El pasado martes 8 de abril tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación sobre la petición de delegación de competencias para poder llevar a cabo una consulta sobre el futuro político de Catalunya. Más allá de las lecturas interesadas de aquellos extremos que ganan votos conforme la pulsión política va creciendo, hay una clara conclusión sobre la votación celebrada en Madrid: la España plurinacional se enfrenta, como muestra de fin de régimen, al centralismo uniformador y bipartidista.
Cierto es que de los 350 diputados que tenían derecho a votar, 299 lo hicieron como un monolítico bloque en contra del ejercicio democrático del derecho a votar el futuro político, pero hay que poner la lupa y la atención en los 47 representantes que votaron a favor. La negación de un derecho democrático, sustentada por los elementos responsables del final de los pactos de la Transición (PP y PSOE), y las nuevas fórmulas populistas que sólo persiguen una reedición monocolor de esos pactos (UPyD) y la continuidad de un estado bipartidista donde la ciudadanía continúe siendo la gran perdedora frente a las élites oligárquicas, es un síntoma del fin de ciclo, del fin de régimen, que no beneficia electoralmente a las fuerzas de la derecha nacionalista, como nos quieren hacer creer algunos, sino que lo hace fundamentalmente a la clase trabajadora. Frente a esa pretendida fotocopia de la España en blanco y negro, surgen cada vez con más énfasis los diferentes acentos que nos muestran que una federación de los pueblos es posible. La formación política que más se opone a ese régimen bipartidista y que expresa a través de su forma de organizarse la federación de diferentes lenguas, culturas y nacionalidades, Izquierda Unida, votó a favor de la consulta junto con los representantes de organizaciones políticas que evidencian la realidad más plurinacional de Europa: CiU, ERC, PNV, Amaiur, BNG, Compromís y Nafarroa Bai. En la suma de las diferentes nacionalidades que hoy conforman políticamente el estado español (Catalunya, País Valencià, Navarra, Euskadi, Galicia y la España plural), quiero ver el germen de un futuro donde los y las trabajadoras catalanas, vascas, navarras, valencianas, castellanas, andaluzas, gallegas o extremeñas plantemos cara a las élites de aquí y de Europa.
El 8 de abril, junto con la garantía del derecho a decidir de todos los pueblos, debe ser el punto de partida donde la consulta represente el pacto previo para poder abordar una discusión productiva y en positivo; la discusión sobre las diferentes opciones: autonomía, independencia, federalismo o confederalismo. La garantía del derecho a decidir debe ser el inicio del debate sobre el QUÉ y no sobre el CÓMO ni el del POR QUÉ que es el que ahora nos monopoliza. Un debate donde los independentistas puedan defender con argumentos su opción, donde los autonomistas nos puedan convencer de su posición y donde los federalistas podamos explicar por qué un pacto entre diferentes soberanías haría que, desde un modelo profundamente republicano (no solo como modelo de estado, sino como modelo de valores de la sociedad), la clase trabajadora resultaría claramente ganadora 75 años después de que el fascismo nos arrebatara lo que habíamos ganado a través de las urnas: la república.
El proceso constituyente que necesita el estado español –que pasa por dos ejes fundamentales: la finalización de la etapa borbónica y la restauración de los derechos y las libertades que el bipartidismo nos ha ido arrebatando en los últimos años– tiene una oportunidad también en la consulta catalana. Si hoy alguien ha puesto en jaque al estado monocolor que representan PP y PSOE han sido los millones de ciudadanos que han salido a la calle a reclamar una nueva relación política entre Catalunya y España; pero también lo han conseguido los dos millones y medio que salieron el pasado 22 de marzo, en las Marchas de la Dignidad, reclamando pan, trabajo y techo. Son síntomas de una realidad: el final del régimen bipartidista. Frente a eso, la oportunidad es un proceso político, social y sindical que, desde abajo y gobernado por las izquierdas, rompa el statu quo, no sólo de Catalunya, para construir una República Popular donde los pueblos que la integren lo hagan desde su libre determinación a hacerlo. En eso se gesta nuestro futuro: en la radicalidad democrática.
El pasado martes 8 de abril tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación sobre la petición de delegación de competencias para poder llevar a cabo una consulta sobre el futuro político de Catalunya. Más allá de las lecturas interesadas de aquellos extremos que ganan votos conforme la pulsión política va creciendo, hay una clara conclusión sobre la votación celebrada en Madrid: la España plurinacional se enfrenta, como muestra de fin de régimen, al centralismo uniformador y bipartidista.
Cierto es que de los 350 diputados que tenían derecho a votar, 299 lo hicieron como un monolítico bloque en contra del ejercicio democrático del derecho a votar el futuro político, pero hay que poner la lupa y la atención en los 47 representantes que votaron a favor. La negación de un derecho democrático, sustentada por los elementos responsables del final de los pactos de la Transición (PP y PSOE), y las nuevas fórmulas populistas que sólo persiguen una reedición monocolor de esos pactos (UPyD) y la continuidad de un estado bipartidista donde la ciudadanía continúe siendo la gran perdedora frente a las élites oligárquicas, es un síntoma del fin de ciclo, del fin de régimen, que no beneficia electoralmente a las fuerzas de la derecha nacionalista, como nos quieren hacer creer algunos, sino que lo hace fundamentalmente a la clase trabajadora. Frente a esa pretendida fotocopia de la España en blanco y negro, surgen cada vez con más énfasis los diferentes acentos que nos muestran que una federación de los pueblos es posible. La formación política que más se opone a ese régimen bipartidista y que expresa a través de su forma de organizarse la federación de diferentes lenguas, culturas y nacionalidades, Izquierda Unida, votó a favor de la consulta junto con los representantes de organizaciones políticas que evidencian la realidad más plurinacional de Europa: CiU, ERC, PNV, Amaiur, BNG, Compromís y Nafarroa Bai. En la suma de las diferentes nacionalidades que hoy conforman políticamente el estado español (Catalunya, País Valencià, Navarra, Euskadi, Galicia y la España plural), quiero ver el germen de un futuro donde los y las trabajadoras catalanas, vascas, navarras, valencianas, castellanas, andaluzas, gallegas o extremeñas plantemos cara a las élites de aquí y de Europa.