“Si el agua cae, todo florece”, decía Manuel De Pedrolo. Y lo decía porque el agua es un elemento escaso y valioso, imprescindible para la vida, que incluso fue declarada un derecho humano por la ONU en 2010. A pesar de todo, el agua, hoy, aquí y desde ya hace días, es básicamente una fuente de negocio millonario para unos pocos. En el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el suministro domiciliario del agua mediante la empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria -La Caixa- 15% y participada por la AMB en un 15% ).
Este control del agua no sería posible sin la relación de Agbar con los partidos que están y han estado en el gobierno de la AMB. El presidente de Agbar, Ángel Simón, fue nombrado en 1989 por Pascual Maragall gerente de la antigua AMB. Durante aquella época, estableció muy buena relación con José Montilla, entonces alcalde de Cornellà. Respecto a CDC, en septiembre de 2015, supimos a través de los medios de comunicación, que el grupo Agbar, mediante sus filiales Aqualia y Sorea, era donante de la fundación CatDem -715.000 euros-, y la operación estaba siendo investigada por el caso del 3 %.
ICV también tiene vínculos con Agbar, a través de Imma Mayol, exteniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; y representó al grupo en las Islas Baleares. Francesc Baltasar, exconseller de Medio Ambiente asesora a Aigües de Barcelona a través de una consultoría propia. Está también Eduard Pallejà, exsecretario de Medio Ambiente durante el tripartito y exalcalde de Rubí, ambos cargos por ICV, y que hoy trabaja como director de la escuela del agua de Suez Environnement –propietaria del 100% de Agbar. Tiene despacho, teléfono y mail de Aigües de Barcelona. La guinda: Elisenda Rius, persona cercana a ICV fue investigada por Antifrau por ocupar un cargo en Agbar tras pasar por el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat durante el tripartito.
Encima Agbar gestionó el servicio de agua sin ningún derecho ni ley que la amparase hasta el año 2012, cuando se aprobó el reglamento del servicio del ciclo del agua y se constituyó la empresa mixta, sin que hubiera concurso público. Este reglamento incluía –todavía lo hace– una cláusula de absorción totalmente abusiva, y que invade competencias de normas con rango superior (como el Estatuto de Autonomía y Ley de Bases de Régimen Local) y establece que los ayuntamientos que finalicen contratos privatizados de la gestión del agua (Ripollet, Molinos de Reyes, Corbera, Sant Cugat) deberán integrarse en Aguas de Barcelona. Esto quiere decir que los municipios no pueden decidir.
El TSJC dictó en marzo una sentencia que anulaba el reglamento, la constitución de la empresa mixta y la cláusula de absorción, y hoy, gracias a ello, se abre un abanico de posibilidades para la municipalización real del servicio del agua, un ejercicio de la soberanía municipal. Un abanico de posibilidades, sin embargo, que desgraciadamente no se está acompañando de acciones claras por parte del actual gobierno metropolitano conformado por PSC, Entesa (Barcelona en Comú + ICV) y ERC.
Pues el gobierno de la AMB ha creado dos comisiones para estudiar el efecto y la aplicación de la sentencia del TSJC. Unas comisiones codirigidas por Eloi Badia (de l'Entesa) y Antonio Balmón (del PSC), alcalde de Cornellà, actual vicepresidente ejecutivo de la AMB, y que en 2012 ostentaba el mismo cargo. Balmón se expresa en la web de Aigües de Barcelona de la siguiente manera: “la colaboración públicoprivada es un modelo de gestión beneficioso en materias como es el caso del agua”.
Quien también formará parte de la comisión es el secretario de la AMB en 2012 y también ahora: Sebastià Grau, quien avaló la constitución de la empresa mixta sin licitación pública –lo que ha sido el principal objeto de anulación por parte de la sentencia. Se están poniendo los lobos a vigilar las ovejas, y la primera consecuencia de ello que tenemos es el bloqueo. Las comisiones ya hace más de dos meses que se constituyeron y aún no se han reunido ni una sola vez, tal y como reconocieron el último pleno de la AMB. Así vamos.
Además, en el consejo metropolitano del mes de mayo se presentó por parte de la AMB una reforma del reglamento de 2012 que implica constituir una comisión para traspasar la competencia de los ayuntamientos a la AMB, sin cuestionarse que haya ayuntamientos que no quieren traspasarla; ni posibilitar la delegación de competencia de la AMB a los ayuntamientos. Esta modificación no aporta ninguna novedad en el cuerpo legal vigente ya que la legislación de la AMB ya prevé estos dos supuestos tanto en el ROM como la Ley de la AMB, en resumen: marear la perdiz.
No necesitamos ni lobos vigilando las ovejas, ni mareando las perdices. Lo que es necesario es apostar de manera clara y decidida por la soberanía municipal, y sobre todo en relación con los recursos altamente sensibles como el agua –porque sin agua no se puede vivir-. La administración más cercana a la ciudadanía es el ayuntamiento, Y por eso es éste quien puede establecer un control más directo y democrático sobre la gestión del agua. El dinero que paga la ciudadanía por el recibo del agua debe suponer sólo el coste de la prestación del servicio y no el de unos beneficios multimillonarios que desaparecen en manos privadas. Aigües de Barcelona presentó en la última junta de accionistas unos beneficios de 29,1 millones de euros, y aún así pidió una subida de precios de 1,68% en los municipios metropolitanos que gestiona.
La situación es preocupante porque la intención última y no declarada del gobierno metropolitano es disminuir la participación de la AMB en la empresa mixta. La gestión de un bien de primera necesidad no puede ser objeto de negocio, ni en mayor ni en menor porcentaje. La gestión debe ser directa y transparente. No queremos un TMB del agua. Es por ello que hay que hacer pasos claros, decididos y contundentes hacia la gestión directa y municipal del agua en el área metropolitana de Barcelona, y mantener la plena soberanía de los ayuntamientos.
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