Querellas por vetar hoteles y la denuncia por la municipalización del agua amplían el frente judicial de Colau

La actividad del Ayuntamiento de Barcelona no solo pasa ya por el salón de plenos. En los últimos tiempos varios miembros del equipo de gobierno de Ada Colau han recibido querellas y denuncias judiciales a cargo de grandes empresas y fondos buitre descontentos con las decisiones del Consistorio. El conflicto sobre la gestión municipal ha derivado en los tribunales, que por el momento no han enviado a juicio ninguna de las acciones legales presentadas. Las causas o bien se han archivado o bien permanecen todavía en fase de instrucción.

La interposición de querellas y denuncias ha venido repitiéndose en los últimos años en casi todas las carpetas sensibles –básicamente, hoteles y urbanismo– en las que el Consistorio ha priorizado los intereses públicos al beneficio privado. A ellas debe sumarse la particular guerra del agua que mantuvieron durante casi un lustro el gobierno municipal y Agbar y que Tribunal Supremo zanjó a en favor de la multinacional y en contra del objetivo del Consistorio de municipalizar el servicio. Más de un año después de la resolución del pleito principal, Agbar ha presentado una denuncia contra el gobierno municipal ante el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas, por los informes encargados por el Ayuntamiento para intentar municipalizar la gestión del agua.

Según Agbar, los trabajos solicitados por el Consistorio suponen una infracción de la normativa contable porque el Ayuntamiento no era la administración competente para encargarlos, sino que lo era el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). No es la primera vez que Agbar y el Consistorio terminan en los tribunales. En 2018 dos juzgados de Barcelona ya archivaron sendas querellas de Agbar contra el concejal de Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, y cuatro trabajadores del AMB por injurias, prevaricación, revelación de secretos y malversación por un informe que cuestionaba el valor de los activos de Agbar en la empresa mixta de agua y por haber “filtrado” a un medio de comunicación información contable de la empresa.

En su denuncia ante el Tribunal de Cuentas, Agbar se refiere además a las subvenciones que el Consistorio ha otorgado a “asociaciones afines a la ideología municipalizadora”, como Enginyers sense Fronteres. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”. La empresa hace hincapié en que durante el mandato de CiU en Barcelona Enginyers sense Fronteres recibió subvenciones por valor de 271.437 euros, mientras que entre 2016 y 2018 ascendieron a 852.633 euros.

Las subvenciones que el Consistorio ha otorgado a entidades sociales como la PAH también forman parte de la investigación de la Fiscalía de Barcelona a raíz de la denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, entidad vinculada a Societat Civil Catalana y presidida por Ramón de Veciana, candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat en 2015. Se trata de subvenciones que ya se concedían durante el anterior mandato, el del alcalde Xavier Trías (CiU).

A día de hoy la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias –algo habitual tras recibir la denuncia de un particular– y todavía está estudiando la cuestión antes de decidir si archiva la denuncia o remite una querella al juzgado. El Ministerio Público sí archivó en diciembre pasado su investigación por otra denuncia relativa a otra de las polémicas del actual mandato, los bloques de hormigón que el Ayuntamiento ha puesto en la calzada para que los peatones ganen espacio frente al coche. La Fiscalía descartó que supusieran un peligro para la seguridad vial.

El Consistorio barcelonés enmarca las distintas querellas y denuncias en una “campaña de ataque para ensuciar la gestión municipal”, en palabras del concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra. Desde el Ayuntamiento insisten en que todas las denuncias pretenden “poner en entredicho” aspectos del programa electoral de Barcelona en Comú que recibieron el apoyo de los votantes y que no se han formulado por quedarse un euro de la caja.

Los hoteles frenados, fuente de querellas

Pero si un asunto ha protagonizado las querellas que han recibido los concejales de Colau son los hoteles y los pisos de lujo. La única investigación que sigue abierta en los juzgados –aunque se pedirá su archivo– es la que afecta a la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, a raíz de una querella de London Private Company y los padres paúles por vetar un hotel de lujo en una finca modernista, la Casa Buenos Aires. El fondo buitre y la congregación religiosa atribuyen a Sanz varios delitos, como prevaricación, obstrucción a la Justicia y omisión del deber de perseguir delitos, pero la concejal defendió ante el juez que la actuación municipal obedeció al interés público.

Asimismo, el fondo Vauras Investment ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la jueza de archivar su querella contra Ada Colau; la concejala de Vivienda, Lucía Martín; y el concejal de Derechos de Ciudadanía y del distrito de Sants, Marc Serra. La magistrada dio carpetazo al caso y afeó al fondo que acusara sin pruebas a Colau de “confabulación con okupas”. La Fiscalía, en línea con el Ayuntamiento, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que confirme el archivo del caso ya que las acusaciones de Vauras contra el equipo de gobierno “adolecen de sustento probatorio alguno”.

El resto de causas ya están archivadas definitivamente. Es el caso de la que afectó a la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin, que recibió la querella de otra inmobiliaria, MK Premium, por acusar a la empresa en televisión de querer echar de sus casas a vecinos del Raval. La Audiencia de Barcelona concluyó que la inmobiliaria a la que Pin acusó de 'mobbing' sí quería echar a los vecinos, por lo que no vio delitos de injurias ni calumnias.También quedó en nada la querella de la cadena Praktik contra Sanz por denegar la licencia de un hotel de lujo en un solar de Drassanes. Y el mismo camino del archivo siguió la querella que la patronal de las VTC, Unauto, interpuso contra Colau a raíz el reglamento del AMB sobre las licencias a este tipo de vehículos con los que prestaban servicios empresas como Uber o Cabify. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sí tumbó esa normativa metropolitana al considerar que el AMB carecía de competencias para regular ese aspecto del sector.