La providencia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hizo pública este lunes era el escenario más optimista de todos los que preveía el Govern. Tras varios meses jugando al gato y al ratón con una Justicia que iba estrechando el cerco y una Generalitat que respondía con anuncios y medidas apresuradas, finalmente los jueces aceptaron que el último marco normativo aprobado por el Govern (una ley en el Parlament y un decreto ley en el Ejecutivo) hacía imposible aplicar su sentencia, que impone un mínimo del 25% de las clases en castellano en todo el sistema escolar catalán. En vista de eso, proponían a los recurrentes llevar esas dos normas al Constitucional.
La ofensiva judicial no está ni mucho menos muerta, pero sí ha encontrado por primera vez un obstáculo importante que hace que el asunto salte de escala. La última palabra no la tendrá ya el contencioso administrativo autonómico, que hasta el momento se había mostrado inflexible sobre cómo debía integrar la Generalitat el castellano en tanto que lengua vehicular, sino que será el máximo intérprete de la Constitución quien acabe diciendo si la fórmula salida del Parlament con casi el 80% del apoyo tiene o no encaje en el actual marco jurídico.
Estos magistrados del TC podrían tumbar las nuevas leyes catalanas sobre la lengua en la enseñanza sin miramientos, como lo han hecho con otra mucha legislación salida del Parlament. Pero en el Govern siempre han aducido que no tiene por qué ser tan automático. Por un lado, el Constitucional ha avalado con anterioridad fórmulas similares a la inmersión, siempre que se garantice la enseñanza del castellano y se cumplan otros requisitos, que ahora se cumplirían en Catalunya.
Por otro, voces cercanas al Ejecutivo catalán recuerdan que el TC está a la espera de una renovación que, de realizarse durante esta legislatura, podría dar como resultado el primer Constitucional de mayoría progresista en muchos años. Aluden además al amplísimo consenso conseguido en el Parlament a favor del nuevo marco jurídico, en el que está el PSC. Y, por último, remarcan que el Consejo de Garantías avaló el texto de la ley por unanimidad.
Pese a que el conseller de Educación no dudó en celebrar este lunes la decisión judicial como “una primera victoria y una fantástica noticia para que en ninguna aula de nuestro país se apliquen porcentajes”, en la Generalitat son cautelosos. Según subrayan, nada garantiza que esta vía vaya a dar frutos. “Pero había que intentarla”, indican desde Esquerra, que critican que el departament de Educación ha tenido una presión máxima “desde varios frentes” mientras hacía la complicada jugada jurídica que ha acabado dando frutos. Uno de esos frentes a los que aluden es a los cambios de opinión de Junts, que pasó de promover en el Parlament la reforma de la ley de política lingüística a desmarcarse después, para finalmente apoyarla tras hacer algunos cambios.
Un nuevo consenso para dar batalla jurídica
La ofensiva judicial que varias asociaciones y entidades mantienen contra la inmersión lingüística en Catalunya se recrudeció en diciembre de 2020, cuando el TSJC dictó la obligación de que en todas las escuelas catalanas se impartiese un mínimo del 25% de las clases en castellano.
Los jueces se basaban en varias sentencias anteriores, la principal de ellas el fallo del Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía que declaró que el castellano debía ser también lengua vehicular y que no podía arrinconarse en la educación catalana, sin entrar en muchos más detalles. De esta consideración, el máximo tribunal catalán interpretaba que esa vehicularidad solo se garantizaba con un 25% de castellano, es decir, la asignatura troncal de ese idioma que es obligatoria para todos los escolares y, al menos, otra asignatura más.
Pero, además, el tribunal citaba leyes para basar su argumentación, como la ley estatal de educación del exministro José Ignacio Wert y la ley catalana de política lingüística de 1997. La primera cambió en el año 2020 cuando fue sustituida por la llamada Ley Celaá, una norma que en su texto da cabida a la inmersión, pero también a otras interpretaciones, como la que acabó haciendo el TSJC, que pese al cambio legal continuó con su criterio sobre el 25%. Fue entonces cuando desde Catalunya se planteó la reforma de su ley de política lingüística, una iniciativa liderada por la exconsellera Irene Rigau y que desde el inicio fue bien vista tanto por el Govern como por el PSC y los comuns.
La idea de esta reforma era hacer difícil que el TSJC pudiera interpretar que existía la posibilidad de imponer el 25%. Para eso, el nuevo texto estipula que cada centro escolar debe elaborar su plan lingüístico de acuerdo con las necesidades de su entorno socio-lingüístico. Pero, para asegurar la maniobra, el Govern fue más allá y aprobó un decreto ley en el que directamente se negaba la posibilidad de aplicar las lenguas vehiculares atendiendo a porcentajes, lo que ya descartaba del todo la opción de cumplir la sentencia. El PSC no apoyó este decreto y prefirió quedarse apoyando solo la primera, de interpretación más amplia.
Finalmente, el pasado 30 de mayo el Govern acabó alegando una imposibilidad legal para aplicar su sentencia, al constatar que el marco normativo había cambiado. Así lo reconoce ahora el propio TSJC, que señala ambas normas, la ley del Parlament y el decreto ley del Govern, como los obstáculos a su fallo. Los jueces añaden que ambos podrían ser inconstitucionales, por lo que abren la vía para su recurso.
Flexibilizar la inmersión para mantenerla
El planteamiento que ha acabado poniendo de acuerdo a una abrumadora mayoría de los diputados catalanes y, probablemente, también a una mayoría en el Congreso, ha sido la de flexibilizar la inmersión para adaptarla a la forma de impartir clase en el siglo XXI y, de esa forma, superar también las reticencias judiciales al modelo. Desde el Departament de Educació defienden que las nuevas pedagogías que se aplican en la escuela no funcionan en base a porcentajes en ningún ámbito y ya incluso es difícil encontrar asignaturas como tales, que han sido sustituidas por las competencias. Bajo este punto de vista, el Govern cree que las indicaciones que da respecto a los proyectos lingüísticos son similares a los que da sobre el conjunto de la enseñanza.
Pero también al PSC le ha convencido la idea de poder flexibilizar la inmersión y, por tanto, poder impartir más clases en castellano allí donde una comunidad educativa considere que es lo que los escolares requieren. Los socialistas ya habían introducido este interés en los documentos de su penúltimo Congreso, en tiempos de Miquel Iceta, y es un planteamiento que se sienten cómodos defendiendo ante su electorado. Tanto el PSC como el Gobierno es muy consciente de que el catalán se ha convertido en un tema medular para los dos grandes partidos independentistas en la etapa post-procés y desde la Moncloa hace meses que repiten que están dispuestos a introducir la cuestión lingüística en la negociación de la mesa de diálogo con ERC.