BCN World y los 150.000 catalanes con problemas de adicción al juego

En Catalunya hay 156.000 personas que tienen problemas de adicción al juego, de las cuales 116.000 son “jugadores de riesgo”, 29.000 “jugadores problemáticos” (mienten para jugar) y 11.500 “jugadores patológicos” (no pueden parar de jugar). Estas fueron las conclusiones del estudio más importante que se ha hecho nunca en Catalunya y España sobre ludopatía, a cargo del departamento de Salud en tiempos de Marina Geli. El presentaron en marzo de 2009 sus directoras, las doctoras Ángeles González y Rachel Volberg, y estaba hecho en base a datos y encuestas realizadas durante los dos años anteriores (2007 y 2008). Sabemos, pues, que en tiempos de bonanza económica al volante de un 2,5% de la población tenía problemas con el juego y podemos intuir, por tanto, que durante la larga crisis que se inició entonces este porcentaje sólo puede haber ido al alza.

La ludopatía es un drama para quien la padece y aún más para su entorno, y es un drama que se arrastra de forma más oculta y vergonzante que otras adicciones. El estudio de las doctoras González y Volberg señala que “el impacto producido por los problemas relacionados con el juego puede ser alto, no sólo para los individuos, sino también para los familiares y para la comunidad. Los jugadores patológicos experimentan estrés físico y psicológico y muestran índices importantes de depresión, dependencia del alcohol y otras drogas e ideación suicida. Las familias de los jugadores patológicos experimentan estrés físico y psicológico, así como acoso y amenazas por parte de los acreedores y prestamistas. Otro impacto significativo incluye los costes para los trabajadores, los bancos, las compañías de seguros, los servicios sociales y el sistema judicial y civil”.

Este estudio costó mucho de hacer, y no precisamente por su presupuesto. Hacía quizá diez o quince años que tanto los especialistas como las asociaciones dedicadas a apoyar a los adictos al juego lo reclamaban, para tener una idea clara de la dimensión del fenómeno. Pero siempre la administración catalana ha sentido aversión a aceptar la ludopatía como un problema de salud pública, tal vez porque una parte considerable de sus ingresos han venido y vienen de los tributos sobre el juego, o quizás porque familias muy influyentes y adineradas son empresarios del sector, y hablar de ludopatía les da mala imagen. Los Suqué (Casinos) y los Lao (tragaperras y casinos) son los ejemplos más destacados, pero ni mucho menos los únicos.

Las consecuencias de este estudio que tanto costó, sin embargo, han sido nulas o imperceptibles, posiblemente porque tampoco se atrevió a poner el dedo en la llaga en las acciones a llevar a cabo para la lucha contra la ludopatía. Muy de paso se comenta la necesidad de políticas de prevención y de inversión en su tratamiento. Lo segundo depende de Salud, lo primero de Interior, Presidencia o Economía, según las épocas. Y no suelen ir coordinados porque mientras unos reciben visitas de pacientes los otros reciben visitas de industriales.

Por el contrario, en Catalunya la tendencia de los últimos años (o décadas) ha sido dar más y más aire al sector del juego. Un ejemplo: en los años 80, cuando se aprobó la primera ley sobre el juego, sólo se autorizaron tres casinos y todos debían estar alejados de los núcleos urbanos. El modelo era el casino como espacio de ocio para las clases altas y medias-altas. Actualmente hay cuatro, dos de los cuales (Barcelona y Tarragona) en medio de la ciudad. El modelo cambió, para el negocio con mayúsculas hay que acercarse a otros segmentos de la población. El traslado a finales de los 90 del casino de Sant Pere de Ribes a los bajos del Hotel Arts (que debía ser una ubicación provisional) marca un punto de inflexión en este cambio de modelo. Con Barcelona World la filosofía prudente de aquella ley (promovida por el primer pujolismo) queda totalmente reventada.

