Tras la renuncia del presidente de la Generalitat a enfrentarse a las consecuencias de convocar la consulta aprobada por su Gobierno, ERC, ICV-EUiA y las CUP, el 12 de diciembre del año pasado, y de la exigencia de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural de que se convoquen elecciones plebiscitarias en menos de tres meses para que el nuevo Parlamento proclame la independencia de Cataluña, el derecho a decidir ya no será más motivo de debate.
Durante estos meses la reivindicación más compartida por la mayoría de los catalanes (un 80% según algunas estimaciones) era la de votar qué tipo de relación quieren mantener con España. Ciertamente, la voluntad de votar ha sido promovida y casi que abducida por los partidarios de la independencia. De los cinco grupos políticos implicados en el acuerdo para la convocatoria inicial del 9N, tres son declaradamente independentistas: Convergencia, ERC y las CUP (estos con la peculiaridad de defender, al mismo tiempo, la independencia de los Países Catalanes).
Unión Democrática e ICV-EUiA no son independentistas y se entiende que no se hayan sumado a la nueva propuesta de consulta, que el propio presidente plantea como una antesala de unas elecciones plebiscitarias, como las que le exigen Òmnium Cultural y la ANC.
Òmnium Cultural decía hasta hace poco que “Votar es normal”. Los partidos que no veían clara la consulta decían que “votar” ya se ha hecho muchas veces en Cataluña desde que hay democracia. La previsible convocatoria electoral da la razón a ambos.
El Partido Nacional Escocés planteó su referéndum para separarse de la Gran Bretaña después de conseguir la mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Si la votación en Cataluña da una mayoría suficiente a los partidarios de la independencia podrán aludir al ejemplo escocés para reclamar la celebración de un referéndum que la contemple. Entonces sí que la pelota estará definitivamente en el tejado del Gobierno español.
Pase lo que pase, y pueden pasar muchas cosas, lo que está claro es que “el derecho a decidir”, que ha servido para lo que ha servido, ha pasado a la historia.
Tras la renuncia del presidente de la Generalitat a enfrentarse a las consecuencias de convocar la consulta aprobada por su Gobierno, ERC, ICV-EUiA y las CUP, el 12 de diciembre del año pasado, y de la exigencia de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural de que se convoquen elecciones plebiscitarias en menos de tres meses para que el nuevo Parlamento proclame la independencia de Cataluña, el derecho a decidir ya no será más motivo de debate.
Durante estos meses la reivindicación más compartida por la mayoría de los catalanes (un 80% según algunas estimaciones) era la de votar qué tipo de relación quieren mantener con España. Ciertamente, la voluntad de votar ha sido promovida y casi que abducida por los partidarios de la independencia. De los cinco grupos políticos implicados en el acuerdo para la convocatoria inicial del 9N, tres son declaradamente independentistas: Convergencia, ERC y las CUP (estos con la peculiaridad de defender, al mismo tiempo, la independencia de los Países Catalanes).