Referéndum y amnistía. Las reclamaciones que el independentismo ha vuelto a poner sobre la mesa tras el 23J para negociar la investidura de Pedro Sánchez van más allá del caso más conocido, el de Carles Puigdemont, y afectan a decenas de causas derivadas del proceso soberanista que persisten en los juzgados y que complican la solución completa a la crisis abierta en 2017.
Aunque el independentismo ha llegado a cifrar en 4.200 los “represaliados”, el portal Verificat comprobó que solo alrededor de 700 estaban pendientes de juicio hace un año. No es un dato menor. La amalgama de causas va desde los preparativos del referéndum en 2017 pendientes de juicio a los centenares de jóvenes acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo en 2019.
A nivel de partidos, Junts tiene a menos cuadros encausados, pero el expresident es el de más relevancia política y cuyo futuro judicial es más incierto de entre todos los acusados. ERC sí tiene a varios pesos pesados enfrentándose a penas de cárcel o inhabilitación. En la misma situación están ex altos funcionarios del Govern. Estas son todas las carpetas penales del procés que todavía están abiertas, a las que hay que añadir la causa contable en el Tribunal de Cuentas:
Jové y Salvadó, a juicio tras el verano
Los primeros dirigentes independentistas en sentarse en el banquillo serán dos figuras muy relevantes en ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. La Fiscalía les pide siete y seis años y tres meses de cárcel, respectivamente, por haber comandado en 2017 desde la Conselleria de Economía la organización del referéndum del 1-O.
El Ministerio Público mantiene para ambos el mismo delito de malversación agravada anterior a los cambios en el Código Penal pactada por el Gobierno y los republicanos. Los dos acusados tienen un riesgo real de entrar en prisión si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), condicionado por el relato de hechos establecido por el Supremo en la sentencia del procés, decide imponer penas altas.
Según fuentes jurídicas, el juicio a Jové y Salvadó –y a la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que se enfrenta solo a pena de inhabilitación por desobediencia– podría celebrarse en otoño de este año o a principios de 2024.
Será un juicio largo, de alrededor de tres meses, pero del que todavía puede variar la composición de su tribunal: las defensas quieren apartar al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al magistrado Carlos Ramos después de que por primera vez el Supremo cuestionara su imparcialidad en otra causa del procés. La decisión no está tomada.
La causa madre del 1-O, sin juicio a la vista
En menos aprietos se encuentran la cuarentena de ex altos cargos y funcionarios investigados por la preparación del referéndum y los gastos exteriores del procés, entre ellos el exconseller de Exteriores Raül Romeva, condenado por el Supremo e indultado. Su juicio no se celebrará, como mínimo por lo menos hasta 2025, según pronostican fuentes jurídicas.
Este retraso responde, paradójicamente, al afán investigador de la Fiscalía de cualquier gasto de la Generalitat sospechoso de haberse dedicado al procés. Cuando todo estaba listo para que la causa de los preparativos del 1-O fuera a juicio, la Fiscalía interpuso otra denuncia por la actividad exterior de la Generalitat durante el procés. Las defensas reaccionaron y pidieron unir ambas causas al versar sobre los mismos hechos.
La Audiencia de Barcelona terminó dando la razón a las defensas, pero el enredo procesal todavía no se ha resuelto: Romeva y los altos cargos de Exteriores tienen todavía que ser formalmente procesados para unirse al banquillo donde se sentarán otros cuadros de ERC y los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio.
La tardanza de los jueces en resolver los recursos da una baza fundamental a las defensas de los encausados, que confían en obtener una rebaja generalizada de penas que evite las prisiones por las dilaciones indebidas que acumula el caso. En otras palabras, las defensas tienen una red de seguridad pese a que el caso termine en condena. A día de hoy no hay siquiera escrito de acusación de Fiscalía presentado, aunque los fiscales vienen trabajando en él desde hace tiempo.
Buch y la escolta de Puigdemont
El juicio que ya está visto para sentencia es el que hace unos días sentó en el banquillo al exconseller de Interior Miquel Buch y el sargento de los Mossos Lluís Escolà, acusados de malversar dinero público para proporcionar una escolta a Carles Puigdemont en Waterloo. La Fiscalía se reafirmó en reclamar seis años de cárcel para Buch y cuatro para Escolà, que en caso de condena implicarían su ingreso en prisión.
Los síndicos, pendientes de nuevo juicio
Otro caso de enredo procesal es el de los cinco académicos que fueron síndicos electorales del 1-O, entre ellos la actual consellera de Feminismos, Tània Verge. La Audiencia de Barcelona anuló la sentencia que les absolvió en primera instancia y ordenó repetir el juicio, pero los síndicos alegan que esa nueva vista vulnera sus derechos fundamentales. La Justicia todavía no ha resuelto además qué instancia debería volver a juzgar a los síndicos, si otro juzgado penal o el TSJC debido al aforamiento de Verge, tal y como plantean las defensas.
Causas sin pena de cárcel
Sin el peligro de pena de cárcel pero sí de inhabilitación que le obligaría a salir de la política se encuentra la exconsellera de Educación y actual eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, quien está desde este martes a un paso de ir a juicio por desobediencia. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que volvió de Suiza, será juzgada por el mismo delito en un juzgado penal de Barcelona.