Ejemplos hay muchos más: las asociaciones de ayuda a los jugadores proponían hace muchos años que las máquinas tragaperras de los bares (técnicamente dichas máquinas B) incorporasen un rótulo en un lugar visible donde se indicara que jugar tiene riesgos para la salud. Como ocurre con el tabaco. Y mientras con el tabaco (otra industria poderosa) los mensajes de alerta han ido creciendo en intensidad e impacto, en el caso del juego ha sido imposible sacar adelante esta simple petición. Sólo en tiempos del consejero Saura al frente de Interior se intentó implementar una medida ciertamente agresiva, obligando a los fabricantes a introducir un contador para que los jugadores pudieran saber cuánto tiempo llevaban jugando, pero no se aplicó nunca porque el nuevo Gobierno la echó atrás.

Presionados por las patronales del juego, el Gobierno de Artur Mas no sólo se cargó las medidas de carácter preventivo de Saura, sino que en 2012 aprobó un decreto por el que se reducía la duración media de las partidas (de 5 a 3 segundos las máquinas de los bares y de 2,5 a 1,5 según las de los casinos). Esta era una vieja reivindicación patronal que se había venido frenando desde hacía unos diez años, hasta que finalmente el Gobierno de Artur Mas claudicó. El entonces portavoz Francesc Homs lo justificó diciendo que de esta manera Catalunya se equiparaba a lo que se hacía en otras comunidades autónomas, como si eso importara mucho en otras cuestiones. De nada sirvieron las advertencias de los especialistas sobre el riesgo de fomentar la adicción si se aumenta el tiempo de partida.

Antes, también el tripartito había tenido que convivir con las demandas del sector. En tiempos de Montserrat Tura se prolongó el horario de los bingos y se autorizó que estas instalaciones pudieran acoger más máquinas tragaperras, también se permitió que las apuestas y los premios fueran más altos y se creó una nueva lotería autonómica, el Binjoc. Y ahora el sector vuelve a tener una demanda muy clara sobre la mesa, expresada con rotundidad y en varias ocasiones por el portavoz de PATROJOC, Javier Franch: beneficios fiscales (si BCN World y el resto de casinos tienen, los de las máquinas y los los bingos también quieren) y la posibilidad de jugar a crédito, como tendrán los casinos. Es decir, que el jugador pueda apostar el dinero que aún no ha ganado.

Cuando el pasado mes de marzo Artur Mas y Pere Navarro sellaron el pacto que permitía dar luz verde al proyecto de Barcelona World se volvió a hablar de ludopatía, como siempre sin demasiadas concreciones. Se anunció que un 1% de los beneficios se destinarán a luchar contra esta adicción y a otros programas sociales. Y ambos pusieron cara como si el tema les preocupara mucho.

En Catalunya hay 156.000 personas que tienen problemas de adicción al juego, de las cuales 116.000 son “jugadores de riesgo”, 29.000 “jugadores problemáticos” (mienten para jugar) y 11.500 “jugadores patológicos” (no pueden parar de jugar). Estas fueron las conclusiones del estudio más importante que se ha hecho nunca en Catalunya y España sobre ludopatía, a cargo del departamento de Salud en tiempos de Marina Geli. El presentaron en marzo de 2009 sus directoras, las doctoras Ángeles González y Rachel Volberg, y estaba hecho en base a datos y encuestas realizadas durante los dos años anteriores (2007 y 2008). Sabemos, pues, que en tiempos de bonanza económica al volante de un 2,5% de la población tenía problemas con el juego y podemos intuir, por tanto, que durante la larga crisis que se inició entonces este porcentaje sólo puede haber ido al alza.

La ludopatía es un drama para quien la padece y aún más para su entorno, y es un drama que se arrastra de forma más oculta y vergonzante que otras adicciones. El estudio de las doctoras González y Volberg señala que “el impacto producido por los problemas relacionados con el juego puede ser alto, no sólo para los individuos, sino también para los familiares y para la comunidad. Los jugadores patológicos experimentan estrés físico y psicológico y muestran índices importantes de depresión, dependencia del alcohol y otras drogas e ideación suicida. Las familias de los jugadores patológicos experimentan estrés físico y psicológico, así como acoso y amenazas por parte de los acreedores y prestamistas. Otro impacto significativo incluye los costes para los trabajadores, los bancos, las compañías de seguros, los servicios sociales y el sistema judicial y civil”.