Participé en un debate del grupo de políticas fiscales y presupuestos, celebrado recientemente en en Nou Barris para hablar de la economía de la ciudad de Barcelona. Tras dos horas de debate nos quedó claro que hay leyes y reglamentos que dificultan que el Ayuntamiento pueda aplicar medidas fiscales a favor de los más desfavorecidos. Con las herramientas fiscales en las manos de los ayuntamientos es difícil hacer políticas igualitarias y de salida de la crisis.
Se estima que las medidas de choque contra la crisis costarían unos 150 millones a lo largo de todo un año. Esta cantidad se puede alcanzar si se toman medidas que prioricen este plan.
Lo primero que se debería hacer es reestructurar el presupuesto de manera que se eliminen gastos innecesarios. Subvencionar la Fórmula 1, por ejemplo, no debe ser una prioridad en un momento de crisis.
Aparte de eso, el Ayuntamiento tiene al alcance utilizar tasas, contribuciones especiales y algunos impuestos como el IBI. Después de pensarlo un poco llegamos a la conclusión de que también es necesario aumentar la recaudación para poder aplicar el plan de choque. Las actuales leyes fiscales, sin embargo, no permiten los déficits, ni por tanto el endeudamiento, y en el caso de incrementar los ingresos obligan a gastar todos los aumentos a pagar la deuda, a menos que se realice un cambio normativo, o sea que se suban los impuestos. Por lo tanto, si el Ayuntamiento mejorara la recaudación evitando la evasión y el fraude, o realizando contrataciones públicas más transparentes y competitivas con menos coste, no podría destinar ese dinero, por ejemplo, en guarderías o comedores sociales, debería destinarla a pagar la deuda. Este es el contenido del cambio del artículo 135 de la Constitución de 2011 realizado por el PSOE con la ayuda del PP, y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012 implementada por el actual gobierno. Estas legislaciones son sencillamente malintencionadas, ya que desincentivan la reducción de costes, la mejora en la transparencia y la lucha contra el fraude.
Teniendo en cuenta este factor estudiamos qué impuestos se podrían subir afectando sólo a las rentas más altas. La conclusión es que el único impuesto con impacto sustancial es el IBI, pero la ley no nos permite aplicar bonificaciones para que pague más quien más tiene. La actual fiscalidad europea es rígida y regresiva. Pagan igual los pobres que los ricos. Esta es la idea de igualdad en el Estado y la UE.
La alternativa a subir impuestos es, como decía, devolver la deuda para entonces poder gastar en necesidades urgentes de la mayoría de la población de Barcelona, ya que así lo dice la ley. La deuda del Ayuntamiento en estos momentos es de aproximadamente de 1.000 millones de euros. A pesar de ser mucho dinero se considera que no es una cantidad excesiva, ya que los 1.000 millones no superan el 75% de sus gastos corrientes anuales. Lo que queda claro es que el Ayuntamiento no puede enjugar esta deuda en una legislatura para dedicarse a hacer gasto social, por mucho que ahorre.
Dejando de lado que la deuda no se puede devolver en el corto plazo, es interesante preguntarnos si Barcelona está muy o poco endeudada. Las agencias de calificación S&P, Moody’s y Fitch, que tienen el oligopolio mundial de calificación del crédito, dicen que el Ayuntamiento está saneado y poco endeudado, y le dan la máxima calificación. Recordemos pero que estas agencias calificaban con la máxima nota los activos tóxicos que llevaron a la quiebra de Lehman Brothers y la actual crisis financiera mundial, y decían que las cuentas de Grecia eran limpias justo antes de que las finanzas del país heleno implosionaran. Por lo tanto no debemos guiar nuestro sentido común financiero según el visto bueno de instituciones financieras que han provocado y se han beneficiado de la crisis, como Goldman Sachs, Standard and Poor’s y los otros sospechosos habituales.
Como referencia sirve saber que en 2014 el Ayuntamiento se gastó unos 1.900 millones de euros en total sin contar las inversiones. El gasto en intereses de la deuda fue de 42 millones de euros. Aunque no es de las más grandes, es una partida bastante importante, si tenemos en cuenta que la deuda es de 1.000 millones y que por tanto el interés pagado es superior al 4%, a pesar de tener la máxima calificación y en un momento en que el BCE compra deuda pública con tipos de interés negativos. Los intereses, teniendo en cuenta las necesidades actuales y el coste inflado al que se paga, es una partida que Barcelona debería rebajar. Eliminar o posponer el pago de estos 40 millones anuales hasta que pase la crisis facilitaría la implementación de las medidas necesarias sin tener que subir impuestos de forma significativa.
