juicio.
El de Cabacas no es el único episodio negro de la policía vasca con balas de goma en los últimos años. El joven vitoriano Xuban Nafarrate pasó 19 días ingresado con un derrame cerebral en marzo de 2012, después de una intervención policial en el marco de la huelga general de aquel año en la capital alavesa. El joven siempre aseguró que había sido derribado por un pelotazo de los disparados por los escopeteros durante la intervención, y aportó una prueba pericial que así lo acreditaba. Sin embargo el juez no lo consideró probado y dio la razón a Interior del Gobierno Vasco, que aseguraba que el joven se había caído por un tropiezo. La denuncia de Nafarrate fue archivada.
Balas de goma desde la Transición
Las víctimas de las balas de goma, incluso mortales, se han sucedido tanto en Catalunya como en el resto de España desde la Transición. Un informe de Stop Bales de Goma reseñó que la primera víctima desde la Transición fue Just Casero, que perdió un ojo en una manifestación en Barcelona en 1976. Otras dos personas murieron en la comunidad después del impacto de una bala de goma en 1976 y 1977, mientras que tres resultaron heridas en distintas partes del cuerpo en 1978. Las dos siguientes mutilaciones de ojo por bala de goma en Catalunya ocurrieron en 1990 y en 2001.
Según el estudio, en el conjunto del Estado, entre 1990 y 2009 un total de 22 personas fueron cegadas de un ojo por culpa de una bala de goma. A estas víctimas hay que sumar los casos posteriores de Tanno, Quintana y otros dos ciudadanos en Barcelona durante la huelga general de marzo de 2012, así como dos en las marchas de la Dignidad en Madrid en 2014, que eleva la cifra de mutilados a 28.
La mayoría de víctimas resultó herida cuando la policía intervino en manifestaciones laborales, sindicales o vecinales o celebraciones futbolísticas. Las únicas cuatro condenas judiciales que reseñó en un informe sobre balas de goma el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán) no afectan a ningún agente, sino que obligan a las administraciones competentes en cada comunidad –Generalitat de Catalunya, Estado y Gobierno Vasco– a indemnizar a las víctimas. En los últimos años la Generalitat ha optado por indemnizar sin esperar al juicio, tal y como ha pasado con Ester Quintana.
Prohibición de las balas de goma por CCAA
El uso de los proyectiles de goma que mutilaron a Quintana ha sido cuestionado en innumerables ocasiones. En junio de 2011 la Comisión Europea advirtió a las policías de los estados español y portugués que debían dejar de usar los proyectiles de goma para finales de 2012. No era la primera vez que la Comisión recomendaba abandonar el uso de este material pero sí la vez que lo hacía de forma directa para estas policías y ponía fecha del fin.
Desde entonces las diversas policías han seguido caminos diversos. El Parlament de Catalunya aprobó prohibir el uso de pelotas de goma desde abril de 2014, cambiándolas por proyectiles de foam, considerados menos lesivos. El foam ha sido usado recientemente por los Mossos en intervenciones como las del Banc Expropiat de Gràcia, donde han causado diversas lesiones en manifestantes.
Por su parte, el Parlamento Vasco pidió la sustitución total de las pelotas de goma en abril de 2015, aunque tras el “caso Cabacas” la Cámara ya había restringido el uso anteriormente, hasta el punto que según la propia Ertzaintza desde la primavera de 2012 no se produjo ningún disparo de balas de goma. El mismo camino ha emprendido la Policía Foral de Navarra desde el cambio de gobierno, que prohibió el uso de este material nada más tomar posesión.
Por parte de la Policía Nacional, en cambio, las balas de goma se continúan usando en la actualidad. A raíz de un informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2014, Interior se comprometió a hacer uso solo en “casos extremos y debidamente justificados”, pero rechazó regularlo por ley de forma respectiva, tal y como pedía el Defensor. El Ministerio de Interior volvió a rechazar poner trabas al empleo de proyectiles de goma en marzo de 2015, desoyendo, de nuevo, un informe de la Defensora del Pueblo que recomendaba un protocolo concreto sobre este material letal.