Una semana después de que los líderes independentistas salieran indultados de prisión ha irrumpido en la escena del procés el Tribunal de Cuentas, un tribunal que no está formado por magistrados sino por consejeros de designación política y que no puede decretar penas de cárcel pero sí arruinar a quien encause. En los últimos tres años el organismo ha impuesto 14,4 millones de euros de multas y fianzas a medio centenar de funcionarios y exdirigentes soberanistas en tres causas relacionadas con el procés: 4,9 millones por los gastos de la consulta del 9-N, otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O y los 5,4 millones de euros de este martes por los siete años de actividad exterior de la Generalitat para “promocionar” el procés.
El expresident Artur Mas y el exconseller Francesc Homs, dos de los 34 encausados este martes, ya sabían lo que era enfrentarse al Tribunal de Cuentas. En 2018 fueron condenados, junto a la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera Irene Rigau y otros seis exaltos cargos, a pagar 4,9 millones de euros por gastos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entre los gastos figuraban ordenadores portátiles comprados para uso escolar pero que también se emplearon en la votación al estar en las escuelas. El Tribunal de Cuentas llegó a embargar la casa del expresident, aunque ni él ni sus exconsellers fueron juzgados por los tribunales ordinarios por malversación de fondos públicos. Mas, Rigau, Ortega y Homs solo fueron condenados por desobediencia.
Ello no impidió que se iniciaran los expedientes de responsabilidad contable debido a la naturaleza de este ente. El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador del Estado, encargado de vigilar la contabilidad los organismos públicos, pero que además, pese a no formar parte del Poder Judicial, puede juzgar e imponer multas a quienes causen menoscabo en los caudales públicos (aunque no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación). La condena contable de Mas se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
Además de la causa por los fondos dedicados a la promoción internacional del referéndum que ha estallado este martes, el Tribunal de Cuentas tiene abierto otro procedimiento pendiente de juicio por gastos del 1-O que versa no sobre la actividad exterior, sino sobre gastos efectuados en Catalunya para cartelería, sobres y papeletas del referéndum. En enero de 2020 el Tribunal impuso por ello una fianza de 4,1 millones a 26 exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, altos cargos y el propio expresident.
Vía contable y vía penal
Puigdemont, Junqueras y Romeva repiten en ambas causas del Tribunal de Cuentas por los gastos interiores y exteriores del procés, al igual que la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, los exaltos cargos Quim Nin, Aleix Villatoro y Amadeu Altafaj y el exresponsable del consorcio Diplocat, Albert Royo. En paralelo se ha seguido o se sigue contra todos ellos una causa penal por malversación (por los mismos gastos que también se les reclaman por la vía contable del Tribunal de Cuentas). Y pueden acabar en la cárcel: el expresident está procesado y reclamado por el Supremo a Bélgica mientras que los cinco exaltos cargos citados se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por la causa de los preparativos del 1-O.
Además, Royo, a quien el Tribunal de Cuentas ha impuesto este martes la fianza más alta, de 3,8 millones de euros, tiene una segunda causa penal en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona por los gastos exteriores del procés, al igual que Romeva. Entre las dos causas hay gastos que se repiten, como una subvención de 422.056,66 euros del Diplocat a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR). El motivo es que ambas causas parten del mismo informe de fiscalización de la actividad exterior del Govern realizado en 2019 por el organismo tras solicitarlo la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.
De entre los 34 encausados a quienes se han comunicado las fianzas este martes, solo Junqueras y Romeva han sido condenados por malversación en la causa del procés del Tribunal Supremo. Pero pese a su condena penal, cabe recordar que el Supremo no les impuso devolver el dinero malversado en forma de responsabilidad civil sino que dejó esa función precisamente para el Tribunal de Cuentas.
Fuentes jurídicas matizan, sin embargo, que las garantías de una causa penal son mayores que en el Tribunal de Cuentas. Y ponen como ejemplo lo ocurrido este martes: a los abogados se les ha dado tres horas para leer el informe de 500 páginas y luego han podido realizar sus alegaciones contra las fianzas en un turno de 10 minutos. Las defensas seguirán este miércoles con sus alegaciones. Una vez finalicen, será el turno de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que podrán solicitar que se dé ya 15 días hábiles a los encausados para depositar como fianza los 5,4 millones antes de proceder al embargo de sus bienes. Tras este trámite, los denunciados tendrán que depositar esos fondos y garantizar así que pueden hacer frente a una eventual condena. Si no lo hacen, podrán ver embargadas sus cuentas corrientes y propiedades en un plazo máximo de tres meses.
Tras reclamar el independentismo “una solución” al Gobierno para el caso del Tribunal de Cuentas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda en la causa de los gastos exteriores del procés. Pero aunque el servicio jurídico del Gobierno no esté, la causa seguirá adelante habida cuenta de la personación de la Fiscalía y de la asociación contraria a la independencia Sociedad Civil Catalana.
Juicio con tribunal caducado
A la politización natural del Tribunal de Cuentas –sus doce consejeros los escogen Congreso y Senado por mayoría reforzada, lo que precisa de un pacto entre PSOE y PP– se le suma el hecho de que sus actuales miembros vencen mandato este próximo mes de julio sin que haya perspectivas de que ambas fuerzas puedan lograr un acuerdo para renovar el órgano. Posiblemente el juicio contable a los dirigentes soberanistas se celebre con un tribunal en funciones presidido por la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante.
Los actuales consejeros fueron nombrados bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el Gobierno ha exigido este martes al PP que ponga fin a su actitud “tremendamente antidemocrática” de “boicotear” la renovación de los órganos constitucionales, en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Con todo, el Ejecutivo ha evitado criticar el procedimiento contable después de que el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, admitiera el fin de se semana que es una “piedra en el camino” para la resolución del conflicto catalán.
En cambio desde el independentismo se han cargado las tintas contra la nueva causa contable. El más contundente ha sido el expresident Artur Mas, que ha acusado al Tribunal de Cuentas de “abuso de poder” y de buscar “la muerte civil y política” de los exaltos cargos del Govern mediante una condena contra la que, al contrario de las causas penales, no hay indulto posible.