La reforma de la malversación pactada entre el PSOE y ERC acumula críticas tanto por el fondo como por la forma. Y no solo por parte de la derecha, sino también desde sectores progresistas. Uno de los más contundentes ha sido el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, que ha arremetido contra los cambios en el Código Penal. “No es un buen mensaje contra la corrupción”, ha alertado.
Gimeno es un veterano magistrado progresista que ha logrado pasar página del escándalo en la OAC por la confabulación contra políticos soberanistas entre su antecesor, Daniel de Alfonso, y el exministro Jorge Fernández Díaz. En su etapa como magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) conoció de casos de corrupción, como el Mercurio que afectó al PSC o el del exalcalde convergente de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo.
En la presentación del informe anual sobre la corrupción en Catalunya este miércoles, Gimeno ha considerado “una mala noticia evidente” la reforma del Código Penal, ya que, a su juicio, se tendrán que revisar muchas sentencias de casos condenados por malversación. “La reforma es una mala noticia”, ha sentenciado.
Para Gimeno, es necesario un debate “claro” y “con racionalidad” sobre la proporcionalidad de las penas de malversación. “El mensaje que se da es que hay categorías de malversación, pero ésto debe ser fruto de un debate que no se ha hecho”, ha criticado.
Los resultados del estudio anual de la OAC muestran que la corrupción está lejos de erradicarse en la comunidad.La amplia mayoría de catalanes (80,2% de los encuestados) cree que hay mucha o bastante corrupción, cuando hace dos años eran el 67%. Además el 82,6% cree que la corrupción es un problema muy grave o bastante grave, frente al 79,5% de hace dos años.
Gimeno ha valorado que los niveles de percepción de la corrupción “son inaceptables” y “un problema crónico”. Por ello, ha pedido una mayor implicación de las administraciones, mejorar la legislación, que el sector privado también se implique y que la ciudadanía sea menos permisiva, ya que se ha detectado una mayor tolerancia ante ciertos hechos corruptos.
Por otro lado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha criticado la “apresurada” reforma del Código Penal, informa Elena Herrera. En un comunicado, la organización a la que pertenecía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cuestionado la “técnica legislativa utilizada” en las últimas y diversas modificaciones del Código Penal, que “priva” de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal e “impide el debate público, prudente y sosegado”.
“Los informes de los superiores órganos consultores del estado no son un simple trámite, son un elemento fundamental para dotarles de una mayor técnica legislativa y advertir de las posibles consecuencias en su aplicación”, ha sostenido la UPF. Así, los fiscales progresistas han insistido en que las modificaciones del Código Penal “no pueden realizarse de manera apresurada” y deben hacerse “atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa”.