Los presupuestos de 2016 llevan una sorpresa amarga para la sanidad pública. El anteproyecto de ley de medidas fiscales, la norma que acompaña a los presupuestos y que modifica ochenta artículos de leyes existentes, posibilitará la utilización por parte de la sanidad privada de las instalaciones de los centros sanitarios públicos.
En concreto, el anteproyecto que el Gobierno aprobará antes de final de mes modificará el artículo 51 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), que regula el patrimonio del Servicio Catalán de la Salud. La modificación habilitará que el Director del CatSalut, “pueda autorizar con una simple resolución el uso de los bienes inmuebles de su patrimonio, ya sean propios o adscritos, vinculados a la prestación de servicios de salud para las entidades proveedoras de servicios sanitarios”.
¿A quién puede autorizar este uso? La norma, de momento, no lo dice. Es decir, no dice a quién beneficia esta modificación sobre el uso del patrimonio público. Lo que sí dice pero es que “puede establecer el carácter gratuito o con contraprestación del uso autorizado”.
¿Por qué decimos que esto puede ser grave? El patrimonio del Servicio Catalán de la Salud es público, y se usa para llevar a cabo actividad sanitaria pública. La introducción de esta modificación permitirá que este patrimonio ya no sólo sea usado para hacer actividad sanitaria pública sino también para hacer actividad privada.
Lo permitirá porque la norma no hace ninguna mención sobre quién puede usar o no el patrimonio público, y porque no excluye expresamente el aprovechamiento privado para generar beneficios de estas infraestructuras públicas. Además, incluye un precepto destinado a orientar el patrimonio a la utilización privada: ¿qué sentido tendría exigir una contraprestación por la utilización del patrimonio del CatSalut?
Estamos ante otro intento de permitir y regular la realización de actividad privada en los centros sanitarios públicos, como lo hizo en su día la Instrucción 5/2015. La instrucción entraba en vigor el 1 de abril de 2015 y quedó suspendida por orden del Parlament el 7 de mayo pasado mediante una resolución que la deja “sin efecto” hasta que no “se someta a debate y aprobación en sede parlamentaria la regulación de la actividad sanitaria privada en centros sanitarios del Sistema Sanitario Integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT)”. El SISCAT es la red de centros de utilización pública, aunque su titularidad también puede ser privada o público-privada.
Si el objetivo de esta modificación incluida en el anteproyecto de ley de acompañamiento de presupuestos no es facilitar la actividad privada en los centros sanitarios públicos evitando así el debate público, hay que ser explícito en la prohibición del uso del patrimonio público por parte de la sanidad privada.
La voluntad de hacer actividad privada en los centros sanitarios y en las instalaciones públicas volvía a estar sobre la mesa en el Plan de Choque de Junts pel Sí. “La asistencia sanitaria privada en centros, servicios y establecimientos del SISCAT es una fuente de ingresos para el sector sanitario público que si se regula adecuadamente tiene un impacto positivo en la reducción de las listas de espera”, decía el punto 31 del documento de JxSí.
Debemos recordar además, que esta voluntad de hacer actividad privada llega tras años intensos de recortes y de precarización de la sanidad pública y de favorecimiento deliberado de la sanidad privada. Así, desde el comienzo de la crisis, los centros sanitarios total o parcialmente públicos, han visto sus presupuestos mermados de forma importante, comprometiendo en algunos casos la propia viabilidad del centro. Desde 2010, el presupuesto del Departamento de Salud ha adelgazado más de 1.000 millones y ha pasado de un total de 9.548 millones a los 8.467 de este año, un 11,3% menos.
Mientras tanto, se ha disparado el número de derivaciones de pacientes hacia centros privados -más de 16.000 sólo en 2014-, así como el negocio con fondos públicos de grupos con ánimo de lucro, con IDC Salud (la antigua Capio) como máximo exponente. El grupo ha pasado de ingresar menos de 56,5 millones en 2008 -a través de los convenios o contratos con el Servicio Catalán de la Salud- a ingresar casi 82 en 2013, un 45% más. En época de recesión económica, también ha crecido el volumen de personas con seguros médicos privados.
Este panorama nos dibuja que más del 24% del presupuesto de Salud, en concreto 2.450 millones de euros, se derivan a la sanidad privada. Y esto genera una red de sanidad privada parasitaria, ya que las mutuas y otras empresas privadas sanitarias pueden prestar servicios a sus clientes sin tener que asumir costes de inversión en infraestructuras, por lo tanto les sale más barato y pueden conseguir más clientes ofreciendo precios más bajos. Nos encontramos pues que con los recursos de todos se permite el lucro de unos pocos, donde ofrecen unos servicios asistenciales de menor calidad para abaratar costos y así pueden generar más beneficio. Negocio redondo.
Lo que se quiere aprobar mediante la ley de medidas fiscales es doblemente grave: por el contenido pero también por la metodología, por no plantear el debate abiertamente y de cara sobre si queremos o no actividad privada en los centros sanitarios públicos. Incluirlo en la ley de acompañamiento de los presupuestos es una manera de colarlo por la puerta trasera.
Más allá de eso, no podemos dejar de explicar qué implicaciones tendrá que se posibilite la utilización de las infraestructuras públicas para hacer sanidad privada.
Supondrá un aumento de las listas de espera si los centros deben atender más actividad. Además, se genera una doble lista de espera, una para aquellas personas que no queremos pagar y una para las personas que quieran y puedan pagar. Nuestros derechos sanitarios dependerán de nuestros recursos económicos, lo que hará aumentar la desigualdad en el acceso a la salud. Las clases populares veremos empeorado nuestro acceso a la sanidad pública, y en consecuencia nuestra salud.
Las instalaciones pagadas con recursos públicos estarán al servicio de los intereses económicos privados. Así, se blinda una práctica muy común durante los años de Boi Ruiz al frente de Salud: los quirófanos que se cierran por las tardes para la sanidad pública debido a los recortes abren para pacientes de pago. Con la adopción de criterios de “sostenibilidad” y “eficiencia” el concepto de “servicio público” se diluye en favor del concepto de “servicio de mercado”.
Esta medida que el Govern quiere aprobar para la utilización de las infraestructuras del servicio de salud es uno más de los chanchullos para no situar una diferenciación clara entre lo público y lo privado. Que una misma infraestructura, y está por ver si también el personal sanitario (como es el caso de Barnaclínic) deban responder a intereses públicos ya intereses privados facilita que se confundan estos dos ya que no se establece una línea de separación clara sobre dónde empieza lo privado y donde termina.
Recordemos que el confusionismo de intereses públicos y privados es una de las conductas facilitadoras de la corrupción en sanidad de los últimos años, así casos como el INNOVA en Reus y muchos otros. Son un ejemplo de no establecer la separación entre lo público y lo privado, de gestionar lo público como si fuera privado.
Si esta medida se aprueba, la aceleración y sobre todo la normalización de la actividad privada a cargo de los presupuestos públicos estará garantizada. Si no queremos que con nuestra salud se haga un negocio, está en nuestras manos pararlo: digamos no a la actividad privada en los centros públicos.
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