La encarcelación de ocho miembros del Govern Puigdemont significa para una mayoría social en Catalunya un impacto emocional y político demoledor. El 2 de noviembre del 2017 ya figura en el calendario como una de las fechas más negras en la relación entre Catalunya y el Estado español. Uno de aquellos días que marcan un antes y un después. Que abren heridas tan profundas que parecen incurables. Que difuminan las equidistancias, porque ante la contundencia de la prisión, los argumentos se reducen a libertad, sí o no. Un inmenso desastre.
Desde Catalunya, es imprescindible explicar a la opinión pública española que la detención de buena parte del Govern despierta un sentimiento de indignación muy amplio y transversal, que trasciende en mucho a los independentistas convencidos. Buena parte de la ciudadanía considera que la acción de los poderes del Estado es ‘contra’ Catalunya, no sólo un intento de frenar la apuesta del independentismo. La prisión a un gobierno elegido democráticamente es percibida como un intento de humillar el sentimiento de identidad nacional que comparten millones de catalanes. Es el desenlace a la decisión de abordar un problema político con los únicos argumentos de la ley y la fuerza. Es, como denuncian muchos juristas, el resultado de retorcer los procedimientos legales por parte, una vez más, del Gobierno del Partido Popular.
Es verdad que el independentismo, con el Govern al frente, ha tensado las costuras legales del Estado. Aquí, en muchísimas ocasiones, hemos denunciado su cadena de errores. El mayor de ellos, desafiar al Estado sin tener el apoyo de una mayoría social incontestable. Pues bien, los poderes del Estado, con sus ansias de venganza, pueden haber configurado esta mayoría en torno al rechazo al artículo 155, la liberación de los presos y, por encima de todo, en la exigencia de respeto. Porque así es percibido mayoritariamente el 2 de noviembre, como el día que el Estado culminó un larguísimo proceso de falta de respeto a las aspiraciones catalanas.
En estos momentos resurge el término ‘catalanismo’ como punto de encuentro de los ciudadanos para resistir juntos al artículo 155 y para exigir la amnistía de los presos políticos. El ‘catalanismo’ fue el gran factor de cohesión durante décadas, hasta que mutó en el independentismo o en el desencanto. Hoy la ofensiva del Estado y la debilidad del soberanismo, víctima de su propia ensoñación, ponen en evidencia la necesidad de tejer consensos más amplios, como los que permitieron la recuperación de las libertades hace ahora cuarenta años.
Una mayoría social en Catalunya se enfrenta al reto que ya ha vivido en otras épocas históricas. La necesidad de configurar un amplio frente común en defensa de la dignidad. Para ello, posiblemente, será necesario que el soberanismo reconozca sus errores y recupere las alianzas que rechazó durante los años de la gran ficción. Que sume, en lugar de restar y excluir. Y que desde Catalunya vuelva a hacerse política pensando en España. Para salir del bucle interminable. Para contribuir a un cambio de las mayorías políticas en España en lugar de alimentar el discurso y el poder del Partido Popular.
El bucle que nos ha llevado a viajar en el tiempo y a recordar la reivindicación que se gritaba en las calles al final de la dictadura franquista: “llibertat, amistia i estatut d’autonomia”. De aquel grito surgió el proyecto político del catalanismo que Jordi Pujol intentó utilizar en beneficio propio y acabó por romperlo. Catalunya necesita recuperar aquel espíritu inicial del tránsito del franquismo a la democracia, el espíritu de la generosidad, frente al sectarismo y la ‘postverdad’ que ha reinado en la política catalana. Sin este espíritu resultará imposible hacer frente a la larga noche que el Estado impondrá a Catalunya.
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