Más avanzado está el proceso de la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, actual titular de Exteriores. Serret regresó a España para regularizar su situación legal tras más de cuatro años en Bélgica y fue condenada a un año de inhabilitación por el TSJC. El Supremo tiene que resolver su recurso.
Terrorismo en la Audiencia Nacional
El recorrido judicial pendiente del procés también tiene parada en la Audiencia Nacional. Allí esperan juicio doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, si bien a ocho les achaca también delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Se exponen a peticiones elevadas de pena que todavía deben concretarse.
En el tribunal especial también está abierta otra causa por terrorismo relativa a las movilizaciones de Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés en 2019. Permanecen investigados varios activistas y empresarios independentistas. Si bien no consta formalmente como imputada, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, teme que la causa de Tsunami le termine afectando. Por eso rechaza volver a España pese a que tras la derogación de la sedición ya no se arriesga a una condena de prisión por la causa del procés del Supremo.
Dos Mesas del Parlament, en el Supremo
El Tribunal Supremo tiene que pronunciarse todavía sobre los recursos de la Fiscalía contra las sentencias del TSJC sobre sendos juicios por desobediencia a las Mesas del Parlament que encabezaron Carme Forcadell y Roger Torrent, actual conseller de Empresa. Sobre la primera, el Ministerio Público reclama aumentar la pena mínima de inhabilitación que impusieron los jueces catalanes. Sobre Torrent, la Fiscalía pide revocar la absolución y repetir el juicio con nuevos magistrados.
Reabierta la causa de los viajes
El Tribunal Supremo reabrió el pasado mes de junio la causa contra nueve excargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM) acusados de malversación por haber financiado un viaje de alcaldes a Bruselas en 2017 y otros gastos presuntamente vinculados al procés que suman 700.000 euros. La Audiencia de Barcelona archivó el caso con una dura crítica al juez instructor y a la Fiscalía por haber vulnerado los derechos fundamentales de los encausados, pero el Supremo estima el recurso del Ministerio Público y rescata un caso condenado al olvido.
Pocas condenas altas por los disturbios
Los procedimientos que afectan a más personas son los derivados de los disturbios del procés en 2019, que han terminado con centenares de jóvenes encausados. Varios juicios ya se han celebrado y, en una mayoría de casos, los jueces han rechazado imponer las duras penas de cárcel que pedía la Fiscalía o incluso se han decantado por la absolución. Hay decenas de casos pendientes de juicio.
La Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha dado herramientas a las secciones de las cuatro Audiencias Provinciales catalanas para evitar penas que impliquen el ingreso en prisión de centenares de acusados por los altercados.
De hecho, el primer condenado por los disturbios del procés de 2019 con una pena que implica el ingreso efectivo en prisión fue sentenciado por la Audiencia de Madrid, que este martes ha dado diez días al joven para ingresar en un centro penitenciario. El caso de Dani Gallardo lo ha querido publicitar en Twitter Carles Puigdemont, que lo ha considerado un ejemplo de que “el conflicto continúa intacto pese a las promesas de los 'dialogantes'”.
De los casos juzgados en Catalunya, todavía no hay ningún joven con sentencia firme que implique la entrada en prisión. Pero el Supremo sí está pendiente de resolver los recursos de cuatro jóvenes catalanes condenados, respectivamente, a tres años, tres años y medio, cuatro y cinco años de cárcel. De no prosperar los recursos, estos cuatro jóvenes tendrían que ingresar por unos meses en la cárcel.
Puigdemont, la carpeta decisiva
La carpeta judicial más decisiva –y a la vez de resolución más incierta– lleva el nombre de Carles Puigdemont. El expresident siempre se ha negado a una “solución personal” a medida para poder volver a España, y reclama una salida que beneficie al conjunto de encausados del procés.
La búsqueda de fórmulas imaginativas para Puigdemont responde a una realidad: si hoy el expresident volviera a Catalunya, el juez Pablo Llarena lo enviaría inmediatamente a prisión provisional a la espera de un juicio en el que se enfrentaría a una pena de entre seis y doce años de cárcel. Y el escenario futuro más optimista para el que todavía faltan meses o años –Bélgica rechaza su extradición– puede dejar durante lustros al expresident en un limbo de libertad en el extranjero pero riesgo de prisión en España, pues la orden de prisión nacional seguiría vigente. Además, no puede ser indultado porque no ha sido condenado en sentencia firme y no está a disposición del tribunal.
Sacar la política del juzgado fue la máxima que empujó a ERC a negociar los indultos, duramente criticados en esta campaña por parte de Puigdemont y de Junts. Ahora los neoconvergentes aspiran a negociar de tú a tú con el PSOE su propia solución tras años en los que eran los republicanos los que mantenían una interlocución privilegiada con Moncloa.
En declaraciones a RAC-1 este martes, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha defendido que la amnistía es la “vía más impecable y limpia” para solucionar el conflicto. Por su lado, la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reclamado negociar “estrictamente” dentro de la Constitución la investidura de Sánchez.
Boye es de la opinión de que la amnistía tiene encaje legal porque la Constitución solo prohíbe los indultos generales, pero la cuestión genera disensos entre juristas y académicos. La propuesta de los independentistas de la pasada legislatura para que el Congreso debatiera una Ley de Amnistía se estrelló contra los letrados de la Cámara, que la consideraron inconstitucional, lo que sirvió a PSOE, PP y Vox para rechazar su tramitación.
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