Si no fuese posible posponer su pago debería trabajar para reducir el pago de intereses a un tipo que corresponda a la calificación que se atribuye al Ayuntamiento. Esto se podría hacer recurriendo a instituciones financieras que ofrecieran mejores condiciones o renegociando las condiciones de pago con los actuales acreedores. En el medio plazo, el gobierno de Barcelona en Comú, debería promover la creación de una banca municipal que pudiera reducir el coste financiero inflado del Ayuntamiento y permitiera financiar proyectos sociales, de negocio y de empresa en Barcelona.
Otra medida de ahorro debe ser exigir el pago de la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de forma íntegra, en dinero y no en especie. El gobierno de la Generalitat y el del Ayuntamiento de Barcelona llevan 3 años jugando con las cuentas de las dos instituciones, centrifugando deuda de la Generalitat hacia el Ayuntamiento, sencillamente porque tiene una mejor condición financiera y porque los dos gobiernos son del mismo partido. Esta práctica es la misma que el gobierno de Artur Mas crítica al gobierno de Mariano Rajoy con razón.
Compartimos el diagnóstico de que el gobierno de la Generalitat ha sido sometido a ahogo financiero por parte del Estado. En este contexto en Barcelona en Comú hay disposición para colaborar y apoyar al gobierno de la Generalitat. Sin embargo, este ahogo no justifica el traspaso de dinero entre instituciones públicas de forma opaca, el pago de deudas a cambio de edificios y terrenos que se contabilizan por encima de su valor y que el Ayuntamiento no necesita, ni contabilizando pagos que todavía no se han hecho y que se alargarán durante los próximos 10 años. El Ayuntamiento también necesita de forma urgente disponer del dinero que tenía antes de dejarlo a la Generalitat. Las cifras de esta deuda bailan entre 230 y 150 millones según quien las valore, ya que el gobierno de Xavier Trias no ha sido suficientemente transparente en este tema y es difícil saber las cifras exactas. El gobierno, sin embargo, rebaja esta deuda hasta los 90 millones, una cifra baja que de permanecer así supondría pérdidas para los habitantes de Barcelona y un intercambio de dinero necesario por activos ilíquidos que no sirven en una situación de crisis. Si el pago se llevara a cabo en dinero reduciría la deuda de forma significativa entre 150 y 200 millones, lo que supondría un ahorro de entre 6 y 8 millones anuales en intereses. No se puede permitir que el actual alcalde deje al Ayuntamiento más endeudado y con problemas de caja en el próximo gobierno, que es lo que desgraciadamente suelen hacer algunos gobernantes cuando les sucede un partido de la oposición.
Otra medida a aplicar sería exigir responsabilidades a quien se haya beneficiado de forma fraudulenta del Ayuntamiento. Para aclararar si esto ha sucedido se debe realizar una auditoría de las cuentas y los contratos públicos realizados por la Generalitat en los últimos años. Esto debe hacerse con luz y taquígrafos y haciendo partícipe a la ciudadanía. Se deben aclarar casos como los de los 8,3 millones de euros gastados en eventos organizados en 2006 y 2007 por la Corinna Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey Juan Carlos de Borbón, gastos que se han conocido en el contexto de la investigación del caso Nóos. El dinero público gastado que sea claramente en beneficio de quien los ha gastado y de quien lo ha recibido, y no destinado al interés general, debe ser exigido, denunciando esos casos ante la justicia y realizando acciones de desobediencia coordinada con ayuntamientos y colectivos que sigan los mismos procesos y de la misma manera detecten gastos ilegítimos, hasta que estos saqueos sean restituidos. Estas restituciones servirían para cubrir parte de estas necesidades de recursos.
Por último Barcelona en Comú debe enfrentarse al gobierno central, o persuadirle si fuese afín, para que modifique las leyes fiscales que impiden que los ayuntamientos puedan hacer política para la gente, pidiendo que la elimine la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la modificación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda. Otra medida que se debe pedir es que el IBI sea más progresivo, permitiendo la aplicación de bonificaciones y mejor valoración catastral. También se debe trabajar para descentralizar la capacidad de gasto y de recaudación. En estos momentos el ministro de hacienda tiene las llaves de la caja y su partido tiene mayoría absoluta para legislar sobre cómo poner impedimentos a cualquier margen de autogobierno fiscal. Lo ideal sería que fuesen los municipios, como la izquierda pedía durante la transición, los que gestionaran la mayor parte del gasto y del presupuesto de la Administración General del Estado. En estos momentos el gasto de los ayuntamientos es de un escaso 15%. Esperamos que el cambio democrático que se acerca dé la vuelta al marco fiscal injusto construido en las últimas décadas.
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