La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga tres casos de vacunaciones irregulares de cargos públicos en la comunidad y ha pedido sanciones para ese tipo de infracciones, sea por la vía penal o administrativa, y pautas claras para los sanitarios encargados de administrar las dosis.
En rueda de prensa, el director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha advertido que saltarse la lista de prioridades en las vacunaciones “no puede quedar impune”, sino que debe investigarse y saldarse con una respuesta por parte de la administración, no con una “mera sanción social”, informa EFE.
En Catalunya las vacunaciones irregulares que han trascendido hasta ahora son las del alcalde y un concejal de Junts per Catalunya de Riudoms (Tarragona). No obstante, la conselleria de Salud ha desoído los protocolos del Ministerio de Sanidad y ha vacunado al personal no asistencial de los hospitales que no está en primera línea.
Según Gimeno, la Oficia investiga ya tres supuestos fraudes en las vacunaciones en Catalunya, “unipersonales y episódicos”, vinculados a cargos públicos -dos de los cuales podrían acabar unificándose en un solo expediente-, a raíz de unas diligencias abiertas de oficio y de denuncias presentadas ante la entidad.
Para el director de Antifraude, algunos casos de vacunaciones irregulares podrían ser “clarísimamente corrupción”, por lo que reclama extremar las medidas para prevenir ese tipo de fraudes, teniendo en cuenta que se trata de fármacos “adquiridos con recursos públicos y que se han de administrar bajo control y responsabilidad de las instituciones”.
En ese sentido, ha advertido que, mientras las prioridades para la vacunación establecidas por las autoridades están claras, faltan “pautas detalladas” de actuación dirigidas a los sanitarios responsables de administrar las dosis, quienes pueden “encontrarse con situaciones ante las que no saben cómo reaccionar”.
Con el fin de “proteger” a los sanitarios, ha defendido, la administración sanitaria debe determinar con concreción y “transparencia” las pautas de actuación y, por ejemplo, cuál debe ser el procedimiento en el caso de que sobre alguna dosis o de que una de las personas citadas para vacunarse no se presente.
Además, el director de la Oficina Antifraude ha reclamado sancionar los fraudes que se detecten en vacunaciones, por la vía penal o la administrativa, en función de los casos. En su opinión, sería la Fiscalía la que debería actuar, de oficio, en el caso de cargos públicos que hayan utilizado su influencia para vacunarse sin formar parte de los colectivos prioritarios, dado que ello podría constituir un delito de coacciones sobre el personal sanitario que se haya visto forzado a cometer esa irregularidad.
En los casos investigados que no encajen en ningún delito, según Gimeno, la Oficina Antifraude propondría una sanción por parte de la administración en la que trabaja el funcionario o cargo público involucrado. La sanción es “más difícil”, admite el director de Antifraude, en los casos de las personas que, sin ser cargos públicos, hayan aprovechando “una oportunidad de amistad” para saltarse las prioridades en vacunación.
Respecto a si se debe administrar la segunda dosis de la vacuna a personas que hayan recibido irregularmente la primera, Gimeno se ha mostrado partidario de que esa decisión responda a “criterios médicos” que determinen lo que es más beneficioso tanto para ese caso concreto como para la ciudadanía en general. “Nos parece bien seguir las instrucciones sanitarias”, ha agregado Miguel Ángel Gimeno, que recuerda que algunos expertos advierten que no administrar la segunda dosis de la vacuna puede dar pie a una mutación del virus que genere más riesgo para la ciudadanía.