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El pasado 29 de junio las trabajadoras y trabajadores de Barcelona Televisió (BTV) alertaban de los riesgos que supone el actual modelo de televisión pública basado en la privatización de su gestión y producción de contenidos. Desgraciadamente esta advertencia ya se ha concretado con hechos.
La elaboración de una nueva programación implicará que un buen número de trabajadoras y trabajadores se quedarán sin trabajo a partir del 24 de julio. Son profesionales que han estado encadenando durante años contratos, algunos de los cuales incluso en calidad de falsos autónomos. Por este motivo, muchos de ellos en octubre del año pasado presentaron demanda por cesión ilegal.
Estos trabajadores esperaban que con la llegada de un nuevo equipo de gobierno a la ciudad esta situación de precariedad quedaría resuelta. Desafortunadamente, el pasado martes 22 de junio se publicaban las bases de un nuevo concurso público para continuar con la privatización de la gestión y producción de contenidos. Todo ello decidido por un Consejo de administración con mayoría del anterior gobierno y donde el representante de ICV dimitió hace tiempo.
No es extraño que las propias trabajadoras y trabajadores de BTV exigieran en Asamblea General el pasado lunes la dimisión de este Consejo, con mayoría de CiU y PP y con presencia de PSC y ERC, petición a la que nos sumamos desde la CUP Capgirem Barcelona.
Por otro lado, hay que recordar que tanto en el programa de Barcelona en Comú, como en el discurso de investidura de la alcaldesa, Ada Colau, se hablaba de la necesidad de resolver la precariedad en las empresas públicas del ayuntamiento.
Cualquiera puede entender que Barcelona en Comú acaba de aterrizar en el gobierno, que sus ritmos no son los mismos que las y los trabajadores que están siendo despedidos o que prevén aún más precariedad para los que se queden, pero la coincidencia en el tiempo de esta situación necesita respuestas urgentes y decididas. No actuar en esta cuestión significa perpetuar el modelo diseñado por el anterior equipo de gobierno de la extinta CiU.
Un modelo que ofrece beneficios a los operadores privados pero que recorta derechos y sueldos. Que vincula trabajadores a programas específicos y no a la televisión en su conjunto para, de este modo, poder despedir más fácilmente y sin grandes costes, como es el caso actual.
En BTV el problema de fondo, como en la sanidad o en el transporte público, es de modelo, donde la colaboración público-privada termina implicando precariedad, recortes y una falta de participación y control por parte de las propias trabajadoras y trabajadores y de las vecinas y los vecinos.
Con una situación como la actual, de despidos y contratos precarios, y un nuevo concurso público que mantiene la externalización de un 95% del personal que trabaja en BTV, es el momento de plantear, no sólo el cese por parte del plenario del Ayuntamiento del Consejo de Administración, sino iniciar el proceso de creación de un Instituto Público que sustituya la actual sociedad anónima que gestiona BTV, anulando las concesiones del servicio e internalizando a la plantilla. Y hay que hacerlo para garantizar que BTV deja de ser propiedad de los intereses de los partidos políticos de turno en cada momento, como ocurre ahora, y que garantice –tal como reclaman sus trabajadoras y trabajadores– el derecho a la información y a la comunicación, un bien común imprescindible para el fomento de la cultura, el debate democrático, la pluralidad y el pensamiento crítico.
El pasado 29 de junio las trabajadoras y trabajadores de Barcelona Televisió (BTV) alertaban de los riesgos que supone el actual modelo de televisión pública basado en la privatización de su gestión y producción de contenidos. Desgraciadamente esta advertencia ya se ha concretado con hechos.
La elaboración de una nueva programación implicará que un buen número de trabajadoras y trabajadores se quedarán sin trabajo a partir del 24 de julio. Son profesionales que han estado encadenando durante años contratos, algunos de los cuales incluso en calidad de falsos autónomos. Por este motivo, muchos de ellos en octubre del año pasado presentaron demanda por cesión ilegal.