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En el corazón de la representación organizada de la sociedad civil late más que nunca la emergencia necesaria de reclamar las medidas urgentes e imprescindibles para combatir la pobreza.
En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hace un mes recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, porque considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Se trata de una más de las muchas leyes recurridas por el Estado –igualdad entre mujeres y hombres, actividad de los gobiernos locales, impuesto a las viviendas vacías, impuesto a las nucleares...– en un intento de desmantelar la capacidad ejecutiva del Govern de la Generalitat y democrática del Parlament de Catalunya, que la aprobó por unanimidad. Pero, lo más indignante, es que use en su lucha contra las instituciones catalanas a las personas más vulnerables, principales destinatarias de la mayoría de leyes recurridas o declaradas inconstitucionales.
Sea cual sea la naturaleza jurídica que la ciudadanía decida libremente para Catalunya, los derechos sociales son la primera piedra del futuro que queremos asegurar y sólo su defensa valiente nos hará merecedoras y merecedores de un país mejor y más cohesionado socialmente. Por este motivo nos hemos unido las entidades sociales, sindicales, culturales, soberanistas por una sociedad inclusiva y alzamos juntas la bandera compartida del derecho a la vivienda, el derecho a una sanidad pública para todos, el derecho al trabajo digno, los derechos de las personas consumidoras, el derecho a la educación pública de calidad.
Exigimos, en consecuencia, la plena aplicación de las leyes de emergencia habitacional y energética y la ley de igualdad que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Porque la defensa de los derechos también implica la defensa de las leyes que los aseguran. Es del todo inadmisible la práctica agresiva del Gobierno del Estado, que lleva a cabo un vaciado continuo de las competencias del Parlament al tiempo que promueve recursos y aprueba leyes propias que provocan la pérdida de derechos políticos, sociales y laborales.
La utilización política de la crisis económica ha tenido como resultado un incremento alarmante de la pobreza y de las desigualdades sociales al mismo tiempo que se producía una actuación de reformas del marco institucional y legislativo con la voluntad de liquidar los instrumentos democráticos de que la sociedad dispone para oponerse. Las leyes que restringen las libertades democráticas empobrecen los derechos de una sociedad que ya se ha visto sometida a demasiados recortes presupuestarios y políticos.
Creemos que hay que enderezar esta vía equivocada y en primer lugar defendemos la reversión de los recortes, empezando por la Reforma Laboral, que ya se ha demostrado ineficaz contra el paro y que debilita de manera muy preocupante los derechos de quienes trabajan. También exigimos la retirada inmediata de la LOMCE, que pone en peligro la plenitud del derecho a la educación pública de calidad. Necesitamos un marco económico comprometido con el bienestar de las personas y no al servicio de la austeridad. También consideramos urgente la aprobación por el Parlament de la propuesta de Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y todos los cambios necesarios para garantizar los derechos sociales y para asegurar que avanzamos en la dirección de una sociedad más libre, más justa, con la igualdad de género como un eje central de la calidad democrática.
Ahora más que nunca el país necesita y reclama un nuevo contrato político que ponga a la ciudadanía en primer término. El trabajo digno, los derechos sociales y la democracia real son los cimientos del futuro compartido que decidimos desde ahora mismo.
Por ello entendemos que nos une la bandera social y también nos reúne la bandera nacional. Porque la plenitud nacional de Catalunya sólo se logrará si hay justicia social para todos. Cualquiera que sea el marco específico de esta libertad nacional, que de manera democrática se acuerde, y sea cual sea la preferencia de cada uno, nos unimos con lazos inseparables para decir en voz alta que los derechos no se suspenden, que los derechos se ejercen y que, cuando esto no es posible, debido a imposiciones, sentencias y tejemanejes institucionales, los derechos se defienden y se reclaman. He aquí el combate. He aquí la puerta de la auténtica libertad.
Por eso invitamos a todos a participar en una manifestación unitaria que convocamos conjuntamente con un amplio abanico de entidades del país este 29 de mayo a las 12 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona.
Que no nos suspendan la justicia social. Que no nos suspendan la democracia. Que no nos suspendan las libertades.
Artículo firmado por:
Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya
Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya
Jordi Giró, presidente de la CONFAVC
Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural
Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP Renta Garantizada Ciudadana
En el corazón de la representación organizada de la sociedad civil late más que nunca la emergencia necesaria de reclamar las medidas urgentes e imprescindibles para combatir la pobreza.
En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hace un mes recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, porque considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Se trata de una más de las muchas leyes recurridas por el Estado –igualdad entre mujeres y hombres, actividad de los gobiernos locales, impuesto a las viviendas vacías, impuesto a las nucleares...– en un intento de desmantelar la capacidad ejecutiva del Govern de la Generalitat y democrática del Parlament de Catalunya, que la aprobó por unanimidad. Pero, lo más indignante, es que use en su lucha contra las instituciones catalanas a las personas más vulnerables, principales destinatarias de la mayoría de leyes recurridas o declaradas inconstitucionales.