La empresa Iqoxe de Tarragona cometió hasta cuatro infracciones “muy graves” en materia de seguridad industrial relacionadas con la explosión de enero de 2020 que incendió la planta y dejó tres muertos. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Departamento de Empresa de la Generalitat en su expediente abierto a raíz del accidente, y que ha decidido saldar con una propuesta de multa de 2,1 millones de euros.
La propuesta de sanción, que se puede recurrir, se suma a la de 180.000 euros que le impuso la Inspección de Trabajo por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. En ambas sanciones, se detectan irregularidades en el proceso de fabricación de la sustancia MPEG 500, que fue el origen de la deflagración. Concretamente, la sanción hecha pública este miércoles constata que se alteró su proceso de producción sin ninguna precaución.
Casi la mitad del montante de la multa, un millón de euros, corresponde de hecho a esta cuestión. Según el expediente, se modificó la receta de fabricación, “concretamente el tamaño del lote, el catalizador a usar y la cantidad”. Todo ello, abunda la instancia administrativa, “sin respetar las instrucciones del fabricante, sin evaluar los citados cambios y sin efectuar ninguna prueba ni ensayo previo para constatar si la reacción era segura”.
Estas conclusiones chocan con los argumentos de la dirección de Iqoxe, que en sede judicial han asegurado que la deflagración fue imprevisible, en línea con el informe del Institut Químic de Sarrià (IQS) encargado por la empresa poco después.
Tres años después del suceso, la investigación judicial sigue abierta. Desde el principio, la magistrada instructora ha apuntado también a una “política empresarial” de reducción de costes de personal y seguridad en la química como un desencadenante de la explosión, algo que Iqoxe también niega.
En su expediente, Empresa también ha detectado otras tres infracciones muy graves de la ley de seguridad industrial, y que sumadas sirven para alcanzar el montante de 2,1 millones de euros. La investigación concluye que se silenciaron las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control (500.000 euros de multa), no se formara específicamente a los trabajadores (100.000 euros de multa) y el panel de la sala de control de una de las unidades, U-3100, “no estaba siendo objeto de supervisión” (10.000 euros de multa).