Peleas, destrozo de mobiliario público, robos, ataques a vehículos policiales, saqueos y pillaje en comercios… son algunas de las escenas que han dejado las tres jornadas de macrobotellón en el fin de semana de la Mercè en Barcelona, la más accidentada del sábado. Tres noches en las que ha llegado a haber más de 80 personas atendidas por los servicios médicos y casi una cincuentena de detenidos, por unos incidentes que todas las instituciones han visto con preocupación, pero de la que nadie asume responsabilidades. El Ayuntamiento y la Generalitat se pasan la pelota, aunque el domingo sus policías trabajaron juntas, y las dos eluden responsabilidades sobre lo sucedido.
Este lunes los partidos catalanes se han cruzado acusaciones, exigencias de dimisión y peticiones de comparecencias y plenos extraordinarios. Mientras los últimos doce detenidos en la noche quedaban en libertad e investigados por desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y daños, entre otros delitos.
La alcaldesa de Barcelona fue la primera en apuntar hacia el Govern en una atención realizada a los medios desde la plaza de España, la zona cero del botellón en la madrugada del sábado. “Es un tema de orden público”, aseguraba la alcaldesa, “le he pedido al consejero de Interior que haya un refuerzo para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado esta noche”. Unas horas después, el líder de los “comuns” en el Congreso, Jaume Asens, escribía un mensaje en el que recordaba que la competencia en orden público es de la Generalitat. “No te dejes engañar”, pedía Asens.
La oposición municipal de ERC y Junts contraatacó las declaraciones de la alcaldesa, forzando la convocatoria de un pleno monográfico en el Ayuntamiento sobre los altercados. Según defienden, el dispositivo de prevención planificado por el Gobierno de Colau para las fiestas de la Mercè fue “deficiente”. Además, acusan directamente a la alcaldesa y a los tenientes de alcalde Jaume Collboni –líder del PSC local– y Albert Batlle –responsable de seguridad– de “centrigufar” responsabilidades.
“En Barcelona se ha pasado todo límite: espacio público desbordado, del incivismo a la delincuencia, autoridad perdida. No es excusa la cantidad ni presencia de no barceloneses. Gobierno municipal sinónimo de impotencia total. Si no saben asumir responsabilidades que dejen paso a los que sí queremos”, escribió el líder de la oposición en el ayuntamiento, Ernest Maragall (ERC).
Pero el choque institucional no iba a acabar aquí. Este lunes Catalunya en Comú ha anunciado que reclamará la comparecencia en el Parlament del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. El portavoz de la formación, Joan Mena, ha acusado a ERC, que ha asumido la cartera de Interior por primera vez en esta legislatura, de “lavarse las manos” respecto a los disturbios. “Queremos dejarnos del barro partidista que algunos pretenden imponer: menos barro y más cooperación entre todas las administraciones para solucionar un problema complejo”, ha asegurado Mena, que ha reprochado a ERC que culpe al Ayuntamiento.
Prácticamente a misma hora que los “comuns” anunciaban esta petición, la portavoz de ERC Marta Vilalta cargaba contra Colau, de quien aseguraba que “siempre encuentra formas de culpar a los demás” mientras ella “no asume sus propias responsabilidades”. Vilalta no se ha opuesto a que Elena pueda comparecer en el Parlament, pero ha asegurado que el Govern y los Mossos cumplieron con su labor, mientras que el dispositivo de la noche del sábado, la más conflictiva, se organizó “unilateralmente” por parte de la Guardia Urbana.
El concejal de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha sido otro de los responsables que ha hablado este lunes sobre la situación, en su caso como representante de la candidatura del PSC-Units en el Gobierno municipal. Batlle ha asegurado que “tras un verano complicado” en materia de ocupación del espacio público, este fin de semana se ha producido “un punto de inflexión”. “Esto se ha convertido en un problema de orden público”, ha dicho Batlle. Pero el responsable de la Guardia Urbana, lejos de hacer alguna autocrítica al dispositivo planteado, ha apuntado contra Quim Torra, fuera de la política desde hace un año, y la presidenta del Parlment, Laura Borràs.
“Tenemos un problema cuando el president de la Generalitat un día a las 12 del mediodía deja su despacho, se pone unas zapatillas y se va a cortar la principal arteria del país. O cuando la presidenta del Parlament, mientras están quemando la comisaría de Mossos de Vic se va a ver a Pablo Hasél a la prisión de Lleida. Esto no pasa gratis. Da una imagen que puede tener las derivadas que tiene”, ha asegurado el concejal, trazando una línea directa entre los botellones y protestas independentistas tras la sentencia del procés de hace casi dos años, cuando no había ni empezado la pandemia.
Tampoco el conseller Joan Ignasi Elena ha entonado el “mea culpa” en la comparecencia que ha hecho este lunes, en su caso desde el municipio de Tiana, donde también han sufrido altercados relacionados con las fiestas en la calle. Para Elena, hay que separar los botellones de los incidentes violentos y actuar diferente respecto a cada cosa. “Una cosa son los botellones y la otra las actitudes delincuenciales, que serán perseguidas”, ha dicho. Sobre el consumo de bebidas en la calle, en cambio, Elena ha llamado a hacer una reflexión sobre el ocio nocturno.
“Hay causas que son estructurales y otros coyunturales, como el cierre los locales de ocio nocturno y la situación pandémica que estamos viviendo”, ha asegurado. Por ello, Elena ha asegurado que el Govern está “reflexionando” sobre la posible reapertura del ocio nocturno, una de las últimas restricciones por la pandemia que la semana pasada ya se relajó, permitiendo abrir las terrazas de los locales hasta las 3 de la mañana.
Tras la batalla dialéctica y de reparto de culpas en la que han entrado las instituciones, lo cierto es que el domingo los incidentes fueron menores que el sábado, pese a que la afluencia de personas fue comparable. Mientras que en la madrugada entre el viernes y el sábado hubo unas 40.000 personas entre avenida Maria Cristina y plaza de España, la siguiente noche la policía cifró en 30.000 las que se concentraron en la playa del Bogatell. Aunque hubo incidentes y delitos en ambas, si esta segunda fue algo más tranquila fue, entre otras razones, por el dispositivo conjunto entre los Mossos y la Guardia Urbana, mejor dimensionado que el de la noche anterior, según coinciden ambas instituciones.
Con todo, ambas noches hubo destrozos de mobiliario, robos a particulares y pillaje, tanto en comercios del barrio de Sants como en locales del Front Marítim, una circunstancia que preocupa a la policía, que teme que estos capítulos acaben cronificándose en Barcelona. El director de los Mossos, Pere Ferrer, asegura que estas actuaciones que son obra de grupos reducidos de violentos que no acuden para hacer botellón, sino que utilizan la gran afluencia de gente para cometer delitos. Una consideración en la que también ha coincidido Batlle, quien ha asegurado que hay grupos que aprovechan las aglomeraciones como “pretexto para la delincuencia y el pillaje”.